No voy a contarles cómo me ha ido, básicamente por una razón: La tragedia no es mi género. Como sea, luego de sortear algunos escollos derivados de las responsabilidades que debo asumir para merecer comer -de acuerdo al plan divino, a la díscola Eva y al menso de Adán-, me instalo detrás de mi ordenador y escribo estas líneas. Desde hace una semana me siento como se debe sentir, en caso de que exista, la “Querida tía Alma” de la revista Contenido. En efecto, ya son varios los que me envían un correo -con un video anexo, en el que supuestamente aparece el hermano secuestrado de la otrora primera abogada del Estado, la insustituible Consejera jurídica del Poder Ejecutivo, benemérita señora Procuradora, licenciada, catedrática, fiscal y no política, doña Patricia Lucila González Rodríguez, el C. Mario González Rodríguez-,[1] pidiéndome mi opinión. Como jamás en la vida he regateado decir lo que pienso, excepto cuando me presentan recién nacidos medio fellones a lo que siempre contesto sin titubeos: “¡Mira qué mono!”, aquí va.
Primero, he de decir que, echándome un “clavado” en mis archivos, detecto no menos de 30 artículos relacionados con la dama de negro; en todos los casos, aludí a publicaciones varias que daban cuenta de acciones u omisiones en el desempeño de su cargo. Las notas, leídas a la distancia trazan un nítido perfil de la abogada: Un enfermizo distanciamiento de sí misma, una incapacidad real, demasiado real, para entender el papel que le tocó jugar en el seno de una de las peores administraciones de la historia reciente del Estado, que nos dejó con un saldo de varios miles de muertos, insólitos índices de violencia e inseguridad y un ex-Gobernador huido: Otro desesperado de sí mismo.[2]
La defensa de la benemérita siempre fue idéntica: Ella era académica, no política. Prueba de ello, es que en una entrevista reciente publicada en la revista Proceso, refiere que: “Rechaza todas las acusaciones. Se dice maestra universitaria ‘de toda la vida’ y afirma que presentará una demanda por daño moral contra Reyes Ferriz, por sus declaraciones: ‘No voy a permitir que esta persona dañe mi imagen como académica’. […] No. Procedí igual con la gente de ambos cárteles. Nunca he recibido dinero. Vivo de mi salario como académica. No tengo carro, poseo una casa y un terreno que adquirí cuando trabajaba en la Judicatura. ¿Por qué no me investigan? Mi familia la conforman personas respetables, profesionistas”. Refiriéndose al Presidente Felipe Calderón, afirmó: “A veces los políticos están muy arriba y los engañan”.[3] Días más tarde, su hermano, uno de los profesionistas respetables del clan, el mismo que aparece en uno de los discutibles primeros lugares del Hit Parade de YouTube, fue secuestrado.
No es posible, con esa serie de malos entendidos, arribar a buen puerto. La Constitución del Estado es prístina en su artículo 94: “La Administración Pública será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo del Estado que estarán a cargo de las dependencias del Poder Ejecutivo […]”.[4] A su vez, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo prescribe en su artículo 2, fracción II, que en el “ejercicio de las atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo del Poder Ejecutivo del Estado, habrá las siguientes dependencias de la administración pública centralizada; […] La Procuraduría General de Justicia”.[5]
La benemérita era académica, es académica y, como don Teofilito, posiblemente seguirá siendo académica; pero también fue, durante 6 largos, largos, largos años, servidora pública y -dada la naturaleza de su encargo y elevada investidura- política de primer nivel. Quizá, los resultados tristísimos y lamentables de su gestión son fiel reflejo de ese trastorno de la personalidad que le impedía ver lo que realmente era o que la anclaba a una visión de sí misma ajena a la realidad.
Expliquémonos: La definición de “académico” que nos brinda el diccionario es clara: “Perteneciente o relativo a las academias”; y por éstas entiende, entre otras: “Establecimiento docente, público o privado, de carácter profesional, artístico, técnico, o simplemente práctico”; por último, la voz “docente” significa: “Perteneciente o relativo a la enseñanza”.[6] En síntesis, es absoluta y completamente falso que la benemérita haya hecho de la docencia, durante los últimos 6 años de su sombreruda existencia, su actividad primordial; durante ese lapso fue Procuradora General de Justicia del Estado de Chihuahua, escrito así, con todas sus letras. Es más, si no fue así, entonces peor tantito, pues significa que estafó a millones de chihuahuenses, traicionó la confianza depositada en su persona por su superior jerárquico y le birló al Erario 624 quincenas y 6 aguinaldos que le fueron pagados por ser Procuradora y no otra cosa. Durante 6 años sus emolumentos, su principal fuente de ingresos, derivaron de dicha encomienda y no, de sus rentas a partir de su carrera judicial trunca o su desempeño como catedrática.
Por otro lado, ese confuso estado de cosas quizá se explique a partir de su dicho; veamos: “A veces los políticos están muy arriba y los engañan”;[7] es decir; o ella engañó a su jefe, quien estaba “más arriba” que ella -para emplear la apropiada y académica expresión de su autoría-; o sus subalternos la engañaron a ella, pues es innegable que ella misma estaba “muy arriba” en la burocracia estatal, sólo por debajo del titular del Poder Ejecutivo; o los subalternos, de los dos, la engañaron a ella y a su jefe, situados ambos “muy arriba” en la jerarquía gubernamental local; o los dos, ella y su jefe, engañaron al Presidente de la República que no era su jefe, pero “está muy arriba” en el ámbito público nacional; o ella se engañó solita, dado que estaba “muy arriba” y es muy inteligente -porque es académica de toda la vida-; o finalmente nadie engañó a nadie y todos sabían lo que estaban haciendo. Como se ve, es un galimatías sin sentido; todo, por su afán de escurrir el bulto.
En ese tenor, tenemos que la dama de fierro se duele de lo afirmado por el ex-Alcalde juarense José Reyes Ferriz, en el sentido de que consideró “fallida” la guerra contra el narco debido a la impunidad con que la Procuraduría estatal permitió que se movieran los delincuentes y al hecho de que esa institución “liberó” a 9 mil 500 detenidos que le entregó la policía municipal;[8] y amenaza demandarlo por “daño moral”.
Continuará… Luis Villegas Montes. luvimo6608@gmail.com
Últimos comentarios