La impunidad, injusticia social, colusión de los poderes públicos y poderes fácticos, la cultura política de opacidad y patrimonialismo de gobernantes y representantes populares, así como la simulación institucional, constituyen los pilares de los niveles de corrupción que imperan en el país.

Representan un problema institucional y político que exige soluciones estructurales. Tendría que combatirse en el sector público, donde los empleados se ven forzados a extorsionar a los ciudadanos por órdenes de sus superiores, y atender la competencia económica nula y la captura del Estado por intereses económicos y rentistas.

Las prácticas vinculadas a la corrupción estructural, corroen las fibras de la institucionalidad democrática del país, y aunque bien podrían ser erradicadas en el mediano plazo, hoy no existen las condiciones políticas idóneas.

A pesar de ser un problema institucional y político que exige soluciones estructurales, sólo ha sido combatida de manera superficial durante las últimas tres décadas. Es lo que actualmente ubica a México como uno de los países más corruptos de América Latina y el mundo.

La nación tiene el indicador de corrupción más alto en los últimos 10 años, al descender nueve lugares en el Índice de Percepción de la organización Transparencia Internacional. Ocupa el sitio 98, a lado de Egipto.

De acuerdo a los datos de Transparencia Mexicana, en 2001 los mexicanos pagaron sobornos en 10.6 de cada 100 trámites gubernamentales; en 2005, este indicador se ubicó en 10.1; en 2007, en 10, y en 2010, en 10.3.

En 2007, para acceder a los 35 trámites más importantes que se realizan en el país, las familias mexicanas gastaron 27 mil millones de pesos en mordidas y sobornos; en promedio, ocho por ciento de sus ingresos. En el caso de las familias más pobres, este gasto fue equivalente a un 18 por ciento.

En 2011, la cifra aumentó a 32 mil millones de pesos, lo que representó más de una tercera parte (el 33 por ciento) de los ingresos de quienes subsisten con menos de un salario mínimo, y el 14 por ciento de los núcleos familiares que reciben más de dos percepciones mínimas. Los ciudadanos no tienen alternativa más que pagar, o se quedan sin luz, sin salud, educación, patrimonio, justicia, o sin inscribir a sus hijos en la escuela.

Las medidas más urgentes para empujar la agenda del combate a la corrupción y el auspicio de la rendición de cuentas, en la dirección del verdadero control por parte de la ciudadanía son, entre otras, transparentar las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos y representantes populares, y convertir en sujetos obligados de las leyes de transparencia a sindicatos, partidos políticos y concesionarios de bienes públicos.

Establecer una Ley Federal de Conflictos de Interés, que amplíe los mecanismos de prevención de los mismos, endurezca sanciones, y haga obligatoria la publicidad de las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios públicos de alto nivel.

Auspiciar mayores y mejores garantías para fortalecer la cultura de la denuncia en México. Las leyes de protección a informantes sólo pueden funcionar en el marco de la vigencia de las libertades de expresión, de acceso a la información, de asociación y de sindicalización.

Así como otorgar plena autonomía e independencia a las instancias encargadas de velar por la honestidad y la transparencia en la administración pública, la eliminación de los salarios irracionales, los gastos improductivos, el derroche y los privilegios.