La violencia de carácter sexual es una expresión de poder ejercida por quienes tienen poder sobre quienes no lo tienen. Se trata del poder del género dominante en la sociedad, conjugado con el que otorga la edad, con el que se deriva de la plenitud integral del sujeto y con el que emana de la autoridad.
Dado el predominio patriarcal masculino, generalmente son los hombres quienes ejercen ese tipo de violencia, y las víctimas son mujeres e infantes de ambos géneros.
Por su género y por su edad, mujeres y niños son vulnerables a ella, unas y otros están sujetos a opresiones específicas, y su indefensión ante la violencia erótica es parte de esta opresión. Son también sujetos a opresión por edad los ancianos y cualquier menor.
La violencia sexual expresa también el poder sobre el desvalido; es decir, sobre los sujetos inválidos física, intelectual o afectivamente; y es ahora en este rubro de la violencia en el que Chihuahua vuelve a ser referencia nacional.
Esta vez, ha sido el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) el que ha señalado que el Estado de Chihuahua está ubicado en el segundo lugar en incidencia de delitos sexuales (violaciones) denunciados ante la autoridad correspondiente.
A través de este espacio de reflexión y opinión, ya se había señalado que no es la primera vez que diversos organismos nacionales e internacionales ubican a Chihuahua entre los primeros lugares de problemáticas sociales, ante las cuales el Gobierno del Estado se ha limitado a ignorar o desestimar, en vez de actuar en consecuencia para revertirlos.
De acuerdo a los datos exhibidos en los documento “estadísticas y herramientas de análisis de incidencia delictiva del fuero común”, publicados en la página de internet de la SESNSP, durante los últimos 4 años las violaciones sexuales en Chihuahua han ido a la alza.
Según dicho informe, en el año 2010 fueron 673 las denuncias por violación, en 2011 fueron 697 casos denunciados, en 2012 fueron 808 casos, en 2013 se incrementaron a 819, y hasta 21 de julio de este 2014, ya se contabilizaban 426 casos de violación denunciados.
Si bien es cierto que este documento expuesto por la SESNSP ubica al Estado de México como la entidad en donde se han registrado el mayor número de denuncias por violación, también es cierto que estas posiciones son respecto a las cifras directas; es decir, que si usamos la herramientas informativas de manera adecuada, las posiciones se revierten mostrándonos que la realidad es que estadísticamente Chihuahua ocupa el primer lugar de incidencia de violaciones.
Lo anterior, considerando que el Estado de México tiene (en números cerrados) 15.2 millones de habitantes y Chihuahua tiene 3.4 (según el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI); por lo tanto, el porcentaje de denuncias por violación correspondería a .8 por ciento y al .10 por ciento, respectivamente (11,889 violaciones denunciadas en el Estado de México y 3,429 en Chihuahua).
Otro dato que hay que considerar para la reflexión, pero mayormente para la implementación de políticas de seguridad pública para la prevención y erradicación de los delitos sexuales, está en el hecho de que el informe solo contabiliza los casos de violación denunciados; es decir, que no están a la vista otro tipo de delitos sexuales contemplados en el Código Penal, ni todos aquellos casos de violaciones que por temor o por algún otro motivo (cultural, familiar, etc.) no fueron denunciados ante las autoridades correspondientes.
En fin, una vez más el Estado en el que “no pasa nada”, se cuelga otra vergonzosa medalla que demuestra que sí está pasando algo, pero la estrategia de las autoridades sigue siendo la de señalar que se trata de hechos aislados, evadiendo así las responsabilidades que adquirieron al asumir el cargo.
Y aunque la incidencia en delitos es cosa de cuidado, de más cuidado debería ser el de la reincidencia; esto, considerando que gracias a los indebidos procesos o a la flexibilidad del sistema de justicia, muchos delincuentes han quedado libres para reincidir en sus prácticas delictivas; por otro lado, será necesario que las autoridades comprendan que negar o desestimar la información cuando ésta no les favorece, no es la solución a los problemas.
En esta ocasión concluyo con lo dicho alguna vez por el pintor y muralista mexicano, Rufino Tamayo: “La justicia no debe perseguir por motivos políticos, los que en mi concepto no constituyen delito alguno. Pero en cambio, debe ser inflexible con quienes cometen delitos del orden común, delitos con los cuales nuestra justicia, desgraciadamente, se muestra muy lenta.”
Aída María Holguín Baeza
Correo: laecita@gmail.com
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