Después de las denuncias ¿qué? ..por Aída Holguín
En los últimos meses, poco a poco se ha ido dando a conocer la presentación de una serie de denuncias penales, mismas que -en términos generales- consisten en la denuncia formal de diversos actos de corrupción y abuso de poder perpetrados durante el sexenio de César Horacio Duarte Jáquez.
Estas denuncias penales, se suman a la denuncia que de manera personal presentó (hace poco más de dos años) el reconocido abogado y activista chihuahuense, Jaime García Chávez, en contra del entonces gobernador, César Horacio Duarte Jáquez, por los presuntos delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones, entre otros.
Si bien es cierto que cualquier proceso judicial da inicio con la formal denuncia (presentación ante las instancias correspondientes) de los hechos delictivos, también es cierto que en México suele suceder que, cuando se trata de denuncias en contra de los políticos de “alto rango”, el proceso judicial se queda estancado en el primer paso; es decir, las denuncias quedan en el olvido sin que las autoridades le den seguimiento al procedimiento respectivo.
Antes de continuar con el tema central que en esta ocasión nos ocupa, es importante señalar que éste se enmarca en una (quizás la más definida) de las expectativas que los chihuahuenses tienen respecto al actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado; es decir, que cumpla con su promesa de campaña de meter a César Duarte a la cárcel.
Indudablemente, esa promesa hecha en campaña (aunada al hartazgo generalizado de los chihuahuenses por los abusos cometidos por César Duarte) se constituyó en uno de los factores por los que obtuvo el triunfo en las pasadas elecciones. De ahí que, el no cumplimiento de su ofrecimiento, pueda constituirse un factor de riesgo en cuanto a su nivel de aceptación ciudadana. O sea, que su aceptación por parte de los chihuahuenses pueda disminuir en relación directamente proporcional al tiempo en que César Duarte permanezca en libertad.
Entonces, también resulta necesario asimilar que ningún gobernante está facultado (al menos no en México) para meter “por sus pistolas” a alguien en la cárcel. Esa es una función exclusiva del Poder Judicial. Lo que si pueden -y deben- hacer, es respetar a las instituciones, la división de poderes y las órdenes judiciales.
Una vez aclarado lo anterior, es evidente que los denunciantes están cumpliendo con lo que la legislación establece al respecto; no obstante, para que se imparta la justicia, es necesario que el Poder Judicial haga lo suyo y -en primera instancia- dé respuesta a la pregunta que muchos de los chihuahuenses se plantean en este momento: Y después de las denuncias ¿qué? Es decir, ahora que ya hay denuncias formales de los evidentes hechos delictivos cometidos durante la administración de César Duarte ¿qué sigue?
Sin duda alguna, esa pregunta es el resultado del vergonzante historial de impunidad prevalece en México, pero particularmente en Chihuahua; sobre todo, si se considera (como referencia lógica natural) el hecho de que hace más de dos años, Jaime García presentó y ratificó una denuncia de la que, hasta la fecha, no se sabe en cuál de sus fases va el proceso, y mucho menos sobre alguna acción concreta y eficaz por parte de las autoridades.
No basta pues con que -a modo personal o institucional- se den a conocer formalmente (a las autoridades correspondientes) los hechos delictivos cometidos por César Duarte y sus cómplices. Lo imprescindible, es que el Poder Judicial del Estado de Chihuahua y el de la Federación cumplan cabalmente con sus funciones porque, de lo contrario, México y Chihuahua seguirán siendo referente de impunidad y corrupción a nivel mundial y nacional respectivamente.
Es por esto que ahora que existe no una, sino varias denuncias por actos delictivos cometidos durante el sexenio pasado, las instituciones se enfrentarán a una prueba de desempeño real, que consiste en demostrar que hay una verdadera transformación, compromiso y voluntad para erradicar la dañina cultura de la impunidad y la corrupción; cultura que, indiscutiblemente, En Chihuahua se agravó exponencialmente durante la administración encabezada por César Horacio Duarte Jáquez.
Concluyo en esta ocasión con lo dicho alguna vez por el abogado, político y empresario mexicano, Fernando Elizondo Barragán: “Tenemos que tener fe en que la bondad puede prevalecer sobre la maldad, la honestidad sobre la corrupción, y la justicia sobre la impunidad”.
Aída María Holguín Baeza
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