Miren ustedes, examinar a conciencia el IV Informe de Gobierno en dos páginas resulta imposible. No hay modo. Usted se puede quemar lo ojos y no va a hallar la manera. Son decenas de páginas, cientos de cifras, miles de números, gráficas, estadísticas y datos maquillados con extremada pulcritud. Pero el análisis selectivo, la realización de una especie de muestreo, es útil para situarnos en la perspectiva correcta. Tomemos un tópico, uno solo: La protección a las mujeres, la violencia intrafamiliar o el maltrato infantil, por ejemplo. Desde 2002, tenemos un Instituto Chihuahuense de la Mujer y su respectiva Ley; desde hace 8 años tenemos las leyes de Justicia Especial para Adolescentes Infractores y la Ley que regula el Funcionamiento de las Instituciones Prestadoras de Servicios para el Cuidado Infantil y de Menores; en 2007 se expidió la Ley de Desarrollo Social y Humano y ese mismo año se aprobó la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; en el año 2010 se emitieron la Ley de Juventud y la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres; tres años más tarde la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; y este año se expidió un flamante mamotreto: ElCódigo de Procedimientos Familiares; ocioso por reiterativo e innecesario como legislación independiente pues en lo medular es un Código de Procedimientos Civiles, otro.
Por todo ello, en teoría, tenemos un maravilloso Instituto Chihuahuense, el cual implementa políticas públicas que promueven el desarrollo integral de las mujeres y su participación plena en la vida económica, social, política, familiar y cultural del Estado; una Ley que se aplica a todo adolescente a quien se le atribuya un hecho tipificado como delito en el Código Penal y demás leyes, por lo que un adolescente a quien se atribuya un hecho tipificado como delito no puede ser juzgado como adulto; además, gracias a la “Ley de Guardería”, los niños a quienes sus mamás dejan en ellas no sufren ni padecen ningún tipo de violencia o abuso; merced a la Ley de Desarrollo Social está plenamente garantizado el disfrute de los derechos sociales de toda su población, asegurándole el acceso al desarrollo social y humano, conforme a lo establecido en la Constitución federal, la particular del Estado y, por supuesto, los tratados internacionales; tratándose del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la respectiva Ley establece las bases para la prevención, atención y erradicación de la misma en cualquier edad y en los ámbitos público y privado; por no hablar de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres que garantiza esa igualdad en el territorio de la Entidadmediante la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; en tanto que la Ley de Juventud garantiza las condiciones para el ejercicio pleno de los derechos de las personas jóvenes; y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes -quienes evidentemente por alguna extraña razón no forman parte de la juventud a la que la ley anterior se refiere- sienta las bases para la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes y garantiza su desarrollo pleno, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional y socialmente en condiciones de igualdad, preferentemente en el seno de una familia; por último, el recién llegado de París Código de Procedimientos Familiares, establece una serie de medidas tendentes a proteger a los miembros de la familia, cuando en un procedimiento se advierta la existencia de violencia familiar.
Esa visión idílica, contrasta con una serie de datos duros: En el 2013 en el Estado de Chihuahua, fueron atendidas un total de 5 mil 970 mujeres víctimas de violencia familiar y mil 274 hombres agresores;1 según el INEGI, 20 entidades federativas superan el porcentaje nacional de muertes violentas femeninas -equivalente al 5.4%-, entre las anteriores destacan Edomex (27.8%), Quintana Roo (19.3%) y en tercer lugar Chihuahua (16.9%), por encima de Oaxaca (16%) y Guerrero (15.8%);2 los resultados de la ENDIREH 2011 muestran que en el nivel nacional son 10 las entidades federativas en donde es posible advertir porcentajes de mujeres maltratadas por su pareja superiores a 45 por ciento y Chihuahua cuenta con un porcentaje de 47 de cada 100 mujeres maltratadas;3Por lo que hace a la discriminación laboral por embarazo a lo largo de la vida, la misma encuesta muestra que de todas las mujeres de 15 años y más que alguna vez han trabajado el 14.9% ha sido víctima de discriminación y el Estado con mayor porcentaje de mujeres afectadas es Chihuahua, con 34.9%;4 respecto de la violación sexual dos de las entidades con mayor incidencia de abuso sexual son Quintana Roo y Chihuahua;5 en tanto que un informe elaborado por el CESOP de la Cámara de Diputados identificó a Chihuahua como uno de los estados con mayor frecuencia y número de casos de maltrato infantil comprobado, junto con Guanajuato, Yucatán, Puebla, Coahuila y Sinaloa;6 y por último, en 2011, la cifra adolescentes infractores aumento el 52% en comparación con el 2010;7 y ese mismo año, Chihuahua ocupaba el 5º lugar en número de adolescentes en centros de internamiento.8
¿Avances? Tal vez; pero primero vamos midiendo los resultados de acuerdo al Plan de Desarrollo, los datos contenidos en el Informe de Gobierno y los resultados de la revisión de la Cuenta Pública; entonces sí vamos a aplaudir desde la primera fila.
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