Chihuahua.- El Grupo Parlamentario del PAN estará pendiente para que la aplicación de los recursos provenientes del nuevo fideicomiso carretero aprobado hoy por el Congreso del Estado, se destinen a las obras y apoyo a municipios, conforme al documento entregado en donde se enlista la realización y continuación de diversos trabajos de infraestructura y programas sociales de beneficio común.
El compromiso del Ejecutivo estatal se manifiesta en un documento anexo a la iniciativa en el que se detallan rubros como la modernización carretera y construcción de libramientos en varios municipios, medidas para el mejor aprovechamiento del agua, modernización del sistema de transporte urbano y programas de apoyo en materia de seguridad pública, vivienda, producción agropecuaria, alimentación y salud entre la población.
El coordinador del GPPAN, Héctor Ortiz Orpinel, dijo que los diputados del PAN exhortarán a sus compañeros de otros grupos parlamentarios para que se conviertan también en auditores del compromiso de las autoridades estatales para aplicar el significativo monto de hasta 15 mil millones de pesos por parte de la Secretaría de Hacienda.
“Ojalá que para entonces, el Secretario de Hacienda estatal si pueda responder a los cuestionamientos nuestros y no vaya a quedarnos debiendo como ocurrió esta semana al tratar de explicarnos la iniciativa, en donde reconoció carecer de información para dar respuesta a algunos planteamientos relacionados con la deuda pública”, declaró el líder del GPPAN.
En ese sentido, destacó la necesidad de que el estado transparente adecuadamente la aplicación y destino de los recursos ya otorgados. Por ejemplo, citó que el presupuesto anual del 2013 para el pago de deuda pública contempla únicamente 285 millones de pesos, sin embargo en los primeros cinco meses del año se destinaron ya 371 millones de pesos, lo cual hace urgente una explicación para conocer la razón de dicho desfase.
Además en el rubro de desarrollo regional y competitividad, la Secretaría de Hacienda cuenta con un presupuesto autorizado de 8 y medio millones de pesos, pero de los cuales no se ha ejercido un solo peso, según lo que se publica en los estados financieros.
Para finalizar, Héctor Ortiz Orpinel indicó que el decreto aprobado hoy establece como obligatorio un informe de movimientos del Ejecutivo al Congreso, en los 30 días siguientes a cada colocación de certificados bursátiles fiduciarios, el monto de las emisiones y el monto neto obtenido por el estado, así como acompañar los estados financieros del Fideicomiso a la cuenta pública anual.
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