Canalizarán a alumnos con problemas de conducta
El Congreso del Estado aprobó por unanimidad una reforma a diversos artículos de la Ley Estatal de Educación luego de una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del PAN, para que los alumnos con problemas de conducta sean canalizados desde la estructura educativa a instancias de apoyo psicológico.
El diputado Jaime Beltrán del Río, impulsor de la iniciativa, indicó que con estas reformas la institución estará obligada a dar aviso a los padres de familia sobre la mala conducta del menor, así mismo, los psicólogos que atiendan a estos menores determinaran alternativas de solución o bien, decidirán si deben ser remitidos al DIF Estatal, para el tratamiento correspondiente.
“Con la aprobación de este dictamen se cierra el círculo que los diputados del PAN buscábamos para que los estudiantes con problemas de conducta puedan ser atendidos; primeramente se logró con otra iniciativa del GPPAN, que cada institución educativa contará con un psicólogo en el plantel y ahora estos menores serán canalizados a instituciones de salud para darles seguimiento y corregir estas conductas lesivas”, afirmó Beltrán del Río.
La Comisión de Educación coincidió con el grupo parlamentario del PAN al reconocer la responsabilidad de los padres de familia o tutores en cuanto a la atención de los problemas de conducta dentro de los centros escolares, pues como bien se ha expresado en múltiples ocasiones, la formación en valores empieza en la casa y se refuerza en la escuela, pero de poco valdrán los esfuerzos institucionales por formar a las nuevas generaciones con disciplina y respeto a la sociedad y sus instituciones, si no se cuenta con la colaboración decidida de quienes ejercen la patria potestad de los menores.
Se reformó la fracción XII del artículo 168; se adicionan una fracción XLIV al artículo 13 y las fracciones VII y VIII al artículo 131; se derogan las fracciones III y IV, del artículo 130, todos de la Ley Estatal de Educación.
Con esta reforma quienes ejercen la patria potestad o la tutela tendrán la obligación de colaborar con el personal docente que atienda a sus hijos en el tratamiento de los problemas de conducta o de aprendizaje e informar inmediatamente a las autoridades educativas los cambios que se presenten en la conducta.
Además se sancionarán aquellas instituciones que teniendo la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios y prestan servicios educativos, el ocultar a los padres, madres o tutores las conductas de los alumnos que deban ser de su conocimiento.
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