ONG’s exigen que se haga una auditoría ambiental a la empresa minera y se remedie el daño ecológico a la brevedad
La actividad minera debe detener la salvaje depredación que hace en nuestro estado y a costa de las vidas y la seguridad de las comunidades y pueblos indígenas y de los bosques chihuahuenses
Chihuahua Chih.– Organizaciones civiles de Chihuahua han visto con horror las noticias desde el lunes pasado respecto al derrame de desechos tóxicos que tuvo lugar en Urique, luego de que se reventara la presa de jales en la mina Río Tinto; ante el terrible desastre que arrebató vidas humanas y dañó el medio ambiente, exigimos al Estado mexicano que se realice una auditoría ambiental a la empresa minera, que se sancione a los responsables del siniestro y q
ue se remedie el daño ecológico lo antes posible.
Desde hace meses la Red en defensa de los territorios indígenas de la Sierra Tarahumara (REDETI) se ha pronunciado en contra de las actividades mineras que se realizan en los bosques de Chihuahua, pues generan un terrible daño al medio ambiente, violentan y despojan de sus territorios, recursos naturales y derechos humanos a las comunidades indígenas y no retribuyen en absoluto a la población civil la riqueza que extraen de nuestra tierra, dejando sólo destrucción, contaminación y un paisaje desolador.
Desde el 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaba la gran cantidad de concesiones mineras que se hallan situadas en tierras indígenas sin el consentimiento de las comunidades, e identificaba la violencia relativa a grandes proyectos autorizados en tierras y territo
torios indígenas sin consulta previa ni consentimiento, como una de las mayores violaciones de derechos humanos a los que se enfrentan los pueblos indígenas de México.
La Ley Minera es sumamente flexible para atraer la inversión, para aprobar las concesiones mineras, reducir impuestos, así como la incorporación de figuras legales de uso y ocupación de los territorios para impulsar esta actividad, que se considera
preferente sobre cualquier otra. Asimismo, asegura el uso industrial del agua por encima del consumo humano y doméstico, lo cual atenta contra el derecho humano al agua contemplado en la Constitución mexicana.
Los grandes grupos mineros despojan de la tierra a sus propietarios y posesionarios (sobre todo indígenas y ejidatarios), contaminan los mantos acuíferos, modifican agresivamente el paisaje, producen montañas de residuos que contaminan la tierra y el aire con el sistema de explotación a tajo abierto y la lixiviación por cianuración del mineral.
Según el Cluster minero, en el Estado de Chihuahua existen actualmente 4 mil 149 títulos que abarcan 3 millones 487 mil 514 hectáreas, 17 asignaciones mineras con una superficie de 3 millones 162 mil 990 has. y 9 zonas de reservas con 11 mil 120 hectáreas. Los municipios con mayor número de concesiones trabajando son: Ocampo y Urique con 7 y Guadalupe y Calvo con 5, mientras que Batopilas, Chínipas, Maguarichi y Uruachi solo tienen una.
Chihuahua es el tercer productor de oro a nivel nacional, ocupa el segundo lugar nacional en la producción de plata, plomo y zinc y es el cuarto productor de cobre en el país. En el Estado existen 64 compañías con proyectos en exploración, 80% de ellas canadienses. Su producción es millonaria (27 mil 270 millones de pesos fue el valor de la producción minera en el 2014), por lo que hay grandes intereses por encima de vidas humanas y la importancia ecológica de la Sierra Tarahumara.
Por lo anterior, organizaciones civiles que trabajamos con pueblos y comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, exigimos:
* Que el Estado priorice el respeto y resguardo de los territorios indígenas frente a la Ley Minera y la Reforma Energética, implicando su revisión tendiente a la derogación de aquello que atente contra los derechos de los pueblos indígenas.
* Que las dependencias del Gobierno Federal se abstengan de otorgar más concesiones o procedan a suspender y cancelar concesiones mineras o de aguas, licencias de construcción de obras de infraestructura o turísticas, permisos de aprovechamiento forestal, declaración de Áreas Naturales Protegidas, entre otros, que impacten territorios indígenas si no se cuenta con estudios de impacto ambiental y comunitario, con perspectiva sistémica y con
el consentimiento expreso de las comunidades afectadas otorgado conforme a los estándares internacionales.
* Que se remedie lo antes posible el daño ecológico, pues la explotación minera a cielo abierto es sumamente dañina para el medio ambiente, para la flora y fauna y para las personas que habitan cerca de las minas.
* Que se haga una auditoría ambiental a la empresa minera responsable, misma que debe resarcir los daños que su actividad ha originado en la zona; se revisen los estudios de impacto ambiental presentados por la misma y que ellos estén en orden en cuanto a tiempo y forma de operación.
* Que, en caso de comprobarse que la minera operaba sin un permiso de impacto ambiental, se sancione a los responsables, se suspenda la concesión y se realicen los procesos legales conducentes para expulsar del territorio a la empresa, así como que se investigue a funcionarios públicos implicados.
* Que se ofrezca información inmediata y veraz sobre los hechos.
* Que se otorgue atención médica y hospitalaria de calidad a los sobrevivientes del siniestro y la reparación del daño a todas las familias afectadas por el mismo.
* Que no cesen las actividades de búsqueda de los compañeros desaparecidos tras el derrumbe de la presa.
* Que tanto el Gobierno Federal, como el Gobierno del Estado de Chihuahua hagan valer la ley y protejan los derechos humanos y ambientales de las y los mexicanos; que dejen de privilegiar a las empresas mineras transnacionales a costa de la vida de las y los ciudadanos, del medio ambiente y los recursos naturales, la riqueza de nuestro país.
* Que se expulse del país a estas empresas por homicidas y ecocidas; que se les multe por violar la ley; que reparen los daños y ofrezcan una disculpa pública, así como la destitución y sanciones a los funcionarios federales y estatales responsables que NO cumplieron con la ley ni hicieron que se cumpliera.
Red en defensa de los territorios indígenas de la Sierra Tarahumara, conformada por:
Alianza Sierra Madre A.C.
Awé Tibúame
Centro de capacitación y defensa de los derechos humanos indígenas
Consultoría Técnica Comunitaria
A este posicionamiento se suman organizaciones civiles, así como personas en lo individual:
Georgina Gaona Pando, Máster en Derecho Ambiental
Alma Rosa Dozal Estrada
Red por la Participación Ciudadana
María Concepción Morales Chávez
Horacio Almanza Alcalde
Organización por la Cooperación Ecológica A.C.
México Autosustentable A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
Rosa Maria Sáenz Herrera
Centro de Atención a la Mujer Trabajadora A.c.
Grupo Abogadas Demócratas
Artemisa Castro Felix (Fondo Acción Solidaria, A.C.)
Manuel Tripp Rivera (Centro FASOL)
Colectivo Epistémico de Teoría Critica de Chihuahua
Kawi Sura A.C.
Impulsadora Sustentable para la Biodiversidad Inerme (ISBI) A.C.
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
P. Óscar Enríquez
Justicia para nuestras hijas A.C.
MCDL de Morelia
Juana García Flores (Mentora FASOL Tabasco)
Hilda G. Rivera Aragón del Frente Amplio Ambientalista y La Nueva Constituyente
Pobladores A.C.
La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental
Alianza Internacional de Habitantes
Teresa Terrazas
Ivonne Gómez Escárcega
Red por la Participación Ciudadana
Alberto Javier Campos Morales, S.J.
Tierra Nativa, A.C.
Ejido Benito Juárez
Ejido Constitución
Horacio Almanza
Elvira Villarreal Torres
Sagrario Silva Velez
Arcelia Gómez Escárcega
Ecos de Mirabal
Mariela Castro Flores
Azucena Rodríguez Gómez
Pablo Gómez Caballero
Rosalío Morales Vargas
P. Juan Manuel Morán
Alberto Loya Villalobos
Rosa María Sáenz
Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, A.C.
Yadi Rodríguez Gómez
Nora Zulema Gómez Morales
Juan Loera
María Elena Cárdenas Méndez
Flor Hilda Gómez Ortiz
Noemi Gómez Rodríguez
María Elena Cárdenas Méndez,
Verónica Rodríguez López.
Graciela Ramos
Rosina Uranga
Alma Gómez Caballero
Irma Villanueva Nájera
María Hilda de la Vega C.
Denisse Ariadna Salazar González
Diana Guadalupe Siqueiros Soriano
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Instituto de psicología forense S.C.
Patricia Borunda Lara a titulo personal
Frente Democrático Campesino
David Lauer
Ventanas de Esperanza A.C.
Dania Brizeida Alderete Montes
Sandra Martínez Contreras
Milpaktli A.C.
Comité ixtepecano vida y territorio (Ixtepec, Oaxaca)
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