La entrada en vigor de la Ley SB1070 de Arizona, lesionaría gravemente los derechos humanos de los migrantes indocumentados que se encuentran en esa entidad de la Unión Americana, facultades salvaguardadas por el Sistema Internacional de los Derechos Humanos, del cual Estados Unidos de América, es parte y se obliga, según su compromiso en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, además, de vulnerar los derechos que se encuentran en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se obligó a respetar y garantizar desde que es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Así las cosas, el derecho a la no discriminación y a la igualdad ante la ley de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, y la obligación de respetar esos derechos, se encuentran contenidos en las disposiciones legales anteriormente mencionadas, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva (OC) 18/03, que se refiere a la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, resolvió que ningún país que se encuentre dentro de la OEA, puede crear normas o realizar políticas migratorias que lesionen o menoscaben esos derechos.
Es una obligación de los países de América, respetar y salvaguardar los derechos a la no discriminación y a la igualdad ante la ley de todas las personas
Cabe aclarar que, aunque Estados Unidos, no reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana, ésta última, ha establecido el criterio de que la OC 18/03, se aplica a todos los Estados miembros de la OEA, que hayan suscrito las Convenciones y Tratados Internacionales arriba mencionados, independientemente si reconocen o no la jurisdicción de ese Tribunal Internacional, por lo que el vecino país del norte tiene la obligación de acatar el contenido de la multicitada Opinión Consultiva.
De tal suerte, la entrada en vigor de la disposición que contiene la Ley SB1070 de Arizona, que establece “Para cualquier contacto legal hecho por un oficial de policía o agencia de este estado o un condado, ciudad, pueblo u otra subdivisión política de este estado en el que existen sospechas razonables de que la persona es un extranjero que está ilegalmente en los Estados Unidos, se hará un intento razonable, cuando sea posible, para determinar el estatus migratorio de la persona”, es violatoria de derechos humanos, en primer lugar, ya que al facultar a un agente u oficial de policía, que según su criterio y fundado en “una sospecha razonable de que una persona es un extranjero indocumentado”, causa lesión al discriminar a las personas extranjeras que se encuentran en el Estado de Arizona, que no presenten los rasgos físicos de quienes se supone, son ciudadanos de Estados Unidos, es decir, según ellos, si no eres de raza blanca, eres sospechoso de ser inmigrante sin documentos, lo que generará un acto de molestia para las personas que no posean esos rasgos fisiológicos.
La sospecha razonable que se establece en la SB1070, violenta el derecho a la no discriminación de las personas
Por otra parte, se refuerza la violación a los derechos fundamentales en la disposición mencionada, en el hecho de que se le da el poder a las policías para “hacer un intento razonable” y de esa forma poder indagar el estatus migratorio de las personas, de tal forma, si por los rasgos físicos de una persona, se sospecha que es migrante indocumentado, se le puede molestar en su persona, perseguírsele y solicitarle sus documentos que acrediten su legal estancia en ese país.
Es preciso mencionar, que estamos enterados, que aún sin entrar en vigor el ordenamiento SB1070, existen conductas de ciertas autoridades que preventivamente están discriminando a los migrantes (indocumentados y documentados), como ejemplo, las autoridades de educación, han recomendado a los maestros de origen latino que “corrijan su acento” ante los alumnos, incluso lo han dicho en los noticieros locales, sin cuidado alguno. De igual forma, la gobernadora Jan Brewer, ha declarado públicamente que “cada mexicano que llega a Arizona, trae consigo drogas o ilegales”, también, sabemos que se han realizado redadas, supuestamente para detener “el tráfico de personas”, cuando en realidad se ha detenido a migrantes indocumentados acusándoseles de ser cómplices de los polleros o coyotes que ellos contrataron para cruzar hacia Estados Unidos, intentando con esto las autoridades de Arizona, dar una severa lección a las personas que osan cruzar sin documentos por esa región.
Como se verá, existen normas dentro de la Ley Arizona, que lesionan los derechos humanos de los migrantes (documentados e indocumentados), y también, existen los argumentos jurídicos para echar abajo esas disposiciones, sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón, no quiso defender a nuestros connacionales, no le importó, lo único que hizo, fue presentar un “amicus curae” (amigo de la Corte) lo cual, lo convierte solamente en un simple espectador de lo que está ocurriendo en la Corte Federal de Arizona, y no en el actor principal que nuestros hermanos migrantes necesitaban. Por otro lado, el presidente Obama, solo impugnó la Ley, basándose en que la SB1070, invade la esfera del ámbito federal, y que de tal suerte se le tiene que declarar inconstitucional, dejando pasar una maravillosa oportunidad para que Estados Unidos, se inscribiera en el contexto del respeto al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
El tiempo se agota para nuestros hermanos migrantes, estaremos atentos de lo que ocurra en próximos días que serán cruciales, por lo pronto, sirvan estas líneas para conocimiento, discusión y estudio de quienes se encuentran en la encrucijada en Arizona, y en otras partes donde se quiera quebrantar el derecho fundamental a la no discriminación y la igualdad ante la ley de todas las personas.
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