Según el informe “Situación de derechos humanos en México” publicado el pasado 2 de marzo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), México atraviesa por una graves crisis de derechos humanos, y el alto índice de impunidad de los crímenes contra periodistas y defensores de los derechos humanos
En dicho informe, se enfatiza el hecho de que a pesar del cambio de gobierno -en diciembre de 2012- no hay cambios sustanciales en relación a las políticas de seguridad y a los niveles de violencia, y México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, exceptuando aquéllos que están en guerra.
Este documento elaborado –y presentado por la CIDH- fue desarrollado luego de que el Estado mexicano invitara a la CIDH para practicar una visita a México durante el curso del año 2015; esto, con el fin de que dicho organismo analizara la situación de los derechos humanos en el país.
El caso es que la CIDH aceptó la invitación y, del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015, observó “en terreno” la situación de derechos humanos en el país, documentando a detalle una serie de graves violaciones a los derechos humanos, y haciendo énfasis en los casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad, y la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por la violencia, resaltando los casos de estados Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca, donde –según la CIDH- hay mayor vulnerabilidad.
Ante tales hallazgos, la CIDH ha emitido -en el mismo documento- una serie de recomendaciones que exhortan al Estado mexicano a redoblar los esfuerzos para proteger y garantizar los derechos humanos en el México; sin embargo -y para no variar- el mismo día en que se presentó el informe, el Gobierno de la República -a través de la Secretaría de Gobernación – emitió un comunicado en el que asegura que el informe de la CIDH “no refleja la situación general del país”.
Aunque no es la primera vez que organismos internacionales señalan las deficiencias del Estado mexicano en esta materia, ni tampoco es la primera vez que los diferentes niveles de gobierno minimizan las observaciones y desatienden las recomendaciones; ya es hora de que por primera vez -y de una vez por todas- el Estado Mexicano asuma cabalmente compromiso de respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, tal y como lo establece el artículo primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).
Y es que al ser México uno de los Estados Partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está obligado a respetar lo que firmó; es decir, a reconocer como obligatoria de pleno derecho, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Concluyo en esta ocasión con lo dicho alguna vez por la política colombiana, Ingrid Betancourt: “[…] tenemos que hacer nuestro propio acto de contrición y mirar también el terrorismo que se gesta desde el Estado con las desapariciones forzosas, las torturas, los inocentes en las cárceles, la violación de los derechos humanos.”
Aída María Holguín Baeza
Correo electrónico: laecita@gmail.com
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