Pareciera que para César Duarte, gobernar Chihuahua es sinónimo de un poder único e indivisible. Todo lo acapara, las voces críticas son sosegadas con el poder del aparato gubernamental que controla detrás de la silla desde la que parece mirarnos a los gobernados así, como dicen en el rancho, como a las liebres; “chiquitos y orejones”.
Es cierto que en ocasiones nos achicamos, y en momentos hasta parecen crecernos unas orejas desproporcionadas, somos como personajes de caricatura cada vez que nos atemorizamos ante el poder que dimana de palacio de gobierno, y olvidamos que César Duarte es un empleado, uno que nos ha costado muy caro.
Ha sido en medio de este panorama nada alentador, donde una persona, una sola, se atrevió a levantar la voz a nombre de todos. Amparado en su legítimo derecho, lo ha hecho a través de las instituciones y el marco legal que ahora pasará, gracias a él, una verdadera prueba de fuego.
Se trata del reconocido abogado y activista chihuahuense, Jaime García Chávez, quien presentó una denuncia penal en contra del gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades, y los demás que resulten de la seria investigación que esperamos se realice.
Como era de esperarse, no han faltado quienes hayan salido a intentar desestimar la valiente y necesaria acción de García Chávez sin darse cuenta de que desestimar (por encargo) lo hecho por García Chávez, los convierte en cómplices de las acusaciones que desde hace mucho tiempo corren como rumor creciente (incluso dentro del propio PRI): el presunto enriquecimiento que de manera inexplicable ha tenido César Duarte en los cuatro años que lleva su administración. (“Inexplicable” porque casualmente su enriquecimiento coincide con el exponencial aumento de la deuda pública de nuestro estado.)
Dice un viejo y conocido refrán que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y ahora serán las instituciones las que tendrán que demostrar si esta ceguera es de las que tienen remedio; es decir, ahora que la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), entre otras, tienen en su poder la denuncia de hechos debidamente documentada, están obligadas a investigar a fondo para demostrar a quién obedecen: al interés público o a los de César Duarte.
Considerando que -teóricamente- ni la PGR, ni la CNBV, ni las demás instancias federales pueden ser manipuladas por Duarte (como sucede con la FGE), lo menos que podemos esperar es que las investigaciones correspondientes esclarezcan -cuando menos- de dónde salieron los 65 millones de pesos del Fideicomiso No. 744743, a través del cual César Duarte y su esposa Bertha Olga Gómez Fong, adquirieron acciones del Banco Progreso de Chihuahua SA de CV.
Si César Duarte está pensando que sólo Jaime García Chávez está interesado en que se aclare de donde salió tanto dinero, está muy equivocado. Jaime García fue el que se dio a la ardua y valiente tarea de documentar y elaborar la denuncia de hechos; sin embargo, esta acción ha unido a un gran número de chihuahuenses para exigir que en base a los hechos expuestos en el documento entregado por el licenciado García se inicien las averiguaciones correspondientes y se llegue hasta las últimas consecuencias.
Y aunque Duarte ya empezó a dar “patadas de ahogado” -como suele hacerlo-, esa vez no le será suficiente para salir tan fácilmente de tan grave situación. “Si no le tengo miedo a los sicarios, menos a los chismosos”, dijo envalentonado César Duarte comparando nuevamente a quienes ejercen su derecho a la libre expresión y asumen la responsabilidad ciudadana de vigilar, exigir y denunciar los actos de corrupción y abuso de autoridad, con delincuentes y sicarios. Pero bueno, de César Duarte ya no se puede esperar otra cosa.
Ahora queda en manos de las instituciones federales correspondientes el deslindar responsabilidades de este ya histórico caso, que será un referente nacional para que los mexicanos pensemos en devolver poca de la mucha confianza perdida en nuestras autoridades e instituciones, o para confirmar que México es el país de la impunidad y que Chihuahua seguirá viviendo en la corrupción esperándonos al menos otros dos años para seguir obteniendo el primer lugar en la escala de corrupción a nivel nacional.
Concluyo en esta ocasión con lo dicho alguna vez por el Político argentino, Leandro Alem: “[…] son esas luchas, esas nobles rivalidades, las que engendran las buenas instituciones, las depuran en la discusión, las mejoran con reformas saludables y las vigorizan con entusiasmos generosos que nacen al calor de las fuerzas de un pueblo.”
Aída María Holguín Baeza
Correo electrónico: laecita@gmail.com
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