Resulta y resalta que durante el primer año de gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador se utilizaron de forma irregular 67 mil 498 millones de pesos.
Fue el sábado pasado cuando, con la entrega de los informes de la Cuenta Pública 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) evidenció las irregularidades en el gasto público y, con ello, la opacidad, deficiencias y discrecionalidad con las que el gobierno de la “Cuatro Te” ha manejado los recursos públicos.
Lo cierto es que, con las reformas y leyes a modo, las decenas de programas y subsidios sin reglas de operación, el incremento de contrataciones por adjudicación directa, la entrega de contratos a empresas fantasma, la concentración del poder en manos del Presidente y demás “Transformaciones” impulsadas y perpetradas por la 4T, las irregularidades detectadas por la ASF eran de esperarse.
Claro que también era de esperarse que, luego del informe presentado por la ASF, el presidente López Obrador desestimara y rechazara los resultados de las auditorías realizadas a la Cuenta Pública 2019, asegurando -para no variar- que él tiene otros datos. O sea, niega las irregularidades sin importarle que negarlas también es un acto de corrupción.
Pero bueno, así con sus ya tradicionales “otros datos”, es como -otra vez- el presidente López Obrador quiere “tapar el sol con un dedo”. El detalle es que, conforme pasa el tiempo, ya no le es tan fácil manipular los datos ni controlar la información (por eso quiere desaparecer los organismos autónomos).
Quesque es otra campaña orquestada en su contra, dice el Presidente; como si no supiera que la ASF es un órgano autónomo que tiene casi dos décadas fiscalizando el uso de los recursos públicos federales y que, por lo tanto, no se trata de un complot sino de un ejercicio que por ley debe realizar cada año con el fin de prevenir o evitar prácticas opacas, deficientes, evasoras u omisas (irregulares, pues) como las que ahora le han señalado.
De todas las irregularidades señaladas por la ASF, resaltan las relacionadas con los proyectos y programas prioritarios para el presidente López Obrador. Es decir, las concernientes al Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, al Tren Maya, a la Refinería Dos Bocas, a las Universidades para el Bienestar, a los programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y Pensión para Adultos Mayores, etc.
Es quizás por eso que el Presidente está tan enojado e indignado; sin embargo, no debería estarlo porque con sus reformas y leyes a modo, sus programas y subsidios sin reglas de operación, sus contrataciones por adjudicación directa, la concentración del poder en sus manos y demás “transformaciones” que ha impulsado y perpetrado, las irregularidades detectadas por la PPA eran de esperarse.
En esta ocasión, finalizo parafraseando lo dicho alguna vez por el historiador financiero estadounidense, Peter L. Bernstein: Con el gobierno de la 4T “las irregularidades están proliferando en el lugar de disminuir”.
Aída María Holguín Baeza
laecita@gmail.com
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