—Por Manuel García Dávila—
Se exhorta a la Fiscalía General del Estado, la implementación y difusión en todo el Estado del Protocolo Alba, enfocado a la búsqueda de mujeres y menores desaparecidos, ya que al momento no ha sido ampliamente difundido y es preciso que la ciudadanía este plenamente enterada del mismo para que tenga mejores resultados.
Se reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y los artículos 2 y 6 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado a fin de incluir dentro de las atribuciones de la Fiscalía, la de desarrollar las políticas de seguridad pública que establezca el gobernador y proponer la política criminal en el ámbito estatal, que comprende las normas, protocolos, instrumentos y acciones de prevenir, de manera eficaz, la comisión de delitos e infracciones, para que se realice la búsqueda inmediata de mujeres y menores de edad desaparecidas y con el objetivo de aumentar la posibilidad de que sean recuperados a salvo.
La iniciativa fue presentada por la diputada Patricia Flores González en voz del Grupo Parlamentario del PAN, quien expuso en su momento el éxito logrado en Estados Unidos y también en algunas entidades federativas mexicanas, en la aplicación del Código Amber (America´s Missing:Broadcast Emergency Responsanse, por sus siglas en inglés) que permite la búsqueda inmediata de menores de edad extraviados o privados de su libertad, la bancada panista del Congreso local, presentó una iniciativa para que en nuestra entidad incorpore los programas, mecanismos y protocolos como éste para abatir las cifras de menores desaparecidos.
Actualmente en las ciudades de Chihuahua y Juárez se cuenta con el “Protocolo Alba”, que ha sido rebasado completamente y es ineficaz, el cual es dirigido a mujeres y niñas desaparecidas y funciona de la siguiente manera: “el servidor público que reciba el aviso de alguna persona que reporte un extravío considerado como de alto riesgo tendrá la obligación de dar parte a las demás autoridades que forma parte del protocolo, activando la alarma de búsqueda y localización de la persona; el servidor público que tenga el primer contacto con la persona o personas que reporta el extravío tendrá que realizar ciertas preguntas para determinar si es de alto riesgo o no siguiendo los criterios establecidos. “En caso de que no sea de alto riesgo el servidor público tendrá la obligación de orientar a la persona que reporta y canalizar ante la autoridad competente, para que se tomen los datos correspondientes y se realice el trabajo social por parte de estas autoridades. En el supuesto de que sea de alto riesgo, tendrá la obligación de trasladar a la persona a las Instalaciones de la Fiscalía…”
Este protocolo solamente opera en dos ciudades, dijo la diputada Patricia Flores González, por lo que consideró urgente que Chihuahua atraiga para sí protocolos como el Código Ámber que permitirá que sociedad y gobierno, se unan para cuidar a nuestros niños, que según la Asociación México Unido Contra la Delincuencia, en el país desaparecen alrededor de 45 mil menores de edad, por lo que es urgente redoblar esfuerzos para proteger a este grupo tan vulnerable.
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