¡Mataron a Felipe! (del desprecio por la vida en Chihuahua)…por Carlos Murillo

 Ayer a medio día mataron a Felipe a las puertas de su negocio. Fue una de las siete personas asesinadas el miércoles 2 de marzo en Ciudad Juárez. Su nombre ni siquiera aparece en los diarios y su muerte mereció simplemente el trato de “una víctima más” que se suma a la estadística delictiva. En el estado de Chihuahua ser asesinado equivale al olvido inmediato por la ausencia de un aparato de justicia que se abstiene incluso del acto de investigar.

 Felipe tenía un negocio de compra-venta de chatarra; tenía poco más de un año operándolo en el mismo lugar (que además era su hogar) donde anteriormente vendía hot dogs y hamburguesas por las noches, mismo que cerró por que ya estaba harto de los asaltos, además que había bajado bastante su clientela. Pero cambiar de giro empresarial no resolvió su problema con la delincuencia: también en el día lo llegaron a asaltar (por lo menos un par de veces) y en las últimas semanas estaban acosándolo con “la cuota” (extorsión) aparentemente la razón de su homicidio.

 Felipe era un hombre emprendedor, un micro empresario de los que desprecian los neoliberales por no tener el perfil burgués deseado, al ser un hombre del pueblo forjado en los duros barrios populares de Juárez, donde además vivía. Al igual que la mayoría de las y los habitantes de Juárez y Chihuahua, su mortificación era el incremento de la criminalidad y la falta de respuesta de las autoridades. Hoy el gobierno de Chihuahua y México podrán estar más tranquilos pues tendrán un quejoso menos para guardar la imagen que buscan proyectar de “normalidad” ante el mundo, aunque la percepción de inseguridad de Felipe haya resultado más que cierta: una vida menos, un negocio menos y cuatro niños en la orfandad.

 Desgraciadamente el tratamiento al genocidio juarense actual y en general al crimen en el estado de Chihuahua no es para nada nuevo. Todos los gobernadores, desde Francisco Barrio, Patricio Martínez, Reyes Baeza y el actual César Duarte, han despreciado, minimizado o de plano ignorado la violencia en la entidad; el ejemplo clásico es el feminicidio, fenómeno anómico que lejos de disminuir, sigue aumentando pese a las presiones internacionales y las exigencias locales. Simplemente no se atienden las recomendaciones de derechos humanos ni locales ni foráneas. No hay investigación, no hay justicia expedita, mucho menos prevención o juicios justos (recuérdese el caso Rubí-Marisela Escobedo).

 A unos cuantos días de celebrase el Día internacional de la mujer (8 de marzo) las mujeres chihuahuenses, sobre todo las juarenses, tienen mucho que reclamar (o mejor dicho que luchar) ante un Estado misógino y cómplice del crimen, pues de otra forma no se entiende la actitud déspota e hipócrita del tratamiento dado a las muchas víctimas del feminicidio. Los gobiernos han hecho incluso declaraciones públicas despectivas hacia las mujeres para justificar los asesinatos (Barrio, Martínez) junto con algunos medios periodísticos, dando un trato a las víctimas de “mujeres  de baja moral”, que seguramente lo serán ellos, pero no personas como la poeta Susana Chávez, asesinada en enero del 2011.  

 Y hablando de activistas como Susana, el caso de los asesinatos de varios miembros de la Familia Reyes también resulta emblemático al ser una familia con décadas de activismo en el Valle de Juárez a la cual se le busca vincular a toda costa con el narcotráfico. El fiscal González Nicolás, el mismo que ni siquiera se ha tomado la molestia de atender cara a cara los reclamos de los miembros sobrevivientes, está más preocupado por enfatizar no sólo los asesinatos de los Reyes con los cárteles de la droga en el valle, sino en general a todo el valle con la supuesta lucha territorial de estos grupos criminales. Tanto cinismo hace a uno preguntarse ¿si están tan convencidos que el Valle es tierra de narcos, porque no emplean toda la fuerza del Estado por capturarlos y evitar así el baño de sangre que es el Valle? Gobierno hipócrita.

 El asesinato y hostigamiento a activistas desde hace tiempo y a la par del inicio de la “guerra” contra el narco de Calderón, es una característica implementada, tolerada o alentada por el propio Estado, como lo es la “limpieza social” (asesinatos) en los barrios populares o la protección de los grandes intereses empresariales en Ciudad Juárez,  Lomas de Poleo o el Valle de Juárez. Con la criminalización de la sociedad chihuahuense so pretexto del combate al narco, el propio gobierno viola los derechos humanos y garantías individuales de sus ciudadanos(as). No resuelve con justicia ni mucho menos, pero si implementa la militarización urbana, los retenes policiacos o la revisión de mochilas a estudiantes, todos violatorios de la constitución.

 El saludable estado del crimen en Chihuahua obedece a una mezcla de acuerdos secretos, complacencias y desgobierno de los tres niveles de gobierno donde no hay cabida para la justicia, sólo para la corrupción e intereses. El problema de violencia en Chihuahua no es un problema de inseguridad, sino de intereses político-económicos.         

 El fiscal González debe renunciar, por dignidad o vergüenza. No hace su trabajo y cuando lo hace es para manchar el prestigio de las víctimas (Susana Chávez, familia Reyes…) ¿o su destino es como el de Genaro García Luna (Secretario de Seguridad Pública Federal) o el Procurador General de la República Arturo Chávez Chávez, (dos que también deberían renunciar) a quienes se les mantiene o incluso premia a pesar de sus graves errores, omisiones y mediocridad?