En tres años de administración no fueron plantados con firmeza y con carácter los pies del corralismo sobre la tierra.
Llegó el Gobierno estatal a las manos del ahora entrecomillado nuevo amanecer no para servir al pueblo como fue el grito de campaña, sino para servirse del sufrido presupuesto público chihuahuense. En expresión casera, se han quedado hasta con el cambio del mandado.
En octubre tomó protesta Javier Corral como gobernador y en diciembre ya estaba volando en avión del Gobierno del Estado rumbo a Mazatlán para un asueto de fin de año que incluyó jugada de golf. Fue el presagio de la actual calamidad.
No debieran sorprendernos los multimillonarios registros inmobiliarios que ahora han brotado del fiscal César Peniche, si desde el arranque del régimen exhibió el gobernador ligereza y falta de responsabilidad. Inició poniendo el mal ejemplo.
Por donde saltó Corral empezó el brincadero de sus subordinados en características idénticas de mal desempeño salvo excepciones a la regla muertas de pena ajena porque su trabajo no alcanzó ya para lustrar el cobre del que fue bañada la administración total.
Trató de vender el jueves en Juárez aquello de que “esto no se acaba hasta que se acaba” con la esperanza de evitar por parte de la opinión pública el tiro de gracia por los dos años restantes. No pudo durante los tres de bienvenida, menos en la despedida y con nombre y apellidos arrastrando.
A 24 meses de irse, los daños al estado son irreversibles en seis rubros: violencia que ha generado más de seis mil asesinatos, nula obra pública en 36 meses, multimillonaria deuda pública estatal que no será pagada antes del 2050, también miles de muertos por falta de medicinas y de atención médica en los servicios de salud del estado, apabullamiento de los órganos autónomos que debe incluir al Poder Judicial… y lo que faltaba, corrupción a raudales igual que siempre.
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Aparte del burdo caso Peniche y su operador en la Policía Estatal, Óscar Aparicio Avendaño, casi al finalizar la semana se presentó también la liberación del exdiputado, exsecretario de Educación y exdirector de la Comisión Estatal de Vivienda (Coesvi) durante el duartismo, Ricardo Yáñez Herrera.
El exfuncionario dejó la cárcel en un acto que pudo mover a risa si no fuera por la seriedad que el caso implica en privación de la libertad y cuantiosa pérdida de dinero público… Un arreglo para pagar en dos años 240 millones de pesos… ¿De dónde?…
Y el exalcalde de Chihuahua Javier Garfio, caso similar con el pago por los terrenos de Labor de Terrazas, 328 millones al declararse culpable de peculado. El exdiputado Fernando Reyes por las mismas.
La operación de los “expedientes X” ha sido desvirtuada indudablemente por la corrupción que involucró a sendos testigos protegidos del más alto nivel priista-duartista que entraron en connivencia con el aparato corralista.
Lo anterior por una parte; por la otra han quedado fuera de los “expedientes X” casos considerablemente mayores en millones a los representados por exfuncionarios que siguen en la cárcel:
Dos, cinco, 10 millones, se dice de los Villegas, Tarín, Esparza, pero ni una palabra ha surgido de las áreas de procuración de justicia, contra los miles de millones hurtados en servicios médicos de toda índole adjudicados operativamente al exsecretario de Salud Pedro Hernández, pero auspiciados desde diversos puntos del país por los empresarios José “Pepe” Yáñez y Benito Tagle, conjuntamente con uno de los grandes aliados de Corral, el exsenador priista Emilio Gamboa Patrón. Los peces gordos estos son, pero perdonados por el “nuevo amanecer”.
Está impune también el sobreprecio y la simulación en la edificación de la Ciudad Judicial, con una deuda superior a los 300 millones de pesos en litigio, cobranza judicial encabezada en aquel entonces convenientemente por el despacho de César Jáuregui y Antonio Lozano, sospechosísima sombra de conflicto de interés que prevalece todavía ahora.
Fue y es ese “monumento a la corrupción” una isla impune, no sólo en obra, sino también donde se ha prohijado el más grande batidero judicial, con nombramiento de jueces y magistrados a modo que tanto criticó Corral y que en dos años perfeccionó y superó en la práctica con singular descaro.
Imposible definirlo de otra forma que no sea corrupción.
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Más aun en este contexto, el gobernador designó gracias a la obsequiosidad no gratuita del grupo de los 22 diputados en el Congreso del Estado –camionetones, nepotismo tolerado y auspiciado–, a los titulares de las áreas que debieran ser contrapeso al manejo irregular de sus funcionarios y de él mismo.
Dio golpe de timón en la Secretaría de la Función Pública, ante una renunciada Stephany Olmos que no hallaba qué hacer para evadir la responsabilidad de cerrar los ojos ante la evidente conducta de latrocinio de algunos de los funcionarios de primer nivel, como el médico militar Ernesto Ávila, que se despachó con un bono de 100 mil pesos junto con sus principales colaboradores, apenas llegando a la Secretaría de Salud; adjudicaciones directas de contratos millonarios de medicamentos y el desabasto criminal en hospitales.
Hizo el gobernador berrinche infantil, que incluyó amenazas por interpósitas personas, por Ignacio “Nachito” Rodríguez, que había sido nombrado por el Congreso como auditor superior, a contrapelo de Corral.
Usó agentes del Ministerio Público para asegurar computadoras y paralizar durante días a un órgano autónomo técnicamente y dependiente del Congreso, todo para controlar la indispensable función de auditoría, que quedó convertida en burla dos años después con el nombramiento de su amigo Héctor Acosta.
Protege así, desde el órgano interno de control del Gobierno del Estado y desde la auditoría dependiente del Congreso, su administración de cualquier señalamiento de irregularidad, con la ventaja de poder disponer de sus servicios para perseguir con todo el peso de la ley cualquier manifestación contraria a sus intereses incluyendo los poderes Legislativo y Judicial.
De esta manera puede con tranquilidad seguir operando la manipulación de recursos federales o estatales etiquetados, desde la Secretaría de Hacienda; seguir en sus viajes de placer por todo el país y el extranjero, con el argumento del ejercicio de sus responsabilidades.
Por ello el despilfarro vil en viáticos, ejemplo seguido a pie juntillas por sus colaboradores, como da cuenta la página de comisiones abiertas del Instituto Nacional de Acceso a la Información, donde hay competencia clara para ver quién gasta mas recursos.
Incumplimiento de planes y programas, administración sobre las rodillas y derroche de recursos en mercadotecnia con el inventado Plan Estatal de Inversión para tratar de rescatar imagen en violación descarada de la Ley Electoral, promoviendo obra fuera de tiempo, desesperado en la época de informes de ayuntamientos y del mismo Gobierno federal.
Con la burla de la revocación de mandato, ley de su creación que evitó inmoralmente mediante defensa jurídica contraria a un auténtico principio de rendición de cuentas, al cual se somete únicamente de dientes para afuera, porque sabe que con una credibilidad del 17 por ciento, nada tiene que hacer en las urnas. Si se hubiera llevado a cabo, ya estaría a estas alturas entregando la administración y huyendo al lugar donde nació, El Paso, Texas.
Como se observa, no hay quien lo vigile y mucho menos lo sancione. Es una administración inmune e impune.
Una casona o un rancho no sorprenden en poder de funcionarios del nuevo amanecer, con los antecedentes descritos. Es consecuencia del desorden imperante.
Tampoco es de extrañar que las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales, permanezcan en la cómoda oscuridad de un cajón de escritorio de la Secretaría de la Función Pública, bajo tres llaves y la conveniente secrecía en términos de seguridad, en espera de que el tiempo haga su trabajo, dejando en el olvido la espesa nata de robo e ineptitud.
Los hechos están descritos y relatados tal y como ocurren, en contraposición plena al discurso que desesperadamente trata de caer como cal en letrina: “Labramos nuestro prestigio y la imagen de nuestro gobierno con honradez y sentido ético en nuestro actuar”, dijo el jueves el gobernador sin rubor ninguno, colocando de manera conveniente a un lado el decreto de austeridad por él firmado que le prohibía usar la flotilla área oficial, de la que se ha servido durante más de 600 viajes, por poner otro ejemplo.
Más que esperar a que “caiga el último out”, su renuncia es la pertinente.
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