El 2020 fue un año muy complicado en todos sentidos, en especial para la justicia hacia las mujeres,
fue sumamente desastroso ya que varias féminas sufrieron los embates de la violencia machista en
todo el país, pero en especial en el estado de Chihuahua, el problema principal fue la falta de
sensibilidad y eficiencia en el castigo a los asesinos, además de la pandemia, este año fue el de la
impunidad.
Hay muchos casos emblemáticos, pero la constante es la falta de compromiso para solucionar los
crímenes y castigar a los responsables, es importante mencionar dos casos que hace tiempo
debieron ser judicializados o al menos avanzar en su resolución, de los que más lastiman la
conciencia colectiva fueron los de Marisela Escobedo y el de la periodista Miroslava Breach
Velducea, crímenes de Estado, ya que este debió evitarlos y no solo no lo hizo sino que incluso
ayudo a que estos quedaran impunes.
En el 2020, se cumplieron los 10 años del asesinato de Maricela Escobedo, se hizo un filme y fue
doloroso verlo pero sobre todo, saber que el crimen se pudo evitar, no solo eso sino que las
autoridades responsables de investigar este proceso, siguen gozando de libertad y sin ningún tipo
de castigo, aunque la condena social o moral se dio, pero no la física, estamos hablando del gobierno
del Estado de Chihuahua donde fue asesinada afuera de sus instalaciones, pero ya había sido
asesinada antes por la negligencia, la falta de justicia, en el video vemos con tanta prepotencia la
sentencia del caso por parte del trio de jueces que analizo el caso, con la voz de la juez Catalina
Ochoa, señalando con una contundencia insultante, la sentencia absolutoria de libertad al asesino
de la hija de Marisela, mismo que confeso, aportó las pruebas, llevo a los agentes al lugar donde se
encontró el cuerpo, y junto con los magistrados Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudib
Jurado, en forma unánime decretaron la libertad inmediata del inculpado.
Dónde quedaron los jueces, pues en libertad, a lo más que se llegó, además de la condena publica,
fue a un señalamiento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos denunciando la actuación
irregular, pero no paso de allí, tuvieron sanciones leves, pero no penales y continúan en libertad, así
como el Ministerio Público que formulo la acusación, que pese a la contundencia, no fue terminado
el proceso y lo que siguió fue la segunda y tercera muerte de Maricela como lo relata el documental
“Las tres muertes de Marisela Escobedo”, la injusticia se quedó, todas y todos nos sentimos
ofendidos y lastimados, pese a la promesa de reabrir el juicio.
El otro caso, el de la periodista Miroslava, ya se emitió una orden de captura a uno de los
organizadores del asesinato de la compañera, el profesor Hugo Amed Schultz Alcaraz, lo capturo la
Fiscalía General de la República, no Fiscalía General del estado de Chihuahua, quien conoció del
caso y no solo no lo capturo, el Gobierno del Estado lo protegió otorgándole un cargo gubernamental,
al principio la Fiscalía Estatal conoció del caso, actuó parcialmente, pero ya cuando se trató de ir por
los responsables involucrados en este crimen, que incluían distinguidos militantes del Partido Acción
Nacional, simplemente declino seguir con la investigación y se la paso a la Federación, con el
consiguiente encubrimiento a los otros dos presuntos implicados que laboran en dos instancias del
gobierno, Alfredo Piñera, vocero de la bancada blanquiazul en el Congreso y José Luévano
Rodríguez designado director del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa.
Nos queda la duda del porqué, si se les señalo, después del homicidio de la periodista, se les protegió
y se les dio trabajo en el gabinete de Javier Corral Jurado, y lo más grave, antes de ser atraído el
caso por la FGR estuvieron laborando libremente sin ninguna imputación por parte del estado, a esto
nos referimos que los crímenes de estado se han dado y se seguirán dando, no hay autonomía de
las fiscalías estatales como comenta Irene Tello, directora ejecutiva de la organización civil
“Impunidad Cero”1, y mientras no se dé esta autonomía, las fiscalías seguirán dependiendo de los
gobiernos, y si estos deciden proteger a criminales, ya sea por acción u omisión, la justicia
difícilmente llegará a aplicarse, en Chihuahua es discrecional, depende de quien esté imputado se
le investiga o se deja de hacerlo, y no solo esto, sino se les cobija en las nóminas gubernamentales,
en esa lógica ahorita Schultz Alcaraz estaría cobrando en la nómina y aplicando los programas
educativos del Gobierno Del Estado, él ya está detenido, pero, ¿los demás?.
Este tipo de situaciones, desalientan a la población, pasa el tiempo y la impunidad sigue
prevaleciendo, nos referimos solo a dos casos emblemáticos, pero que pasa con los demás, con la
justicia en el caso de Isabel Cabanillas, por recordar algún caso x, son muchos los crímenes sin
resolver, mientras tanto, la ciudadanía se manifestó cada vez de manera más violenta, ante la
indiferencia del estado mexicano en su conjunto.
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