Los homicidios cometidos por y a causa del narcotráfico en México continúan sucediendo como si fuera una cuota que nuestro pueblo debe pagar a consecuencia de las terribles omisiones cometidas por los gobernantes que no ponen freno, a través de la aplicación de la ley, a los criminales que se apoderan de la vida de todos los ciudadanos sin excepción.
Porque, dígame usted, ¿no se siente amenazado por la imponente sombra de la violencia que nos cubre desde hace años? Yo sí, pero que conste que no es debido a que esté involucrado en alguna actividad ilegal, sino porque las víctimas circunstanciales también caen abatidas por balas disparadas de forma irracional e innegablemente impune.
Muchas somos las personas que hemos sufrido los efectos del crecimiento de la criminalidad y violencia en nuestro país, a veces porque nos matan a alguien cercano, asesinan a nuestros vecinos o al familiar de alguien que conocemos.
También se refleja en otras cuestiones, como la percepción de inseguridad que muchas veces nos hace rechazar hasta una simple invitación a cenar, acudir a algún inocente evento y hasta visitar algún sector considerado como conflictivo.
Sabemos, por experiencia propia o ajena, que en trayecto o ya en los lugares de esparcimiento ocurren eventos violentos que vulneran nuestro bienestar.
Existe en nuestro país otro tipo de víctimas, más relacionadas de forma directa con quienes presuntamente se involucran con la industria ilegal del narcotráfico. Sus familiares, que muchas veces nada tienen que ver con las actividades criminales, deben pagar también una cuota muy alta por lo que hacen sus parientes.
¿Cómo es posible que esto ocurra? Les comento un ejemplo reciente.
A principios de este mes una noticia llamativa por su naturaleza fue dada a conocer en Tamaulipas, tiene que ver con lo que hicieron familiares de un presunto sicario que resultó muerto durante un enfrentamiento con policías en Lampazos, Nuevo León.
Pues resulta que, al no contar con recursos económicos, optaron por vender menudo y solicitar la cooperación de los ciudadanos para costear el funeral del abatido.
La información fue ventilada a través de las redes sociales por los parientes del fallecido, identificado por las autoridades como Mario “N” “el Chiquilín”, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y presunto integrante del Cártel del Noreste (CDN).
Debido a que perdió la vida en un lugar diferente a donde reside su parentela, tenían que costear el traslado del cuerpo desde Monterrey hacia su ciudad natal, por lo que ofertaron porciones de menudo a 200 pesos y “botearon” en las calles para obtener los recursos necesarios para completar el trámite funerario.
Medios de la región relatan que el pasado 6 de noviembre ocurrió un enfrentamiento entre elementos policiacos y supuestos integrantes del grupo conocido como “tropa del infierno”, brazo armado del CND.
La balacera ocurrió en las inmediaciones de un poblado del Municipio de Lampazos, Nuevo León, justo en una brecha del rancho San Martín que se ubica a la altura del kilómetro 15 de la carretera a Sender, los policías se toparon con los hombres armados y la confrontación tuvo un saldo de cinco supuestos pistoleros muertos y tres agentes lesionados.
La ironía que reviste el asunto, considerando que “el Chiquilín” resultó muerto y sus parientes que quedaron con “el paquete” de trasladar su cadáver y enterrarlo, es que posiblemente se involucró con el crimen organizado para alcanzar una situación económica solvente y, al final, hasta “coperacha” se tuvo que hacer para disponer de sus restos.
Esta es una realidad que viven cientos o miles de familias mexicanas, cuando uno o varios de sus integrantes se unen a las filas de la criminalidad por cuestiones económicas o son reclutados a la fuerza, porque también ocurre así. Las consecuencias son o la cárcel o la muerte para muchos de ellos, en cualquiera de los casos sus familiares deben “salir al quite” para enfrentar los efectos de su incursión en la criminalidad.
Por otro lado, algunos podrían criticar el hecho de que los parientes de un presunto sicario pidan apoyo para enterrarlo, dado el daño que podría hacer hecho a la sociedad en general y a otras familias en particular. Es difícil juzgar ante la difícil situación económica y de inseguridad, ambas relacionadas entre si, que se vive el país.
No es la primera vez que ocurre un hecho así, pero la cobertura mediática de hechos similares termina, la mayoría de las veces, contabilizando las muertes, sólo en pocas ocasiones se trastoca el entorno de los asesinados, sean considerados criminales o no. La verdad es que muchas veces se quedan pagando costos sociales y financieros que hacen todavía más difícil que remonten sus circunstancias en general.
Estas situaciones, creo, sólo ahondan más la brecha entre el bienestar y la realidad que viven miles de familias mexicanas, cuyos integrantes –al verse en la marginación- escogen caminos que parecen fáciles, pero que resultan fatales.
Si son asesinados, sus seres cercanos quedan con deudas que ni siquiera adquirieron, a veces deben pagar por lo que hizo o no hizo su pariente con el escarnio social o, como en esta ocasión, hasta con los gastos funerales ya que ni para eso les deja su incursión en el crimen.
Hechos como el narrado generan todavía más encono social, aunque es difícil analizar todas las perspectivas que se pueden tener, el diagnóstico sigue dando un resultado negativo para la sociedad mexicana en su conjunto, que hasta tiene que entrarle a la “coperacha” para enterrar a los muertos del narco que, simplemente, olvida a sus huestes.
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