La impunidad del caso Aeroshow…por Aída María Holguín
Justo cuando creíamos que el escándalo y el daño causado por la indolencia oficial en el caso Aeroshow había tocado fangoso fondo, sigue acumulando su escalada de negligencias, que parece no tener fin.
Ahora, a través de los dos medios impresos con más circulación a nivel local, hemos podido enterarnos de la supuesta falsificación de documentos relacionados con ese espectáculo en el que nueve personas fallecieron y casi cien resultaron heridas.
Aún y cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha podido -o no ha querido- deslindar responsabilidades; queda más que claro que el Aeroshow es un caso en el que la negligencia y la corrupción son la causa de la tragedia.
Son casi siete meses los que han pasado desde aquel trágico día, y todavía es hora de que las autoridades no informan sobre los avances de la investigación; y sólo uno de los cuatro vinculados a proceso está enfrentando juicio en prisión.
No es la primera ocasión en que alguna dependencia del Gobierno del Estado actúa sin transparencia; en este caso, so pretexto de “no entorpecer las investigaciones”; sin embargo, todo pareciera indicar que con esta actitud se protege a de los funcionarios implicados en la tragedia que enlutó a Chihuahua.
Es muy probable que la falta de información oficial por parte de las autoridades “competentes” haya originado la filtración del expediente de la investigación a los medios de comunicación; circunstancia que pudiera interpretarse de tres maneras:
Una, sería que en el interior del Gobierno del Estado también se experimente un sentimiento de indignación por el ocultamiento de información de interés público; por lo que alguien decidió dar a conocer -de manera extraoficial- el avance de las investigaciones.
La segunda, tendría que ver nuevamente con actos de corrupción; es decir, la venta de información clasificada como “secreta”.
La tercera, consistiría en que dicha información se filtró a los medios de comunicación por una rivalidad entre actores políticos; lo cual, significaría que es una entrega de información “oficial”, pero dándole un manejo “extraoficial”.
Como es de esperarse, no faltará quien le de otra interpretación a la nueva información y la manera en cómo ésta se hizo pública; y es justamente ahí donde está lo más grave del proceso de investigación: no deberíamos estar interpretando lo que sucede en torno a una investigación de esta índole, porque para eso están las autoridades correspondientes.
El problema radica en que la incompetencia histórica por parte de las autoridades puede provocar -como en este caso- la filtración y publicación de información, y por ende, la interpretación de la misma por parte de los receptores. Eso definitivamente es mucho más nocivo y “entorpece” a grado exponencial el debido proceso.
Si bien es cierto que hemos podido darnos cuenta de que cada vez son más los funcionarios presuntamente involucrados en el caso, su postura se limita al clásico “yo no fui”. Se “avientan la bolita” unos a otros mientras que decenas de familias -y la sociedad en general- sigue esperando a que se haga justicia en el caso Aeroshow.
Y mientras que información va e información viene, resulta “extraño” que en estos casi siete meses de nula información, no haya indicios de que la Fiscalía haya llamado a declarar al ex alcalde de Chihuahua, Marco Adán Quezada Martínez, o que este último acudiera por su propia cuenta, mínimo para ayudar a que se deslinden responsabilidades en lo sucedido.
No basta con que Quezada lamente lo sucedido, o con que diga que está a la orden para lo que se le requiera; si tuviera genuino interés en que este caso se esclarezca, ya hubiera cumplido por lo menos con su obligación ciudadana de testificar en un caso en el que tuvo participación. Directa o indirecta, pero la tuvo.
Concluyo en esta ocasión, con lo dicho por el profesor y filósofo alemán, Pierre Villaume: “La esperanza de la impunidad, es para muchos hombres una invitación al delito”.
Aída María Holguín Baeza
Correo: laecita@gmail.com
jose
May 3, 2014 at 9:08 am
Considero que deben hacer justicia a las familias afectadas y no tratar de tapar el sol con un dedo o darle carpetazo al asunto.