Después de que -la semana pasada- se dictara sentencia a cuatro de los cinco menores implicados en el asesinato del niño Christopher Márquez Mora, el gobernador del estado César Horacio Duarte Jáquez aseguró que esta sentencia representa un acto de justicia para la sociedad chihuahuense.
Consciente de su absurda declaración, Duarte se adelantó a las posibles voces críticas aclarando que “esto representa un acto de justicia pero sin duda siempre quedan circunstancias y elementos a los cuales no todos están en la misma condición de satisfacción”.
Con su aclaración adelantada, lo queda claro es que Duarte sabe muy bien que ya no le es tan fácil engañar con su discurso, porque son sus actos los que lo han definido, y dentro de esa definición está la de un hombre que gusta de ocultar la realidad de Chihuahua. La de ese Chihuahua en el que sus habitantes están insatisfechos por la corrupción, impunidad e injusticias que imperan y se han agravado desde que César Duarte asumió el poder.
Si en algo se puede estar de acuerdo con la aclaración de del gobernador César Duarte, es en que no todos están en la misma condición de satisfacción. Es decir; sin duda alguna, para la madre del pequeño Christopher la condena dictada a los asesinos de su hijo no refleja una verdadera justicia; así como no se refleja para los padres de los inculpados al ver a sus hijos siendo víctimas de una descomposición del tejido social causada por una evidente ausencia de políticas públicas integrales.
Y es que como ya se había dicho en este espacio de opinión, no bastaba con que con que el juicio en contra de los cinco menores de edad se agilizara -por tratarse de un caso “excepcional”-, ni con que se promuevan reformas legislativas para que -desde los 12 años de edad- los niños que cometan algún delito puedan ser procesados penalmente; lo que hace falta, es que el estado Mexicano asuma sus responsabilidades y actúe en consecuencia para garantizar los derechos de los niños mexicanos, y lograr su desarrollo social y humano de manera integral.
Es entendible que gran parte de la sociedad esté satisfecha con dicha sentencia, porque a través de ella se ha atendido la exigencia de que éste no fuera otro caso más que se quedara en la impunidad; sin embargo, es necesario considerar que tanto la víctima como los inculpados, son niños. Niños que ahora “juegan” a matar porque evidentemente el Estado no les garantizó el ejercicio pleno de sus derechos, y es ahí donde radica lo absurdo de la declaración hecha por el gobernador César Duarte, porque a pesar de que en esta ocasión se ha hecho justicia -de acuerdo a los procedimientos judiciales-, la justicia social sigue siendo una asignatura pendiente.
La cosa es que ahora la justicia -según César Horacio Duarte Jáquez- es aquella que emana de la falta de respeto a los derechos de los niños enunciados en los tratados internacionales y de violentar -por omisión-las leyes mexicanas al incumplir con la responsabilidad que tiene el Estado para asegurar un ambiente que garantice al máximo la supervivencia y el desarrollo de la infancia.
En esta ocasión finalizo con lo dicho alguna vez por el filósofo y revolucionario ruso, Mijaíl Bakunin: “Yo soy partidario convencido de la igualdad económica y social, porque sé que, fuera de esta igualdad, la libertad, la justicia, la dignidad humana, la moralidad y el bienestar de los individuos, así como la prosperidad de las naciones, no serán nada más que mentiras.”
Aída María Holguín Baeza
Correo electrónico: laecita@gmail.com
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