—Por Jesús C. Aguirre Maldonado (Texto y Foto)—
Penas desde 4 años y 6 meses hasta 22 años y un mes podrían alcanzar aquellas personas que sean culpables del delito de tortura, incluidos servidores públicos, y dependiendo a quiénes torturen, de acuerdo a las reformas a la Constitución del Estado de Chihuahua, informó Ramón Abelardo Meléndez, visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
Relativo a la tortura Meléndez informó a este medio que no solo se va a castigar a quien torture, sino que también los servidores públicos que la ordenen, instiguen o induzcan o pudiendo impedirla no lo hagan, también a los terceros autorizados por un servidor público les tocará castigo.
La tortura, dijo Meléndez, estaba penada de 3 a 15 años de prisión y ahora aumentó de 4 años seis meses a 22 años con un mes.
Si la tortura se comete en contra de menores de edad o de personas que no tengan capacidad de comprender el significado del hecho (algún problema mental) o la víctima sea mujer o mayor de 70 años aquí la pena aumenta y sería de cuatro años y seis meses a 22 años y un mes, ya que antes lo máximo eran 10 años.
El visitador de la CEDH en Delicias dijo que de acuerdo a las reformas a la Constitución del Estado en su Artículo 4 ya los toma más en cuenta a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a la que le agregaron la palabra los, pues antes era De Derechos Humanos y ahora De los Derechos Humanos (Comisión Estatal de los Derechos Humanos).
Ramón Abelardo Meléndez mencionó que con esta reforma la CEDH quedó como un órgano protector, de derechos humanos, con autonomía de gestión y presupuestar, pero ya depende de los diputados.
“En la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) somos autónomos, además de que el presidente de la CEDH en su encargo durará ahora cinco años en lugar de los tres y se podrá reelegir una vez”, dijo Meléndez.
Agregó que los visitadores ahora podrán hacer inspecciones en todo lugar donde se encuentre internado o recluido un ser humano, ya sea en cárceles, ceresos, albergues, asilos y que esté internada o recluida la persona.
Sostuvo también que los servidores públicos que no acepten o no cumplan con las recomendaciones de la CEDH deberán fundar y motivar y hacer pública su negativa (por qué no la aceptan o no la cumplen.
Aparte podrán ser llamados a cuentas por el Congreso del Estado.
También a la CEDH se le dará mucha participación para participar en los programas de capacitación de los servidores públicos. jesusaguirre25@hotmail.com
Últimos comentarios