La procuraduría general de la corrupción…por Aída María Holguín

Con el caso de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, alias “La Coneja”, la Procuraduría General de la República ha terminado de confirmar que, durante el sexenio de enrique Peña Nieto, su función no fue la de procurar la justicia, sino la de procurar el encubrimiento y protección a los corruptos.

Según la PGR, parte de su misión es procurar la justicia eficaz y eficientemente, apegada a reglas de conducta sustentadas en los principios del bien común, la integridad, la honradez y la imparcialidad -entre otros-. Esto, con el apoyo de personal ético, profesional y comprometido.

Sin duda alguna, la teoría (misión y visión) refleja muy bien «el deber ser» de la institución; sin embargo, en la práctica («el ser») ha quedado demostrado que la PGR no ha ejercido sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común (y para muestra, bastan tres botones: Javier Duarte, Elba Esther Gordillo y Alejandro Gutiérrez).

Muy bonito está también el nuevo Código de Conducta de la Procuraduría General de la República. Ahí, «el deber ser» se refleja en la explicación de su diseño; es decir, en que éste atiende lo estipulado en las últimas reformas constitucionales y normativas en materia Anticorrupción, Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés -entre otras-. El pequeño detalle, es que «el ser» de la PGR contradice totalmente lo escrito en su Código de Conducta.

Que quede claro que no está en duda de que en la PGR (como en otras instituciones) existen servidores públicos éticos, profesionales y comprometidos. El problema es que para que la PGR pueda cumplir con «el deber ser», no basta con eso, se requiere que los altos mandos de la institución prediquen con el ejemplo, y eso es algo que no han hecho.

Tan solo con los casos de Duarte, Gordillo y Gutiérrez, queda en evidencia que la PGR, como institución, no está actuando de manera ética, no está realmente interesada en combatir la corrupción y, lo peor de todo, es que está actuando para favorecer a quienes, indiscutiblemente, personifican el conflicto de intereses que, desde su inicio, ha caracterizado al sexenio de Enrique Peña Nieto.

No es extraño entonces por qué, de acuerdo con el reporte global “2018 Edelman Trust Barometer” (reporte que incluye a 28 países), sólo 28% de los mexicanos confía en el gobierno.

Finalizo en esta ocasión, citando lo dicho alguna vez por el abogado, político, e historiador peruano, Javier de Belaúnde Ruiz de Somocurcio: “En la función pública es fundamental el imperio de la honradez y la capacidad, cualidades que son fundamentales para la vigencia de una democracia, porque la corrupción de los pueblos nace del mal ejemplo proporcionado por legisladores y gobernantes”.