Flagrante discriminación.
A tan solo un mes de que se evoque el “Día Nacional Contra la Discriminación”, decretado en 2010 por el expresidente Felipe Calderón, nuevamente nos enteramos de que el cumplimiento del objetivo -por el cual fue declarado Día Nacional- está muy lejano.
Si bien es cierto que este decreto fue formulado con miras fortalecer la labor del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), también es cierto que éste último no ha dado muestras de que haya un verdadero interés por llevar a cabo acciones que por lo menos quiten las “ganas” de discriminar verbal o textualmente.
Aunque no es la primera vez que una figura pública hace comentarios discriminatorios, poco -o nada- se ha hecho real e institucionalmente para erradicar tan detestable práctica. Esto lo digo con fundamento en lo que ha seguido sucediendo después de la creación de la CONAPRED (en el año 2003).
Por ejemplo; en 2006, el Presidente Vicente Fox, declaró que “ahora el 75% de los mexicanos ya tiene lavadoras, y no precisamente de dos patas”; esto último, refiriéndose a una de las labores del hogar que realizan las amas de casa mexicanas.
En 2011, el entonces candidato y ahora Presidente, Enrique Peña Nieto, de manera despectiva respondió “no soy la señora de la casa” cuando en una entrevista se le preguntó si sabía el precio del kilo de tortillas.
En 2012, Francisco Moreno, exdiputado federal, dijo que “no hay caballo fino que no tire a mula, ni mujer bonita que no llegue a ser meretriz.”
Este 2014 no ha sido la excepción en cuanto a los comentarios discriminatorios por parte de figuras públicas:
En mes de mayo, la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, anunció que el Programa Oportunidades ya no beneficiaría a las mujeres con muchos hijos y que sí apoyarían a las mujeres con pocos hijos; esto, en total contradicción a lo dispuesto en el Artículo 4° de nuestra Carta Magna.
En el mes de julio, Pedro Torreblanca, funcionario de la Delegación Benito Juárez del D.F. calificó -vía twitter- a los militantes del PRD como prietos, jodidos, rojillos y sin varo. “Arriba los mexicanos de raza blanca y clase alta. Todos los demás son una […], incluyendo a este foto (sic) lleno de chusma asquerosa”, dijo el entonces funcionario.
Luego, a mediados de este mes, el obispo de Aguascalientes, José María de la Torre -con un lenguaje homofóbico y discriminatorio- llamó “invertidos” a los miembros de comunidad homosexual.
Por último, el más reciente caso (“la gota que derramó mi vaso” motivándome a escribir al respecto), es el del exdiputado federal y empresario chiapaneco, Alejandro García Ruiz, quien hace apenas unos días aseveró -en un programa de radio- que “las leyes son como las mujeres, se hicieron para violarlas.”
Con todo lo anterior (más lo que me faltó), es imposible no pensar que algo -o mucho- está mal en el CONAPRED y en el marco legal que lo debe sustentar; y es que si reflexionamos en el hecho de que todos los actos discriminatorios citados se realizaron de manera pública; resulta incomprensible que no existan los mecanismos para que “de oficio” se inicien procedimientos que realmente ayuden a eliminar las prácticas discriminatorias y con ello cumplir cabalmente con la misión para la cual fue creado el multicitado Consejo.
Dicho en otras palabras, si el acto discriminatorio es tan visible (flagrante), y por lo tanto comprobable, ¿por qué debe presentarse una queja para poder iniciar con el procedimiento correspondiente? Peor aún, ¿por qué aún y cuando existe una denuncia el procedimiento no se concluye conforme a lo establecido en la ley? Esto último, considerando que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación tiene como objetivo “prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, y establece que “corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas”.
Adicionalmente, si tomamos en cuenta que el propio CONAPRED señala que la discriminación “consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo”, que todos los casos expuestos encajan en dicha definición, y que ninguno ha sido considerado por el CONAPRED como acto discriminatorio (por falta de queja oficial o por no haber “calificado” como tal); la esperanza de que no haya más víctimas de la discriminación es casi nula.
En fin, mientras que no haya voluntad para eliminar los comportamientos discriminatorios de los actores de la vida pública, el CONAPRED será parte del problema y de la flagrante discriminación, por lo que será muy difícil que la sociedad en general se desista de comportarse de igual o peor manera.
En esta ocasión finalizo con lo dicho por el economista, abogado y catedrático argentino, Guillermo Gapel: “La discriminación es la única arma que tienen los mediocres para sobresalir.”
Aída María Holguín Baeza
Correo electrónico: laecita@gmail.com
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