—Por Manuel García Dávila—
EL Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso presentó en voz de la diputada Patricia Flores una iniciativa para reformar los Códigos Penal y de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, ya que sin dejar de reconocer los esfuerzos que se han hecho en esta materia, todavía falta por hacer en cuanto a derechos para las víctimas y ofendidos.
Sobre todo de aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad por sus condiciones especiales de genero, edad, discapacidad, discriminación, raza, entre otras cuestiones. Es por esto, que se proponen una serie de reformas en materia penal, para seguir fortaleciendo el papel de la víctima y ofendido, sin menoscabar el derecho que tienen todo imputado a una defensa técnica así como al respecto de sus garantías fundamentales.
Esta iniciativa nace del esfuerzo que realiza la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres (CONAVIM) que en conjunto con el Ejecutivo Federal y las Legislaturas de los Estados impulsa dichas modificaciones, por lo que nos hemos dado a la tarea de incorporar las propuestas planteadas por este organismo, adecuándolo a nuestra legislación estatal para fortalecer nuestro modelo de justicia penal, el cual debe de velar y garantizar por un absoluto respeto a la víctima y ofendido, sobre todo a aquellas en condición de vulnerabilidad.
Entre las disposiciones que se pretende reformar destacan la ampliación de la definición de reparación del daño abarcando los gastos originados por la comisión del delito como lo son los que ameriten atención psicológica, apoyos sociales, médicos entre otros.
Por otro lado se hacen reformas tendientes a la protección de las víctimas sobre todo a aquellas que por sus condiciones especiales se encuentren en situación de vulnerabilidad como puede ser el caso de las mujeres, los menores de edad, las personas en situación de discapacidad o en pobreza entre otros factores.
Así mismo, se agrava la violación cuando el sujeto activo del delito realice copula con una persona menor de dieciocho años, cuando sea su descendiente directo y se fortalecen las medidas cautelares estableciendo que dentro de su objeto es el de brindar protección a la víctima.
En resumen, dijo la diputada, la presente iniciativa contribuye a los esfuerzos que desde otras trincheras se han realizado en materia de protección y atención a víctimas y ofendidos del delito.
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