Chihuahua, Chih- La Opción de Chihuahua S de RL de CV solicitó la protección de la justicia federal contra actos violatorios de la constitución por parte del gobierno municipal.
Se trata de un amparo por omisión, debido a que la dirección de desarrollo urbano y ecología de la presidencia municipal de Chihuahua, se negó a contestar a este portal informativo una petición de carácter administrativo.
La solicitud consiste en pedir de la citada dirección una licencia para funcionamiento de una pantalla electrónica, instalada en un predio propiedad de la empresa.
El escrito para solicitar esa licencia fue presentado el 29 de mayo de 2018.
El articulo 189 de la constitución política del estado, señala que la autoridad debe responder, en un plazo de seis meses, cualquier petición formulada por los ciudadanos.
Cuando se trata de la materia administrativa, si la autoridad no contesta, el silencio oficial debe interpretarse como un sí; a esto se le conoce como positiva ficta.
El 29 de noviembre de 2018, venció el plazo de los seis meses corridos a partir de la presentación del escrito de La Opción de Chihuahua.
Por tanto, la dirección de desarrollo urbano y ecología, debe otorgar la licencia solicitada, para que funcione la pantalla electrónica señalada.
Por este motivo, fue interpuesto otro escrito, el 30 de noviembre de 2018, ante el departamento que dirige Martín Valdéz, ex empleado de CTU, y coordinador de la dependencia municipal citada, con la finalidad que sea extendido el permiso mencionado.
Pasaron 15 días y tampoco respondió el municipio, con una evidente soberbia y prepotencia oficial, que priva entre quienes consideran que el poder público debe ser utilizado para colmar venganzas y hacer desiguales a los ciudadanos.
El 21 de diciembre feneció el término que otorga la constitución y las leyes, a la autoridad, para responder.
Ante la nueva omisión, La Opción de Chihuahua S de RL de CV, decidió acudir a la autoridad judicial federal, con el propósito de pedir amparo contra el abusivo ejercicio de poder de la presidencia municipal de Chihuahua.
Subyace en este conflicto, el torpe y burdo intento de la alcaldesa y su secretario municipal, César Jáuregui Moreno, así como del restante aparato del gobierno municipal, por subordinar a los medios y censurar, en su provecho, la libertad de expresión.
La negativa de la autoridad constituye un pretexto y un medio para acallar las críticas vertidas en su contra, por temas como el de los marurecibos de hacienda, el marudepto de la torre cénit que le obsequió Federico Elías Madero, los innumerables negocios que ha hecho la alcaldesa, en materia de seguridad pública, a través de Lázaro Gaytán Aguirre y Gilberto Loya, al inflar y mentir sobre reparaciones y mantenimiento al helicóptero de seguridad pública, los drones que se cayeron, la mamba negra al servicio del narcotráfico en la ciudad de Chihuahua, las cámaras ‘patito’ instaladas en la vía pública, que nunca sirven para aclarar algún delito, y las microcámaras de solapa de los agentes, que tampoco han servido para mejorar el servicio público en comento.
Además, está una larguísima cadena de transas armadas, operadas y ejecutadas por Orlando Villalobos, cabeza del instituto municipal del deporte, que en cuerda separada, no tardan en aparecer, incluso, a través de denuncias penales.
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