Ya no es novedad que las mantas, mensajes, muertes, secuestros y robos se han transformado en parte de la cotidianeidad en Chihuahua; pero la comisión de delitos hermanada a la más absurda impunidad, no puede ni debe aceptarse como cotidiano ni como parte de esta nueva “normalidad” en que vivimos y parecemos aceptar.
Ha sido nota nacional que en la Unidad de Bajo Riesgo (UBR) –mejor conocido como Centro de Reinserción Social o CERESO–, se encontró un Bar muy bien abastecido, y hasta con mesas de billar incluidas. ¿Para qué buscar entonces regular la venta de alcohol en expendios, cuando en la cárcel el alcohol corre a raudales?
Al fin de cuentas, esta noticia viene a colocar el “cereso” en pastel, y lo único que viene a la mente, es que más que un centro penitenciario, este es en realidad es un Centro Recreativo y Social que desnuda la cruda verdad: en las calles de Chihuahua se delinque y en la cárcel se festeja.
Paradójicamente, el operativo encabezado por la Policía Federal y que puso al descubierto las condiciones de “operación” al interior de la cárcel, inicialmente colocaba como nota periodística las denuncias por malos tratos durante el operativo que los elementos policiacos federales llevaron a cabo, donde por cierto, los internos alertaron a sus familiares gracias a los teléfonos celulares que usaban dentro del penal.
Tan solo un día después, los mismos medios de comunicación daban a conocer que durante ese operativo fue desmantelado un bar que operaba en el interior del ahora “Centro Recreativo y Social” ubicado en la capital del estado de Chihuahua.
Según la información proporcionada por la misma Policía Federal, luego de cuatro horas de cateo, los agentes federales confiscaron nada más y nada menos que 200 latas de cerveza, 12 botellas de tequila y 20 de vodka —esto, además de drogas, armas de diferentes tipos y teléfonos celulares–.
El caso es que mientras que los ciudadanos la pensamos diez veces antes de asistir a un bar o a un centro recreativo por la situación de inseguridad que se vive en el Estado de Chihuahua, los internos de un centro penitenciario pueden acudir de manera fácil y segura a disfrutar de un buen rato de esparcimiento.
Es entendible pues, que los internos hayan denunciado malos tratos por parte de los agentes federales, cuando al interior del centro carcelario estatal recibían un trato por demás amable y generoso.
Innegable es el hecho de que en el CERESO de Chihuahua se gozaba de un tácito permiso para la venta de bebidas alcohólicas, por lo que ahora será de elemental congruencia, exigir al Gobernador César Duarte la transparencia en los criterios que se aplicarán en la cancelación de permisos a un gran número de expendios que se dedican a esta misma actividad.
Cierto es que se luego del desmantelamiento del Bar UBR, se anunció el inmediato cese de del subdirector del Centro penitenciario, y horas más tarde, se daba a conocer que también fueron suspendidos un supervisor de seguridad y tres inspectores por haberlos encontrado responsables de la autorización de entrada de artículos prohibidos, así como de la instalación y operación de un bar-billar en la UBR.
Y aquí la que nace es: ¿No es la propia Fiscalía General del estado –por conducto de su titular– la primera instancia responsable directa de dichos acontecimientos? ¿O es que acaso las disposiciones, atribuciones y responsabilidades señaladas en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado sólo aplican para los elementos e instancias que la conforman, y su titular queda excluido de ellas?
Es así pues, que lo sucedido en la UBR pone a pensar seriamente en lo que pasa con la Fiscalía General del Estado, que ni su titular está enterado de algo que no se puede ocultar tan fácilmente. Es decir, la operación de un Bar al interior de la UBR, es igual a esconder a un elefante detrás de un palo de escoba.
En cualquier caso, el hallazgo que se hizo durante operativo encabezado por la Policía Federal, deja al descubierto la vergonzante manera en los delincuentes son “castigados” en nuestro estado… Y con tales castigos, seguramente los delincuentes estarán felices de purgar cadena perpetua por cortesía del Gobernador César Duarte.
Y si en la escuela en que concluyó sus estudios de licenciatura nuestro flamante gobernador no se lo enseñaron, habría que recurrir al criminólogo, economista y jurista italiano, Cesare Beccaria quien sabiamente dijo que: “La finalidad del castigo, es asegurarse de que el culpable no reincidirá en el delito y lograr que los demás se abstengan de cometerlo”.
Aída María Holguín Baeza
Correo: laecita@gmail.com
Artículos anteriores: http://laecita.wordpress.com
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