—Por Gabriela Coutiño—
Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Unos 400 empleados de áreas administrativas fueron despedidos del Tribunal de Justicia del estado debido a problemas financieros, y como parte del plan de austeridad que el gobierno de Chiapas comenzó aplicar ante el caos financiero que dejó el exgobernador Juan Sabines Guerrero.
Ante el rigor económico, Oscar Rolando Ramos Rovelo, presidente del Tribunal de Justicia, ordenó el despido de los trabajadores que ganan entre nueve mil y 13 mil pesos mensuales, algunas secretarias y recepcionistas con 16 años de antigüedad.
Al finalizar el mes decenas de empleados que fueron despedidos obligándolos a firmar renuncias voluntarias de estructuras administrativas, informática, tesorería, oficialía de partes, contraloría y fondo auxiliar, ya no pudieron checar su ingreso a las oficinas, a algunos no se les permitió el acceso.
“Hoy no pudimos checar para ingresar a nuestras labores, tememos que se nos constituya alguna falta administrativa; la supuesta austeridad solo afecta al personal operativo, pero no a los mandos de primero y segundo nivel, ni a los recomendados de los políticos”, denunció uno de los trabajadores Tomás Moreno Alfaro.
Los trabajadores cuestionaron que el llamado Plan de Austeridad que anunció el magistrado presidente solo se aplicó a los trabajadores. “Son austeros con los de la base operativa, mas no con los magistrados, porque sus sueldos rebasan los 100 mil pesos, sin contar las nóminas confidenciales”, dijo Guadalupe Cortés, analista del Centro de Justicia alternativa.
El Tribunal Superior de Justicia de Chiapas es “un órgano autónomo”, pero dos días antes de despedir a los empleados, el presidente Oscar Rolando Ramos Rovelo informó que firmó con el Presidente del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa, Alberto Peña Ramos, y el Presidente del Tribunal del Trabajo Burocrático, José Lauro Castillejos Matuz, de forma voluntaria, el “Pacto Solidario a la Función Judicial por Chiapas”.
El pacto según, contempla la reducción voluntaria de sus sueldos tanto de consejeros del consejo de la Judicatura, Magistrados y Jueces que integran el Poder Judicial del Estado, así como de diversos funcionarios adscritos a áreas administrativas, con la finalidad de unir esfuerzos y solidarizarse con las medidas de austeridad propuestas por el gobernador, Manuel Velasco Coello, ante la adversidad financiera que atraviesa la entidad.
Aunque no señalan el monto de sus salarios, los magistrados chiapanecos señalaron que su pacto generará un ahorro en la nómina presupuestal para el ejercicio 2013, de 140 millones de pesos.
NOTICIAS/TRIBUNA CHIAPAS
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