– ¡Qué feúcho!
– ¡Y esmirriado!
– ¡Y patizambo!
– ¡Y prieto!
– Pues sí… pero ya nació.
No vaya a pensar mi apreciado público lector que las anteriores son, de algún modo, líneas autobiográficas, no señor; por lo menos, patizambo, patizambo, lo que se dice patituerto, no estoy. Es sólo que, a veces, ocurre que ve uno un bodoque ajeno y se queda con las apreciaciones anteriores atoradas en la garganta, hasta que le vuelve a uno el alma al cuerpo y la paz al espíritu al recalar en la ineluctable profundidad de la expresión final, con todas sus implicaciones y venturosos presagios: “Pues sí… pero ya nació”.
Tal y como lo he referido en multitud de ocasiones, a veces pasa que escrita una reflexión, viene un acontecimiento a atravesárseme en el camino con absoluta indiferencia de los afanes previos. Así, debo rehacerla o de plano desecharla. Hoy fue el caso. Resulta que el fin de semana fui a ver “Presunto Culpable”. La cinta ha capturado la atención y conmovido a cientos de miles de mexicanos a lo largo y ancho de la dolorida República a tal grado que, en su primera semana de exhibición, superó en audiencia a la ganadora del Óscar “The King’s Speech”.[1] Pormenorizar su trama escapa a los propósitos de estas líneas; no obstante, una breve reseña de la misma se me antoja obligada.
En principio, cabe señalar que uno de los mayores méritos del filme es que se trata de un documental; a estas alturas, premiado en varios certámenes internacionales. En él, se exponen las fallas del sistema de impartición de justicia en México y de manera ágil e inteligente se muestra sin tapujos el diario vivir de juzgados y reclusorios, así como la falta de modernización del sistema en su conjunto. De la mano de José Antonio Zúñiga Rodríguez, un joven comerciante de 26 años de edad que fue privado de su libertad acusado de un homicidio que no cometió, el espectador avanza por un laberinto -literal y metafóricamente hablando- de omisiones, excesos, pifias, horrores y sinrazones sin cuento.[2]
La película, basada en una historia real, desnuda el sistema de justicia penal vigente -y positivo- de este país. Me explico: En su obra “Introducción al Estudio del Derecho”, Eduardo García Máynez distingue entre “Derecho positivo” y “Derecho vigente”; al primero, lo podemos entender como el “conjunto de normas jurídicas que se cumplen u observan”; en tanto que al segundo, como aquel “conjunto de normas jurídicas que en un momento y lugar determinados el Estado reconoce como obligatorias”.[3] La diferencia salta a la vista, el primero es aquel sistema normativo que sea formalmente válido o no, es observado por la ciudadanía; el segundo, es válido si, y sólo si, el Estado lo asume de esa manera, con total independencia de que la ciudadanía o el Gobierno lo acaten. Normas vigentes, abundan; las que efectivamente se cumplen por ambas partes (población y Gobierno), escasean. De las leyes fiscales a las penales, la impunidad y la falta de observancia del derecho constituyen el signo característico de nuestro medio: De la Presidencia de la República al Municipio más ramplón; de los asentamientos humanos en el área rural a los núcleos de población en zonas urbana; de las clases poderosas a las económicamente débiles. Pues bien, “Presunto Culpable” de manera pronta y expedita -precisamente lo que la administración de justicia no es a pesar del mandato constitucional- refleja esa realidad devastadora.
El imperativo de ir a verla para usted gentil lector, deriva de ésa y otras circunstancias adicionales: La cinta muestra, lo vemos, lo percibimos a cada segundo de proyección, lo que el sistema es, sí, pero además, a lo que puede llegar; o para decirlo de otro modo, en lo que puede degenerar. Además, debemos tomar en cuenta que la película arriba a las pantallas de los cines en una fecha por demás oportuna, cuando el debate de la reforma al sistema de justicia penal a nivel nacional se halla en pleno apogeo; y por otro lado, que se haya envuelta en el escándalo tras la orden de un juez federal de suspender su transmisión, luego de la interposición de un juicio de amparo. Todos estos acontecimientos, merecen una reflexión aparte.
Al sistema de justicia penal tradicional, lo caracterizan, entre otros factores, alarmantes índices de impunidad. En entrevista al efecto, refiriéndose a ellos, Sergio García Ramírez apunta: Las cifras que se han difundido “son altísimas, entre 90 y 98 o 99%. ‘Cuando se tiene ese problema, todo lo demás que se haga para modificar el procedimiento, o juicios orales o sistema acusatorio, no funciona porque no se ataca el problema’”.[4]
El castigo a un delincuente, se supone, tiene una secuencia lógica: Se le investiga y, en su caso, se le arresta, por parte de la policía; el Ministerio Público -o el fiscal- presenta pruebas ante un juez; y éste lo condena a cumplir su pena en un reclusorio “el problema es que en México, parecería que cada una de estas fases, simple y llanamente no funciona, ya sea por corrupción, ineficiencia, incapacidad o bien por falta de recursos”.[5] Es decir, de principio a fin, en sus distintas vertientes, el sistema hace agua y es difícil establecer un solo factor como la matriz del problema, por lo que su atención y resolución demandan un análisis y una solución plurales y multidisciplinarios.
Lo anterior ya lo sabíamos, pero tal parece, que hacía falta que viniera alguien a explicárnoslo con naranjas para verdaderamente entenderlo o dimensionarlo.
Continuará… Luis Villegas Montes. luvimo6608@gmail.com
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