En México, donde se vive un clima generalizado de violencia, los niños están desprotegidos e indefensos ante maltratos físicos, mentales y emocionales. El Estado tiene la obligación de instrumentar políticas educativas que promuevan la convivencia, fomenten la construcción de la libertad y modifiquen patrones culturales, a partir de la cohesión familiar y social.

Las instituciones dedicadas a la atención de víctimas están obligadas a tener programas especializados para los menores, a fin de que se les considere sujetos de derechos. Las estrategias gubernamentales deben tomar en cuenta que, además de las agresiones de tipo familiar, están sometidos a la violencia social, política y económica.

Los esquemas deben considerar los efectos, directos e indirectos, en los casos en que quedan huérfanos, sin patrimonio familiar o identidad, debido al abandono de sus localidades o amenazas de la delincuencia.

Por ello, es indispensable establecer mecanismos de comunicación social para reforzar valores e inhibir los contenidos violentos en la programación infantil; fomentar el autocuidado, la convivencia al aire libre y las actividades físicas y extra escolares; apoyar la construcción de bibliotecas comunitarias, casas de cultura, y rescatar jardines y parques para incentivar la cohesión social.

Todo comienza en casa, donde los adultos deben promover relaciones basadas en la tolerancia, respeto, cooperación, afecto y el consenso.

Los programas de atención a menores constituyen una parte fundamental del diseño de estrategias, campañas, medidas e iniciativas encaminadas a garantizar la cohesión social en el país.

Los valores de respeto, comunicación, corresponsabilidad y madurez deben considerarse prioritarios para ese fin, así como una política educativa que los promueva.

El Estado debe garantizar la paz social y crear mecanismos de coordinación interinstitucional, a nivel nacional e internacional, para enfrentar las amenazas de las redes de trata y el tráfico de órganos, y los riesgos que la migración implica para este segmento.

Por ejemplo, en la recolección de algodón y productos agrícolas de arbustos en Sinaloa, trabajan niños de hasta tres y cuatro años, que acompañan a sus padres desde otras entidades, principalmente Oaxaca. Ante la muerte de los adultos por distintas enfermedades, ellos quedan indefensos.

Es necesario crear redes de información a nivel estatal para conocer al detalle las características de la migración, construir bases de datos y así protegerlo.

Asimismo, se debe atender la situación de los connacionales que laboran sin documentos en la Unión Americana, pues al ser deportados, sus hijos quedan desprotegidos. Se requiere que las instituciones dedicadas a la atención de la niñez en el país se vinculen con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con instancias internacionales, para extraditar a los infantes que se encuentren en este caso.

La corresponsabilidad es fundamental para el desarrollo de los menores. En casa, los padres deben dedicarles tiempo de calidad e involucrarse en su cotidianeidad; no se trata de inscribirlos en distintas actividades y olvidarse de ellos. La paternidad implica un seguimiento puntual de los hijos, sin limitarles su libertad.

Los adultos deben cuidarlos, respetarlos, escucharlos, e inculcar la importancia de lograr consensos. En cada familia, entendida como toda relación que tenga bajo su responsabilidad el cuidado de un menor, deben amarlos, protegerlos, educarlos y enseñarles a ser libres.