Las Senadoras Sylvia Martínez Elizondo y Angélica de la Peña se comprometieron ante el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y familiares de víctimas de desaparición forzada en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, a presentar un punto de acuerdo para exigir al gobernador César Duarte Jáquez permita la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en la identificación de víctimas encontradas en fosas clandestinas.
“Tengo conocimiento de que existen acuerdos con el gobernador desde 2014 y la Fiscalía General del estado para la contratación del Equipo Argentino de Antropología Forense con el fin de esclarecer qué pasó en estos lugares, y es verdaderamente reprobable que ahora se esté negando a su participación”.
Lucha Castro, activista y defensora de Derechos Humanos, quien desempeña el cargo de coordinadora del CEDEHM, criticó la actitud del gobernador chihuahuense cuando Amnistía Internacional presentó en enero de este año el informe “Un trato de indolencia, la respuesta del Estado a las desapariciones en México”, quien negó que en su gobierno haya desapariciones forzadas. “
Nosotras le mostramos con datos duros que más de 70 por ciento de las desapariciones han sido en su periodo de gobierno, entonces hay una negativa absoluta a aceptar la problemática y eso ha pegado muchísimo a las familias”, señaló la activista.
En el estado de Chihuahua según cifras oficiales, existen mil 698 personas desaparecidas, pero hay un enorme subregistro debido a que las familias no pueden denunciar por el temor, afirmaron familiares de las víctimas de desaparición forzada, y señalaron la colusión del crimen organizado con la policía y otras autoridades.
“Vivimos en un narcoestado, sabemos de antemano que tenemos derecho a nombrar peritos independientes que merecen nuestra confianza, la Ley General de Víctimas nos protege”, dijo Edna Patricia Vázquez, una de las afectadas.
Carlos Azueta, representante de Amnistía Internacional expresó la preocupación de la organización por la situación de Ciudad Cuauhtémoc, y señaló que el Estado mexicano y las autoridades de Chihuahua tienen una obligación bajo derecho internacional de investigar adecuadamente todos estos casos.
“Es una obligación que no cumplen y no sólo no cumplen, sino que parece que actúan además de mala fe. El trabajo que hace la Fiscalía del estado de Chihuahua no sólo es deficiente, sino que es de mala fe. No tienen ni la capacidad ni la intención de investigar correctamente estos casos y en lugar de aceptar la exigencia legítima de las familias de que un grupo experto trabaje las únicas muestras que hay, que además se van a extinguir cuando se hagan las probanzas técnicas”.
En octubre de 2011 se localizó una fosa clandestina en “Rancho Dolores”, municipio de Cuauhtémoc con fragmentos de restos humanos sumamente calcinados. Luego en noviembre de 2011, en un lugar conocido como “El Mortero” en el municipio de Cusihuiriachi, se localizaron más restos en las mismas condiciones; finalmente, en la “Brecha El Porvenir”, del municipio de Carichí, hubo otro hallazgo con restos multifragmentados y en alto grado de degradación.
Existen acuerdos con el Gobernador del Estado de Chihuahua desde diciembre de 2014, y con la Fiscalía General del Estado desde el 24 de noviembre y 3 de diciembre de 2014, para la contratación e intervención del EAAF en estos casos.
La Fiscalía General del Estado y el EAAF intercambiaron propuestas de contratos por más de un año, sin que se pudiera llegar a la concertación de las condiciones de participación, debido a las restricciones de la Fiscalía sobre el trabajo de los expertos.
El 19 de noviembre de 2015 el EAAF les envió una comunicación proponiendo “una instancia de diálogo entre las partes con los familiares y sus representantes legales para poder resolver estos temas.”; sin embargo, la Fiscalía nunca respondió.
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