Han pasado 9 meses desde que ocurrió la lamentable, vergonzosa y mundialmente conocida tragedia del Aeroshow, y para las autoridades chihuahuenses aún no ha sido posible deslindar responsabilidades -y mucho menos aplicar los sanciones correspondientes-.
Son casi 300 días en los que los irresponsables involucrados en la tragedia han ido recorriendo el fácil camino de la impunidad; los mismos días que cientos de víctimas (directas e indirectas) han recorrido el duro camino de la injusticia.
Si bien es cierto que hay cinco personas que están siendo procesadas por los cargos de homicidio imprudencial, daños y lesiones; también es cierto que solo una de ellas enfrenta dicho proceso tras las rejas.
Más allá de la desigualdad en la que están siendo procesados esos cinco presuntos responsables de la tragedia, está el hecho de que la evidente cadena de negligencias cometidas no solo fue responsabilidad de cinco personas.
Para que la tragedia del Aeroshow se diera, hubo una serie de actos negligentes que propiciaron la muerte de 9 personas y otro medio centenar con heridas de gravedad; aun así, las autoridades encargadas de impartir justicia siguen haciendo todo lo posible por excluir del proceso a ciertos funcionarios públicos involucrados en el caso, convirtiéndose esto último en otra negligencia que se puede sumar a la los eslabones de la cadena.
Es importante señalar que el término ‘negligencia’ se refiere a la falta de cuidado sobre algún asunto; en este caso particular, inició con el “descuido” en la entrega de 17 millones de pesos del erario público a una Asociación Civil “sin fines de lucro” constituida en 2011 (expresamente para organizar este evento), siguió con la falta de vigilancia del ejercicio de estos recursos, luego con la subcontratación de la empresa ‘Demolition Show’ sin verificar que cumplieran con la experiencia y requisitos necesarios efectuar maniobras tan riesgosas; y por supuesto, la falta de cuidado en el establecimiento de medidas de seguridad y protocolos (específicos y especiales) de protección civil en el lugar donde se llevaría a cabo el espectáculo, y continúa con las omisiones cometidas por la autoridad “competente” en relación a las líneas de investigación para deslindar las responsabilidades.
Es así, como el caso Aeroshow sigue acumulando negligencias que parecen no tener fin, al estar se repitiendo y extendiéndose por las instituciones encargadas de impartir la justicia.
Cierto es que el Ayuntamiento de Chihuahua pidió la disculpa “pública” recomendada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que la Auditoría Superior del Estado concluyó la auditoría realizada al Aeroshow (sin hacer público el resultado), que a gritos y sombrerazos el Ayuntamiento aceptó pagar indemnizaciones a las familias de los fallecidos, y que el Ayuntamiento acaba de interponer una demanda civil (por 33 mdp) contra de ‘Espectáculos Extremos de Chihuahua, A.C.’; sin embargo, por ningún lado se ha visto voluntad de impartir verdadera justicia.
Todo parece indicar que las autoridades no se han dado cuenta que las pocas acciones que han llevado a cabo (voluntaria o involuntariamente) casi todas se refieren a acciones en torno a lo económico, pero ninguna de ellas en relación a asuntos que no tienen precio, como lo son el ‘derecho a la vida y a la seguridad de las personas’, y el ‘derecho de ser iguales ante la ley’, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En fin, 9 meses han pasado y sigue sin haber información que nos indique si la Fiscalía ya tomó la declaración al ex alcalde de Chihuahua, Marco Adán Quezada Martínez, o que él haya acudido por voluntad propia, mínimo para ayudar a que se deslinden responsabilidades como es debido.
Infortunadamente, la tragedia del Aeroshow pinta para ser uno de tantos casos (de diferente índole) que en México, y particularmente en Chihuahua, han quedado en la impunidad. Como suele suceder, los más débiles serán duramente castigados, y los poderosos -a lo más- serán “tocados con el pétalo de una rosa”.
Finalizo en esta ocasión con la acertada -y peligrosa- afirmación de autor desconocido: “La impunidad propicia, fomenta e incrementa la repetición de un mal acto.”
Aída María Holguín Baeza
Correo: laecita@gmail.com
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