Hay responsabilidades políticas de lo sucedido en Nochixtlán y recaen en el gobierno de Enrique Peña Nieto. En particular, existe una responsabilidad clara en el titular de la SEP, Aurelio Nuño, quien tomó la decisión de escalar su beligerancia contra la CNTE, con el pretexto de implementar la Reforma Educativa privilegiando la fuerza y no el convencimiento. Los asesinatos de maestros y civiles ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, pudieron evitarse.
Las responsabilidades penales relacionadas con el desastre de los servicios de inteligencia para identificar riesgos, la improvisación o franca saña de las fuerzas del orden para contener manifestantes, deben ir por el sendero de las investigaciones independientes y deben ser castigados de forma ejemplar. Pero hay responsabilidades políticas de lo sucedido y recaen en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En particular, existe una responsabilidad clara en el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, quien tomó la decisión de escalar su beligerancia contra la CNTE, con el pretexto de implementar la Reforma Educativa privilegiando la fuerza y no el convencimiento.
Caricaturizado a la Coordinadora y sus seguidores como un enemigo a vencer o aniquilar, la consecuencia visible de tal medida salta a la vista en los sucesos de Oaxaca.
Pero, por otro lado, la otra consecuencia es, y hay que decirlo, que el secretario Nuño envenenó la Reforma Educativa que dice defender. El núcleo de la Reforma Educativa descansó en la promesa de que fueran las capacidades académicas y profesionales, y no las lealtades personales, políticas o sindicales, las que determinaran los procesos de ingreso, permanencia, promoción, estímulos y reconocimientos de los maestros.
Así, el sistema giraría en torno a lo educativo y no en el control político del magisterio. Lejos de ser guardián del cumplimiento de esta promesa, Aurelio Nuño cometió cuatro errores garrafales: Primer error.
Decidió que el éxito inmediato de la implementación de la reforma se midiera en función de la continuidad del calendario escolar y del sometimiento de los profesores a los procesos de evaluación. En ese contexto, Nuño consideró prioritario despedir a los profesores que no se evaluaran o que faltaran tres días seguidos o con tres ausencias en el lapso de un mes.
No conforme, decidió anunciar el número de maestros despedidos como trofeo de guerra. Este error trajo diversas consecuencias. Por principio de cuentas, dio la razón a quienes señalaron que se trataba una reforma “punitiva” diseñada para castigar profesores y alejó el beneficio de la duda con el que había nacido la reforma tanto en la opinión pública como en el magisterio.
Ello limitó el margen de legitimidad de la reforma y su aplicabilidad. Era claro que las resistencias a la evaluación y las ausencias del salón de clases se debían a las protestas de los maestros inconformes con la reforma, por las razones que fueran.
En este sentido, priorizar el despido de profesores no era sino una señal de exigencia de disciplina política o franca sumisión a los designios del gobierno, lo que naturalmente fue inaceptable para los docentes. Peor, lo que significó una “aplicación estricta de la ley” no resultó más que una simulación por lo que a continuación se menciona.
Segundo error. Promovió una manipulación política de la ley al perseguir judicialmente únicamente a los dirigentes de la CNTE cuando los delitos que presuntamente cometieron en realidad eran similares a los que caracterizaron a dirigentes del SNTE (lavado de dinero, cobro de comisiones ilegales, desvío de recursos) sin que éstos fueran tocados con el pétalo de un citatorio más allá del quinazo al inicio del sexenio contra Elba Esther Gordillo.
Peor aún, el gobierno puerilmente decidió que el mejor momento para reactivar y cumplir las órdenes de aprehensión contra los dirigentes de la CNTE fue cuando anunciaron una alianza política entre esta organización y Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, principal contendiente en la elección presidencial del 2018.
Este es un error, desde el punto de vista educativo, del que no aprenden los gobernantes: los procesos del sistema educativo no deben estar regidos por los ciclos electorales o las ambiciones presidenciales del titular de la SEP en turno.
La promesa de que el Estado recuperaría la rectoría de la educación la rompió el propio Nuño al supeditar los cálculos electorales a la implementación exitosa de la reforma.
También rompió la promesa de que las autoridades educativas no estarían capturadas por los intereses electorales de gobernantes, sindicatos y grupos de presión a grado tal que hiciera inoperable cualquier decisión educativa.
Tercer error. Nuño descuidó lo que verdaderamente haría exitosa a la reforma: generar confianza en los maestros sobre los nuevos procesos de ingreso, permanencia, promoción, estímulos y reconocimientos. Ello exigía varias tareas.
De entrada, diseñar un verdadero servicio profesional de carrera. Las prisas, por entendibles que fueran, para sacar adelante la legislación secundaria de la reforma constitucional en materia educativa, no eximían del gobierno de la creación de un horizonte de carrera profesional que resultara en un incentivo poderoso para los maestros.
Así, la perspectiva de los docentes de incorporarse al nuevo sistema por las opciones profesionales que ofrecía en lugar del miedo, era el camino a seguir.
Por el contrario, el mandato constitucional terminó en un remedo del programa Carrera Magisterial que simplemente no cumplió con las expectativas de un nuevo modelo de carrera y peor desnudó las pulsiones autoritarias del régimen al pretender imponer la reforma a la fuerza. Asimismo, estaba la tarea fundamental de comunicar eficazmente los propósitos de la reforma y sus mecanismos de implementación sobre todo a los docentes pero también a la sociedad.
La cerrazón de Nuño a cualquier diálogo con los disidentes de la reforma a cambio de su sumisión lo condenó a perder la oportunidad de rendir cuentas sobre la reforma y deliberar su razón de ser y sus mecanismos. Lejos de ello, inició una persecución verbal y judicial contra la CNTE y dejó en manos del propio SNTE la comunicación con los docentes.
Este fue un craso error pues se multiplican las historias de cómo la dirigencia sindical no sólo se encargó de no comunicar sino de sembrar rumores, falsas informaciones y confusión entre los maestros. Mientras, el gobierno se desentendió y prefirió emplear una visión vertical en la implementación de la reforma.
Por su parte, era indispensable que las plazas se entregaran a quienes tenían las mejores capacidades para ejercer la función docente, ello implicaba varios aspectos que van desde el supremo cuidado en la definición consensuada de los perfiles, parámetros e indicadores docentes, su adecuada socialización, la cuidada revisión y aplicación de los instrumentos de evaluación, así como la transparencia total en las listas de prelación para la asignación de las vacantes y la verificación pública de que las plazas docentes se entregaban conforme a derecho.
Sintomático de esta negligencia es que el gobierno fue incapaz de echar a andar un sistema que permitiera recibir denuncias de casos en los que no se cumpliera con los procedimientos planteados en el servicio profesional docente y actuar en consecuencia.
Finalmente, nunca hubo un interés real por resolver los casos de corrupción pasados en el uso de los recursos para la educación mediante procesos administrativos y judiciales.
Lejos de castigar los abusos contra los maestros por parte de la dirigencia sindical, se les apapachó con el Programa de Refinanciamiento de Créditos de Nómina para los Trabajadores de la Educación que legitimó la usura y el control autoritario de los dineros de los maestros. Mucho menos se establecieron controles para terminar con el pago de aviadores y comisionados a partir del Censo ordenado por la propia reforma. En este sentido, la conciliación de la nómina fue una auténtica burla.
Ya ni preguntemos sobre el impulso de la democratización sindical. El cuarto error quizá no fue propiamente de Nuño, aunque sin duda debió preverlo: la falta de alternativas económicas para los potenciales excluidos de la reforma. En el país, pero en particular en Oaxaca, la nómina magisterial se convirtió en una fuente de movilidad social y de ingresos con prestaciones sociales que otros empleos simplemente no ofrecen.
La débil economía, pobreza y marginación de estados como Oaxaca hacen que pertenecer al magisterio sea una auténtica fortuna al no existir otras fuentes de ingreso dignas ni permanentes. Más aún, por ejemplo en 2012, mientras que la SEP contabilizaba a 48 mil 622 maestros de educación básica en Oaxaca, en la nómina se le pagaba a 98 mil 432 personas diferentes, cifra menor a los 81 mil 300 maestros que la CNTE consideraba según su “plantilleo”. Si en realidad todas esas personas dieran clases, aulas en Oaxaca tendrían de entre 9 y 11 alumnos por maestro.
Ello no es así, por supuesto, pero una reforma que, de aplicarse a rajatabla, dejaría en la calle a entre 50 y 19 mil personas sin opciones productivas dignas, ¿qué esperaban que hicieran todas esas personas y sus familias si no resistirse a la reforma como fuera? De ahí que la ausencia de proyectos productivos que dieran salida a toda esa población ha sido escandalosa.
Las Zonas Económicas Especiales no cumplirán con ese propósito porque, de entrada, no fue diseñado así y, de salida, es un desarrollo ajeno a las características demográficas y económicas de la región.
Por todo lo anterior, Nochixtlán, Oaxaca, no es más que la consecuencia de una cadena de errores de juicio por parte del gobierno, en general, y de Aurelio Nuño, en particular. No se sabe si existirá voluntad política para corregir el rumbo.
La presión de la ciudadanía no le dejará muchas opciones a su alcance. Si persisten en privilegiar las ambiciones personales y de grupo, ninguna solución será posible porque estará de lleno en la contienda electoral dejando lo educativo en lo secundario.
Lo peor será que la cerrazón del gobierno provoque que la única medida que fue razonablemente aceptada en el gobierno de Peña Nieto, la Reforma Educativa, termine simplemente en la ignominia envenenada. Investigar Nochixtlán, castigar a los responsables y establecer un diálogo franco, áspero, público, pero honesto con los disidentes de la reforma, son apenas los primeros pasos para corregir el rumbo. El gobierno tiene la palabra.
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