A pocos días de que se cumpla un año de la desaparición forzada de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, la “verdad histórica” contada por la Procuraduría General de la República (PGR) se sigue debilitando.
De acuerdo a la “verdad histórica” narrada -en febrero pasado- por el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, los estudiantes fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río (todo a manos de los grupos criminales “Los Rojos” y “Guerreros Unidos”). Dicho esto, Karam dejó claro que para la PGR el caso ya estaba cerrado; es decir, quiso darle “carpetazo”.
Lo que seguramente Karam no imaginó, es que ahora no sería tan fácil manipular la opinión pública con una mentira oficial disfrazada de verdad. Si alguna verdad histórica hay en lo dicho por la PGR, es que esa “verdad” se convirtió en una de las más grandes mentiras contadas-a nivel internacional- en las últimas décadas.
Es innegable que los estudiantes de Ayotzinapa fueron privados de la libertad; sin embargo, las versiones de la PGR respecto al cómo y por qué sucedió, siguen dejando mucho que desear, y así lo han venido expresado especialistas en la materia y organizaciones internacionales como lo son la Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Oficina de Washington para Latinoamérica.
En un inicio, la mentira histórica fue evidenciada -a través de un informe- por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), señalando la existencia de una serie de irregularidades en la recolección y procesamiento de pruebas de la investigación realizada por la PGR.
Por obvias razones, el informe del EAAF no le agradó a la Procuraduría y rápidamente procedió a aclarar -a través de un comunicado de prensa- que los forenses argentinos -habilitados por la propia PGR para hacer una investigación paralela- no eran autoridad para dar veredictos legales.
Ahora, 7 meses después de que la PGR diera a conocer su verdad histórica, un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) -enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- ha desmentido -de nueva cuenta- a las autoridades mexicanas, señalando que no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis de la PGR.
Entre otras cosas, el informe “Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa” hace énfasis en que no se hizo todo lo posible para localizar a los estudiantes, y que ese evento (la incineración de los cuerpos en un basurero del municipio de Cocula) tal y como ha sido descrito, no pasó.
En esta ocasión, a Enrique Peña Nieto no le quedo de otra más que agradecer -hipócritamente- el trabajo realizado por los expertos de la CIDH, y anunciar –vía twitter- que ha dado instrucciones “para que las investigaciones de los trágicos sucesos de Iguala tomen en cuenta los elementos aportados por el GIEI.”
Con esto, queda -implícitamente- sin efecto la invitación del presidente Peña a superar esta etapa y dar un paso hacia adelante. Y aunque para la PGR la verdad histórica del caso Ayotzinapa sigue teniendo el respaldo oficial y “legal”, las investigaciones independientes han demostrado que en realidad se trata de una mentira perpetrada por quienes juraron solemnemente cumplir y hacer cumplir las leyes.
Si realmente consideramos la verdad histórica de México, entonces debemos comprender que no es momento de superar las negligencias cometidas por las autoridades, y mucho menos de superar las deficiencias que existen en el sistema de impartición de la justicia.
En esta ocasión finalizo con lo dicho alguna vez por el escritor e historiador ruso, Alexandr Solzhenitsyn: “En nuestro país la mentira se ha convertido no sólo en una categoría moral, sino en un pilar del Estado.”
Aída María Holguín Baeza
Correo electrónico: laecita@gmail.com
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