El pasado 26 de junio, el Congreso del Estado de Chihuahua aprobó importantes modificaciones a la Ley de Bienestar Animal (LBA), al Código de Procedimientos Civiles (CPC) y la expedición de un Código de Procedimientos Familiares (CPF).
Sin duda para los activistas en temas de interés público, las noticias al respecto han generado sentimientos encontrados porque lo sucedido ese día, nos dice que mientras que los animales ya no podrán ser usados en los circos en aras de su bienestar, los seres humanos -habitantes de Chihuahua- quedamos en inminente riesgo de ser despojados de nuestro patrimonio en aras del bienestar -económico- de los grandes acreedores.
Si bien es cierto que la prohibición del empleo de animales en espectáculos circenses no es solo cuestión de amor a éstos, sino de evitar el maltrato al que son sometidos durante su adiestramiento; también es cierto que no se puede poner en la misma balanza con respecto de los Derechos Humanos; es decir, no es correcto que se proteja a los animales mientras se desprotege a los seres humanos.
El avance de la reforma a la LBA es sencillo de entender, y es probable que por eso el Congreso se haya ganado la simpatía de muchos y los reflectores de los medios de comunicación; esto, a pesar de que todavía falta que se publique en el Periódico Oficial del Estado para que entre en vigor; cosa contraria a lo que pasó con las modificaciones al CPC y la creación del CPF: poca cobertura mediática y escaso interés de los ciudadanos; por lo tanto, poca protesta contra el retroceso.
La falta de información y la premura con la que estos Códigos fueron dictaminados, votados y aprobados -a puerta cerrada-, no es fruto de la casualidad. Los legisladores bien sabían que de haber estado informados los ciudadanos de lo que esas “pequeñas” modificaciones significaban, las cosas no les hubieran resultado tan sencillas.
Lo que el Congreso hizo en relación los Códigos, va en contra de nuestra Carta Magna y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En pocas palabras -y retomando textualmente lo dicho por el Dr. Víctor Quintana: “las mujeres y las niñas podrán seguir siendo víctimas de violencia en su familia, y los deudores […] podrán ser desalojados de manera ‘fast track’, sus bienes embargados y esposados por la policía.”
En el caso del CPC, se ha hecho legal y expedito el despojo del patrimonio familiar por parte de los grandes acreedores, que sin importar el monto de la deuda, estarán protegidos por la ley para proceder al embargo del patrimonio de los chihuahuenses.
Con la expedición del CPF, se fortalece (bajo el amparo de la Ley) el machismo y la violencia en contra de mujeres, de niñas y de niños. Así mismo, -a diferencia de lo hecho con el CPC- no se consideró que los juicios para el reconocimiento legal de la paternidad ni para garantizar el pago de pensiones alimenticias sean ágiles y expeditos.
Respecto a esto último, es importante reflexionar que aún y cuando hoy en día no tuviéramos alguna deuda que ponga en riesgo nuestro patrimonio; la falta de empleo, los bajos sueldos y el encarecimiento de los productos y servicios básicos nos obligará -tarde o temprano- a solicitar préstamos y créditos que seguramente no podremos pagar, y que serán causa -con la ayuda de los legisladores- de una afectación de impensada proporción; nada más y nada menos que el derecho humano a una vivienda digna.
Cuando la protección de los humanos pasa a segundo término para las autoridades, resulta imposible -al menos para mí- festejar -como debió haber sido- el avance obtenido en materia de protección animal. Y es que no podemos pasar por alto que quienes adoptamos y protegemos animales en situación de calle y/o de maltrato, estamos ante la posibilidad de estar en su misma situación en un futuro no muy lejano.
Con todo esto, y con muchas otras cosas que suceden en el poder legislativo (que es donde se fijan las bases normativas para la impartición de la justicia y el actuar de las autoridades), que es de primordial importancia saber el sentido en el que votan los legisladores, porque si no lo hacen pensando en el interés público, deben recibir castigo en los futuros procesos electorales en los que tengan el descaro de participar.
Y ante la pregunta ¿Bienestar animal o Derechos Humanos?, la respuesta podría ser: ambas, pero es obvio que hubo una mayoría en el Congreso que optó solo por lo primero.
Finalizo en esta ocasión con lo dicho por el escritor, filósofo y pensador alemán, Arthur Schopenhauer: “Si reinase la justicia, bastaría con haber construido nuestra casa y no se necesitaría otra protección que la del derecho público de propiedad. Pero como lo que está a la orden del día es la injusticia, se exige que quien ha construido su casa esté también en condiciones de protegerla; de lo contrario, es incompleto su derecho a ella y el agresor tiene derecho a la fuerza bruta.”
Aída María Holguín Baeza
Correo: laecita@gmail.com
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