“Los archivos del Pentágono” es una película que todos deberíamos ir a ver.
La cinta trata sobre los días críticos, durante 1971, cuando el periódico The Washington Post decidió publicar documentos ultrasecretos del Pentágono sobre la Guerra de Vietnam; ya The New York Times había decidido revelar la noticia, fue su primicia, empero un Juez federal prohibió publicar toda la información luego de que el Gobierno de Nixon ganara un interdicto.1 En ese punto inicia el dilema de The Post: publicar, o no, la serie noticiosa tras conseguir por su cuenta copia la información original.
Steven Spielberg es el director de la película, protagonizada por Meryl Streep, en el papel de Katharine Graham, propietaria heredera de The Post; y Tom Hanks, en el del famoso editor Ben Bradlee (por el caso Watergate). El New York Times publicó una excelente reseña-entrevista, le dejo la liga.2
Le ahorro los detalles, vayamos al meollo del asunto: ¿Había, o no, The Washington Post de publicar documentos del Pentágono sobre la Guerra de Vietnam que demostraban las sucesivas mentiras del titular del Ejecutivo de la Unión en varias administraciones? Es historia, cualquiera sabe qué ocurrió al final así que no anticipo nada nuevo, la disputa se elevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ésta, en un fallo dividido, resolvió que: “La prensa libre debe servir a los gobernados, no a los gobernantes”.
Determinación que resulta útil y pertinente en nuestros días; más allá de quiénes son culpables y quiénes inocentes en ese binomio prensa-gobierno; lejos de tratar de expurgar los méritos o el demérito de una u otro en ese juego eterno, lo cierto es que existe una directriz clara, prístina, que debe servir de guía y de referente para esa relación cuando se extravía la brújula: no hay —o mejor dicho: no debe haber— nada más ajeno, ni más alejado, de la labor de comunicar, que el ejercicio del poder; la cercanía excesiva entre sus protagonistas deteriora, pudre, corrompe, aquello que debe erigirse sobre ciertos principios y valores incontrovertibles como son la libertad, la crítica y la inteligencia.
Si en algunos empresarios, dueños de medios de comunicación, el afán de lucro constituye uno de los factores primordiales para guiar su toma de decisiones en el diario devenir, aunque sea de reprochar, no es de azorar ese proceder pues, al final de cuentas, como cualquier otro negocio, el de la prensa no es ajeno al dulce crepitar de las monedas ni al delicioso retintín de la caja registradora. Allá cada cual con su cruz a cuestas, así como su deber y su ética personales.
Lo que sí resulta intolerable e inadmisible, por contraria a la razón, al derecho y a su cometido primordial, es la intromisión del Gobierno en los asuntos de medios; su obligación es comunicar, sí, así como la absoluta transparencia, pero no de manera directa, ni por sus propios medios, ni a través de corifeos (perros falderos, en realidad), ni muchos menos, sirviéndose de la amenaza, el chantaje, la descalificación o la diatriba.
El Gobierno, de cualquier signo o condición, no está para defenderse de los ataques —reales o supuestos, justificados o injustificados, veraces o no— de los medios, está para gobernar y para servir al pueblo en los términos concretos que la Ley manda; nada más.
Cualquier otra cosa, ensanchar los contenidos de la Ley —bajo el demagógico argumento de que se “sirve al pueblo”—, emprender autodefensas, alzarse en censor de medios, rebasa su encomienda y lo demerita porque lo convierte en una Gobierno metiche y pendenciero; entiéndase de una vez esa verdad, simple y llana que sólo los imbéciles no pueden asimilar: “La prensa libre debe servir a los gobernados, no a los gobernantes”.
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Luis Villegas Montes.
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