En México, el 72 por ciento de los productores del campo están en quiebra. Entre 2006 y 2011, las familias que vivían en el medio rural tuvieron una pérdida acumulada del poder adquisitivo del 44 por ciento, más de 29.2 millones de agricultores no contaban con acceso a la canasta básica, y sólo 3.9 millones pudieron consumir algunos productos que la integran.

Además, sus comunidades están desmembradas y la migración a Estados Unidos explica la desarticulación del tejido social en las poblaciones campesinas del país.

En algunos lugares, ocho de cada 10 integrantes de una familia se desplazan a esa nación.

El 81 por ciento de las remesas que enviaron los migrantes el año pasado fue destinado al gasto en alimentos, renta y salud; siete por ciento, al ahorro; seis por ciento, a gastos escolares; uno por ciento, a negocios, y el cinco por ciento restante, a gastos diversos. Nuestro país sobrevive con los más de 23 mil millones de dólares que mandan los mexicanos que residen en la Unión Americana.

Quienes trabajan en el vecino país del norte cuentan con pésimas condiciones laborales y sueldos poco competitivos. El ingreso mensual del siete por ciento de los migrantes equivale a mil 600 pesos; 44 por ciento gana entre mil 600 y cuatro mil pesos, y el 24 por ciento, entre cuatro mil y seis mil 400 pesos al mes.

Entre 1970 y 1979, la población nacional era 70 por ciento urbana y 30 por ciento rural. En 2010, el 22 por ciento de los mexicanos vivía en comunidades agrícolas, y el 78 por ciento en ciudades, como resultado del constante deterioro de las condiciones de vida en el campo.

Además, el 88 por ciento de los connacionales en el país cuenta con el recurso hídrico, mientras que sólo el 68.7 de las comunidades agrarias pueden disponer del líquido; en el área urbana, el 78.1 de la población tiene acceso a drenaje, mientras que en el medio rural, sólo el 38.2 por ciento cuenta con el servicio.

La cobertura de electrificación es del 95 por ciento, y en el campo, de 68 por ciento. El grado de marginación y el acceso limitado a servicios de agua potable, drenaje y energía eléctrica en el agro es similar al de 1933, se considera en el documento.

En febrero de 2010, más de 32 millones de mexicanos se encontraban en el sector, y de éstos, sólo 8.5 millones estaban ocupados en actividades agrícolas y ganaderas. Del total, el 34 por ciento no recibían ingreso -10.2 millones-; 25 por ciento percibían hasta un salario mínimo -8.7 millones-; 27.9 por ciento, de uno hasta dos salarios mínimos -8.4-; siete por ciento, de dos hasta cinco -2.1 millones-, y sólo 6.1 por ciento de los obreros agrícolas recibía un ingreso superior a cinco minisalarios, 1.8 millones de personas.

La deforestación y el mal manejo de los recursos en el campo, señalan los universitarios, agudizan la situación de las familias campesinas, y dejan el escenario para la eventual incorporación a la pobreza de cinco millones de mexicanos en este año.

En la región del Pacífico Sur y la Península de Yucatán, zonas caracterizadas por sus actividades agrícolas y el predominio de la población indígena, al concentrar el 56.2 por ciento del total nacional, se registran los indicadores de bienestar más bajos de México. El 70 por ciento de la población, en esas regiones es urbana, aunque concentran el mayor porcentaje de analfabetas del país y el menor número de escuelas a nivel nacional.

En tanto, a 20 años de la reforma al artículo 27 constitucional, las comunidades indígenas organizadas bajo la modalidad de tierra colectiva están desmanteladas y la participación del sector primario en el Producto Interno Bruto (PIB) se redujo, lo que se traduce en un cambio paulatino de posesión de la tierra, y en un despoblamiento gradual y constante del campo.

El 51.3 por ciento de los ejidatarios poseen sólo 13 por ciento del total de las tierras nacionales. Para diciembre de 2011, de acuerdo al Centro de Estudios y Publicaciones de la Procuraduría Agraria, el 29 por ciento del total de tierras ejidales y comunales se encontraba en proceso de cambio de dominio para ser propiedad de empresas transnacionales.

Además, la apertura comercial significó que México dependiera de las importaciones de maíz proveniente de Estados Unidos, mismas que se multiplicaron por 15 desde 1994.

El valor de las exportaciones agrícolas del vecino del norte al país, pasó de tres mil 476 millones de dólares entre 1991 y 1993, previo a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a siete mil 516 millones en el último trienio, lo que representó un incremento del 116 por ciento, según el reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

El costo del agotamiento y la degradación ambiental provocados por el acuerdo trilateral equivalen, en la actualidad, al 10 por ciento del PIB. En la última década, los daños por contaminación ambiental alcanzaron en el país 42 mil millones de dólares.

México, ocupa el primer lugar mundial en deforestación: 731 mil hectáreas al año. Entre 1990 y 1999, el área cubierta con tierras forestales se redujo de 32 al 28 por ciento, mientras que las emisiones de bióxido de carbono crecieron de 3.7 a 3.9 toneladas métricas; en EU y Canadá sucede lo contrario.

Para finalizar, el TLC tiene efectos definitivos e irreversibles. El flujo constante de migrantes separa familias y quiebra lazos comunitarios, deja grandes zonas despobladas y devastadas ecológicamente, que hoy son sitios difíciles de habitar por las implicaciones a la salud provocadas por desechos tóxicos no regulados