El loable y trascendental trabajo que la organización Plan Estratégico de Ciudad Juárez ha venido realizando para que nuestra ciudad logre tener niveles de calidad de vida mínimamente aceptables es inobjetable; los esfuerzos que dicha organización ha hecho para que la voz ciudadana sea tomada en cuenta en las políticas públicas del municipio están muy por encima de lo que los representantes populares (alcaldes, regidores y diputados) han siquiera intentado; sin embargo, no por ello sus conclusiones son infalibles.
Esto viene a colación por la interpretación que el Presidente Municipal Armando Cabada hizo a las recomendaciones vertidas por la organización referida en el documento arrojado por la mesa técnica sobre alumbrado público. Sin hacer mención puntual de la necesidad de privatizar este servicio, el análisis de la mesa técnica empieza al revés; la foja de 155 cuartillas ocupa sus primeras 16 a una abierta invitación a subrogar dicho servicio a empresas privadas empeñando los ingresos municipales por concepto del Derecho de Alumbrado Público (DAP); o al menos así fue como lo entendió Cabada ya que anunció que se concesionará este servicio (El Diario 10 mar).
El Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal 2017 de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía está enfocado para que los municipios optimicen el gasto destinado para alumbrado público, vía la modernización de dicha infraestructura, y para ello pone a disposición fondos federales solventando parcialmente su costo que no sería mayor al 15 por ciento del total del proyecto, sin embargo, dicho proyecto no necesariamente tendría que abarcar la renovación total de la infraestructura lumínica como lo anuncia el alcalde y de alguna manera sugiere Plan Estratégico. Estoy de acuerdo en que hay serias deficiencias del servicio, sobre todo en aquellos lugares con alta marginalidad. Pero en serio, ¿es acaso el alumbrado público un problema tan grave que el gobierno municipal por si solo sea incapaz de resolver? ¿Habría que invertir tanto dinero en un aspecto que no ha sido sustentado como uno de nuestros principales males? No hay que olvidar que la mayoría de las fechorías se cometen a plena luz del día.
Los juarenses aportamos 256 millones de pesos anuales por el DAP lo que equivale a más del 6 por ciento de lo presupuestado en la Ley de Ingresos del municipio para el 2017; según el alcalde, para renovar la totalidad de las luminarias se requieren 1400 millones de pesos, es decir, más de la cuarta parte del presupuesto anual de egresos y su salida es simple: entregar lo recaudado para que empresas privadas lo administren con su consabida ganancia… el “moche” legalizado.
Los antecedentes que Plan Estratégico establece en su diagnóstico son meramente de carácter político y asociados a antecedentes inobjetables de corrupción por parte de pasadas administraciones, pero no los asocia con índices de criminalidad, ambientales o por descomposición social. Por otra parte, sin contundencia, el alcalde solamente dice que los abogados buscarán que se responda por los 348 millones de pesos derrochados en la compra de luminarias “patito” que realizó la anterior administración, pero no emprende acciones legales contra los defraudadores al erario. Por mucho tiempo a pesar de que los sistemas de alumbrado público instalados en la ciudad eran energéticamente ineficientes, existía un superávit entre lo recaudado por concepto del DAP y lo empleado para el alumbrado, dicho superávit era utilizado para otros servicio municipales, sin embargo, el alto costo de la corrupción terminó por hacer incosteables algunas obligaciones del gobierno, y precisamente por ello es que la ciudadanía con su voto le apostó a nuevos actores políticos, confiada en tener administraciones eficientes e incorruptibles que separaran la política de los negocios. En este caso, las fallas anteriores son aprovechadas por empresas privadas para obtener jugosas concesiones bajo el amparo de gobiernos pragmáticos, con visión de corto plazo que les rinda dividendos políticos.
La privatización de bienes y servicios públicos ha dejado amargas experiencias, no sólo en México; por ejemplo, luego de la privatización de las cárceles en Estados Unidos aparejado con la reducción de índices delictivos en ciertas regiones, los concesionarios de las prisiones llegaron al grado de cabildear con el gobierno para endurecer las penas y asegurar así tener más reos cumpliendo condenas. ¡Negocio redondo!
En Juárez, la privatización del servicio de recolección de basura no dejó más que inconformidad y un puñado de nuevos millonarios que cobran por recoger lo que a la postre les deja mucha ganancia; los “reyes de la basura”, les llaman.
La pregunta es: ¿qué sigue? ¿privatizar los parques? ¿las bibliotecas? ¿los centros comunitarios? ¿la policía? ¿o la misma presidencia municipal?
Los últimos 30 años en México se han caracterizado por el debilitamiento del Estado, la privatización ha conducido al país a la dependencia del exterior, subordinado a la opinión de instituciones financieras, que por cierto, Plan Estratégico pondera en su documento al hacer referencia al análisis de FITCH sobre la confiablidad crediticia de Juárez, algo así como el Buró de Crédito o la bursatilización del DAP.
Concluyo llanamente, las privatizaciones no han sido la solución, son el problema.
Juan Carlos Loera de la Rosa
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