Para atender el rezago habitacional en México, se requiere una estrategia nacional con la rectoría del Estado como eje primordial, con políticas públicas integrales en materia de vivienda y desarrollo urbano que incluyan la participación social para abatir esta carencia.

En el país hay nueve millones de casas que requieren mejoras, ampliación, renovación o sustitución. La construcción masiva se logra con la incorporación de más actores que atiendan la diversidad de situaciones en el contexto local.

Para atender las necesidades de las personas con más bajos recursos, las políticas deben enfocarse en las 60 ciudades del país con mayor población y en 400 municipios rurales y urbanos con pobreza extrema.

En este ámbito, es indispensable un organismo que formule políticas integrales y conjuntas en la materia para garantizar el acceso de familias de escasos ingresos a recursos para mejorar sus construcciones. Es necesario establecer una corporación pública que administre la existencia de vivienda en el país para otorgar casas a los distintos segmentos de la población con una visión regional, territorial y urbana, con base en las características de movilidad laboral y el crecimiento económico.

La oferta de los desarrolladores está orientada a los núcleos urbanos, donde el valor de las construcciones y el suelo es más elevado, en tanto que quienes la requieren tienen cada vez menos posibilidades de vivir en ciudades por los precios altos y optan por situarse en las periferias.

Una gran proporción del parque habitacional del país se encuentra en malas condiciones por materiales deficientes, uso inadecuado del espacio o carencia de servicios básicos en las viviendas construidas o mejoradas por sus propietarios.

Es necesario también, censar las casas desocupadas en el país para utilizarlas adecuadamente. De cinco millones, se desconoce cuántas pueden rentarse o venderse, si están intestadas o en juicio, su costo o si son adecuadas para el estrato social que las requiere.

Para apuntalar al sector inmobiliario como un eje estratégico de la economía nacional, se requieren políticas de atracción de inversión productiva en distintas regiones del país, vinculadas al ordenamiento del suelo. De no aplicar estas medidas, el rezago se agudizará.

Ante los altos costos de las casas, construidas por desarrolladores que sólo consideran las ganancias y no las necesidades de la población, el rezago de los estratos de menores recursos se resolverá con la intervención directa del Estado, mediante distintos subsidios, es un hecho que se debe apoyar la producción social en este rubro, en el marco de una nueva política urbana