Arturo en el país de la impunidad…por Aída María Holguín
Luego de que -durante el pasado proceso electoral federal- el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), partido satélite del PRI, violara constantemente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que la solicitud -firmada electrónicamente por cientos de miles de mexicanos- para que el Instituto Nacional Electoral (INE) le quitara el registro al PVEM fuera rechazada por la mayoría los Consejo General de dicho instituto, y que todavía -en un acto de total cinismo- Arturo Escobar y Vega fuera nombrado subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, finalmente el pasado mes de noviembre hubo indicios de que en México también era posible castigar a los delincuentes de cuello blanco.
Si bien es cierto que el INE le impuso un sinnúmero de sanciones de diferente índole -principalmente económicas- éstas siguieron dejando en la impunidad las infracciones a la legislación electoral cometidas por el PVEM. Lo cual -por obvias razones- fue motivo de preocupación en sociedad civil, sobre todo cuando se dio a conocer el nombramiento de Escobar como Subsecretario de la SEGOB.
El caso es que a finales de noviembre, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) -dependiente de la Procuraduría General de la República- confirmó que solicitó una orden de aprehensión en contra de Escobar, quien durante el proceso electoral en cuestión se desempeñaba como vocero y secretario de procesos electorales PVEM; lo cual motivó a Escobar a su cargo como subsecretario.
Como era de esperarse, la noticia de la inminente captura de Escobar y la renuncia de éste, fue bien recibida por la sociedad civil; sin embargo, muy poco le duró el gusto porque a principios de diciembre la juez Décimo Primero de Distrito en Procesos Penales Federales, Rosa María Cervantes Mejía, negó la orden de aprehensión, y la FEPADE decidió no apelarla.
Es así como ahora le tocó el turno a Arturo Escobar de gozar de los “placeres” de vivir en el país de la impunidad. Un país en donde la ilegalidad y el cinismo caracterizan -en su mayoría- a la clase política en el poder, tal y como cínicamente lo demostró el propio Escobar al anunciar que presentaría una denuncia ante la PGR en contra del titular de la FEPADE, Santiago Nieto, por el daño moral que sufrió al revelarse la investigación en su contra.
Total que mientras que la gente “importante” logra -con la ayuda del propio sistema político y de “justicia”- burlar la ley, miles de mexicanos son tratados con “la punta del pie, evidenciando nuevamente que el Estado no está procurando la igualdad -en todos los aspectos- para los ciudadanos, sino que sigue avalando las prácticas de privilegios VIP que se les brinda -de una u otra forma- a los delincuentes de “cuello blanco”.
Y es que de nada sirve repetir una y otra vez –y por todos los medios posibles- que en México las instituciones del Estado llevan a cabo acciones para fomentar la “cultura de la legalidad”, cuando no se predica con el ejemplo que bastaría y sobraría para que los ciudadanos comprendan que vivir en la legalidad no es cuestión de dichos ni de modas, sino que es un asunto asumir la responsabilidades que a cada uno le corresponden y de acuerdo a sus funciones dentro de la sociedad. Eso sería más que suficiente para asegurar el fortalecimiento del Estado de derecho y la cooperación entre sociedad y gobierno.
Dicho en otras palabras, no sirve de nada tener unas “bonitas” bases teóricas cuando éstas no se llevan a la práctica, de ahí la importancia de que las autoridades comprendan de una vez por todas que, mientras que los gobernantes y los funcionarios públicos se conduzcan de manera ilegal sin que haya consecuencias al respecto, es lo que se está fomentando que los ciudadanos actúen de igual manera.
Finalizo en esta ocasión con lo dicho alguna vez por el físico, profesor y escritor argentino, Ernesto Sabato: “Me pregunto en qué clase de sociedad vivimos, qué democracia tenemos donde los corruptos viven en la impunidad, y al hambre de los pueblos se la considera subversiva.”
Aída María Holguín Baeza
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Aída María Holguín Baeza
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