El año pasado fueron aprobadas reformas profundas para el combate a las factureras, conocidas como reforma penal fiscal o Ley Antifactureras, que entre otras cosas tipifica las factureras como crimen organizado. La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), a través de su titular, Carlos Romero Aranda, dijo que entre marzo y abril tendrán las primeras ordenes de aprehensión y los primeros encarcelados por defraudación fiscal, entre los que están las factureras.
Entre las reformas que se aprobaron el año pasado está la conocida como reforma penal fiscal o Ley Antifactureras, que entre otras cosas tipifica la venta de facturas falsas como crimen organizado. Para esto se tuvo que reformar, entre otras disposiciones: la Ley de Seguridad Nacional, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Como consecuencia de la aprobación de las reformas, algunas empresas corrigieron su situación reconociendo haber comprado facturas a factureras, esto incluso antes de que la llamada Ley Antifactureras entrara en vigor oficialmente el pasado primero de enero.
El monto recuperado fue superior a los 2 mil millones de pesos. Adicionalmente, otras seis empresas regularizaron su situación en enero, aunque todavía no hay una estimación del monto. “Hay varios contribuyentes que prefieren pagar antes que jugar más allá por los riesgos que presenta la nueva ley”.
Por instrucción de presidencia, se irá a fondo contra los defraudadores fiscales mediante la acción conjunta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Según la estimación del procurador, hasta la fecha ha habido compra de facturas por un monto equivalente al 2 o 3% del producto interno bruto (PIB). Según el funcionario, su interés no es encarcelar empresarios sin hacer que estos paguen sus contribuciones
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