El SAT, la ley y el orden…por Aída María Holguín
La semana pasada, trascendió en medios de comunicación nacionales que a partir del próximo 1° de julio, la comida preparada (burritos, emparedados, hot dogs, pizza, nachos, guisados, elotes, etc.) que se vendan en los minisupers, supermercados y tiendas de conveniencia estarán gravados con el 16% de IVA.
Por obvias razones, el descontento de los mexicanos empezó a hacerse notoria en redes sociales, motivando a Aristóteles Nuñez, jefe del el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a aclarar rápidamente que el gravamen aplicado a alimentos preparados no es nuevo, sino que existe desde hace más de 15 años, pero hay establecimientos que no lo aplican.
Con las declaraciones de Nuñez, el supuesto incremento a la comida preparada queda “desestimado” porque el SAT solamente “pondrá en orden” a quienes durante 15 años hicieron caso omiso a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, generando con ello -según el titular del SAT- la competencia desleal.
Lo cierto es que con las aclaraciones emitidas por el titular del SAT, no habría nada que objetar ni cuestionar; es decir, si se considera que la Ley debe ser aplicada y acatada por todos y cada uno de los sujetos obligados, la disposición anunciada por el SAT para poner en orden a los incumplidos, hasta merecería un aplauso de pie.
El problema no está entonces en que las autoridades cumplan y hagan cumplir la ley (como en este caso); el problema es que se haga de manera discriminada, manipulada y administrada para beneficio de las minorías y el perjuicio de las mayorías. Está bien que la institución lleve en nombre el título de “administradora”, pero no está bien que se dedique a administrar sus funciones a conveniencia.
La incongruencia; y por lo tanto, falsedad de las “buenas” intenciones que el SAT dice tener, saltan a la vista cuando sus acciones -y/o disposiciones- son analizadas en conjunto.
Y es que si se considera -por ejemplo- el hecho de que la disposición (de “meter en cintura” a los incumplidos) se dio a conocer hasta que pasaron las elecciones, y que a principios del 2013 el SAT le perdonó a Televisa casi 3 mil millones de pesos (por concepto de adeudos fiscales); queda en evidencia que la institución no está actuando para que todos y cada uno de los contribuyentes cumplan -sin distinción y/o privilegio alguno- con sus obligaciones fiscales, ni está coadyuvando a evitar la competencia desleal; y mucho menos, está pensando en atender los intereses públicos.
Por otro lado, está el hecho de que las decisiones, disposiciones y acciones del SAT , y por lo tanto de la Secretaría de Hacienda y del Gobierno Federal -avaladas por una mayoría en el Congreso de la Unión-, afectan de manera considerable a los ciudadanos “de a pie”, y benefician a sólo unos cuantos.
Lo anterior, lo ratifica el informe “Desigualdad Extrema en México: Concentración del Poder Económico y Político” presentado hace apenas unos días por la Oxfam. Dicho informe señala que en México hay una desigualdad extrema causada porque es un uno de los países que menos recauda impuestos a los ricos; de los cuales, el 1% -alrededor de 120 mil personas- acapara 43% de todas las riquezas de la 14ª economía a nivel mundial.
Por esas -y muchas cosas más-, es que por el momento la única certeza que hay respecto a las funciones del SAT, es que en eso de la administración de los tributos, y en cumplir y hacer cumplir la ley, es todo un desorden.
En esta ocasión concluyo con lo dicho alguna vez por el sacerdote franciscano, filósofo, escritor, profesor y ecologista brasileño, Leonardo Boff: “La política no puede restringirse a ordenar los intereses nacionales, sino que está obligada a proyectar una gobernanza global para atender equitativamente los intereses colectivos.”
Aída María Holguín Baeza
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