Ésa, que debería ser la trama de una historia narrada por nuestros abuelos o el título de una novelita de vaqueros, de esas que solía leer yo a la tierna edad de ocho años -sí, ya lo sé, niño chocante como fui-, resulta que no; se trata de una historia dolorosamente vigente con el signo de nuestros días.
Posiblemente, querido lector, lectora, usted ya conozca la historia: El 13 de noviembre de este año, el crimen organizado le pidió a don Alejo Garza Tamez, empresario tamaulipeco, la entrega de su rancho. El hombre, de 77 años de edad, dijo: “No”; y a renglón seguido agregó: “Aquí los espero”. Atrincherado en la finca de su propiedad aguardó la llegada de los delincuentes que puntualmente acudieron a la cita poco antes del alba. Él solo, tras despedir a sus empleados, planeó cuidadosamente su defensa, consistente en un acopio de armas en cada puerta y cada ventana de la vivienda principal; llegada la hora, les hizo frente a los maleantes con los resultados conocidos: Cuatro atacantes muertos, 2 heridos, y el propio don Alejo prácticamente cosido a tiros al lado de una de las ventanas. Había soportado a pie firme el embate de los forajidos que dispusieron de ametralladoras e incluso granadas.
Éste no es un hecho aislado; cada día que pasa, más ciudadanos respetuosos de la Ley optan por las vías de hecho para defender sus bienes o la vida. En los últimos 6 meses, las siguientes, son algunas de las noticias de las que diversos informativos han dado cuenta:
ü El 18 de mayo de 2010, 500 pobladores de la comunidad de San Pedro Xalostoc participaron en el linchamiento de un delincuente;[1]
ü El 15 de julio, un agente municipal mató en defensa propia a un presunto delincuente que lo agredió con 2 cuchillos “cebolleros”;[2]
ü El 8 de agosto, en Milpa Alta, la policía rescató a un ladrón de ser linchado;[3]
ü Una semana después, el 13 de agosto, de nuevo la policía municipal salvó de ser linchados a cinco delincuentes luego de que asaltaron un establecimiento comercial en Tlachaloya;[4]
ü El 13 de octubre, una nota destacó que, de enero a septiembre, se documentaron 35 casos de linchamiento en México,[5] y
ü Menos de una semana más tarde, elementos de la Agencia de Seguridad Estatal de Edomex lograron impedir otro linchamiento.[6]
Volviendo el caso de don Alejo, preguntarle a la ciudadanía qué opina de esos hechos resultaría inútil, las cabezas de las notas dan cuenta sobrada de ello: “Ranchero heroico” lo llama un medio digital;[7] en una entrevista radiofónica, Julián Le Barón, hermano de Benjamín Le Barón, activista asesinado en el Municipio de Galeana, Chihuahua, calificó como “justificable” la defensa propia.[8] Los conductores del noticiero local “Telediario” no ahorraban elogios a don Alejo,[9] y en el espacio para los comentarios en el sitio electrónico, algún espectador reseñó sus puntos de vista en estos términos: “Este gran señor me ha hecho creer una vez más en mi país. ¡Viva México y las personas de bien!”.[10] Por no mencionar el corrido que ya circula en Internet y destaca la valentía del personaje, su talante luchador -“guerrero”, lo llama-, su estrategia defensiva, así como el costo en vidas para los maleantes que perpetraron el asalto a su propiedad.[11]
Hacer un recuento del marco legal en materia penal relativo a la legítima defensa me parece ocioso; lo destacable, en mi opinión, es el acontecimiento de carácter social: Ciudadanos cada día más inconformes con el estado de cosas que estamos viviendo, que los llevan al extremos de tomar las armas, literalmente, y arriesgar la vida en el empeño. A la larga ese estado de cosas no puede terminar bien, por supuesto. El mandato constitucional contenido en el primer párrafo del artículo 17: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho” no es sólo una garantía en beneficio del ciudadano común y corriente o la exigencia para el Gobierno de preservar el estado de derecho, en lo absoluto; es el fundamento del Estado mismo. La cohesión social parte de un acuerdo, tácito o expreso, de los habitantes del Estado de ceder parte de sus derechos con el objeto de obtener, en contrapartida, una serie de certezas o satisfactores a cargo de la autoridad.
Atendiendo a la bilateralidad de la norma jurídica, frente a la prohibición para el ciudadano de proteger su derecho por sí mismo con los medios a su alcance, se alza la garantía de que el Estado proveerá lo conducente para tal fin. El segundo párrafo del mismo artículo 17 es enfático: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”.[12]
La respuesta violenta del ciudadano no constituye solamente la manifestación visible del quebrantamiento de un dispositivo constitucional que exige contención frente al hecho ilícito, sino la constatación evidente de que el Estado ha sido rebasado en su encomienda. Rebasado no nomás en los hechos, sino peor aún, en el ánimo del ciudadano que siente y se percibe impotente frente al fenómeno de la delincuencia.
Sin embargo, el libre ejercicio de la violencia no puede tener un final feliz pues, a la larga, degenera en una lucha de “todos contra todos”; la negación del Estado, pues, como manifestación superior de convivencia de hombres y mujeres.
No obstante, vayan estas líneas, preso mi espíritu de una triste confusión dado que, como abogado, no puedo sino lamentar profundamente esa serie de acontecimientos que han degenerado en los hechos de sangre que aquí narro. Como ciudadano, en cambio, vayan mi tardía admiración y mi respetuoso reconocimiento a don Alejo Garza Tamez, ciudadano, padre de familia, empresario, hombre de bien, que no dudó en empuñar las armas en defensa de lo suyo. Descanse en paz.
Luis Villegas Montes. luvimo6608@gmail.com
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