El titular de la SRA presentó los resultados del FIPP junto con ejidatarios e inversionistas asociados
El Secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, afirmó que hay certeza jurídica en la propiedad social para impulsar las inversiones en los ejidos, que han alcanzado los 111 mil 346 millones de pesos en los últimos tres años de la actual administración.
Hoy el 94 por ciento de la tierra ejidal –100.4 millones de hectáreas- tiene plena certeza jurídica y es piso firme para el desarrollo productivo del país, subrayó el secretario Escobar, quien aseguró que sí es posible que inversionistas y campesinos trabajen juntos cuando hay confianza, tratos justos y respeto a la ley.
En conferencia de prensa, el titular de la SRA presentó los resultados del programa de Fomento a la Inversión Pública y Privada en la Propiedad Rural (FIPP), a cargo de la Procuraduría Agraria que encabeza Rocendo González Patiño, y que consiste en un novedoso esquema de alianzas entre inversionistas y ejidatarios sin que éstos tengan que vender la tierra.
Junto con inversionistas y ejidatarios asociados a través del FIPP, dijo que con este programa se han comprometido inversiones por 111 mil 346 millones para el desarrollo de 2 mil 190 proyectos en núcleos agrarios. El 60 por ciento de los recursos ya fueron aplicados, agregó.
El secretario Escobar explicó que el beneficio directo comprometido con los 225 mil sujetos agrarios es de 8 mil 880 millones de pesos, de los cuales han sido entregados 2 mil 558 millones.
La inversión a aplicar en 600 mil hectáreas de propiedad social proyecta la creación en el medio rural de 33 mil 453 empleos directos, de los que 26 mil 500 ya se generaron, así como otros 40 mil 350 indirectos.
La certidumbre jurídica que se da a la inversión viene a fortalecer los presupuestos que el gobierno del presidente Felipe Calderón destina al campo y pronto comenzarán a verse los nuevos rasgos de desarrollo en los ejidos, donde urge fortalecer el tejido social, afirmó.
Dijo que ejidos que son propietarios en conjunto de 20 millones de hectáreas, es decir la quinta de la propiedad social, se han acercado a las instituciones agrarias para recibir asesoría y ser incorporados al FIPP.
En la conferencia de prensa participaron ejidatarios e inversionistas socios en proyectos productivos de tipo turístico, inmobiliario, minero, eólico, agropecuario, cultivo de caña de azúcar, que se desarrollan en los ejidos Isla de Piedra, en Mazatlán, Sinaloa; El Sargento, en La Paz, Baja California Sur; Río Balsas, en Cocula, Guerrero; Huejotitan de Jocotepec, Jalisco; San José de Tapia en Zacatecas; San Antonio Peña Nevada, en Doctor Arroyo, Nuevo León.
Ellos dieron su testimonio de cómo, con asesoría y acompañamiento de la Procuraduría Agraria, fue posible concretar alianzas en las que hay respeto a la ley y reparto equitativo de las utilidades, y destacaron la importancia que tiene la certeza jurídica para las inversiones.
El procurador Agrario, Rocendo González Patiño, explicó que el objetivo del programa es aprovechar la certeza jurídica de la tierra social para darle entrada a inversiones en la realización de empresas que cumplan dos requisitos: aprovechar la vocación de ejidos y comunidades e incorporar a sus dueños en el negocio sin que tengan que deshacerse de sus tierras.
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