El secreto mejor guardado: ¿Quién y cómo negocia el gobierno con el crimen organizado?
Javier Cruz Aguirre
Nadie duda de que el crimen organizado es hoy una amenaza real, tangible para el sistema democrático del país e incluso para el Estado mexicano, en donde la libertad y los derechos individuales son cuestiones privilegiadas, y las políticas de seguridad pública y seguridad nacional parecieran no tener una estrategia clara y efectiva porque, en apariencia y algunas veces en los hechos, demuestran no tener objetivos adecuados ni aplican herramientas de práctica profesional elemental.
Esta incapacidad del gobierno mexicano para plantarse frente a enormes retos, como lo es el crimen organizado, favorece a la inconformidad de la sociedad respecto de la democracia, porque los ciudadanos advierten lo que algunos investigadores sociales identifican como una “disfunción política” que los lleva a aceptar la restricción de ciertos derechos a cambio de obtener mejores resultados, lo cual implica aprobar la limitación de la democracia.
Desde los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, aunque ya se tenía un crecimiento en la apreciación de “pérdida” ante la violencia criminal desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, el crimen aumentó las percepciones de inseguridad personal entre los ciudadanos y redujo la legitimidad de las instituciones democráticas. Además, la violencia desmedida aminoró la tendencia creciente de la inversión directa nacional y extranjera en el país, y demandó un incremento en el gasto de recursos para su combate y prevención, lo que contrastó aún más las carencias y diferencias laborales y sociales en una nación que comenzó a dudar hasta de su propio destino.
De esta forma, muchos mexicanos tienen la certeza de que los esfuerzos gubernamentales para resolver el creciente problema del crimen organizado son insignificantes porque, en la práctica, se confirmó el fracaso de las políticas públicas implementadas en los gobiernos de Calderón y Enrique Peña Nieto, de combatir la delincuencia haciendo uso principalmente de la fuerza pública. Ese demérito social del combate gubernamental contra el crimen organizado se alimentó en al menos cinco evidencias:
1.- En la debilidad institucional que se evidenció en la incapacidad para hacer valer el Estado de derecho, lo que a su vez permitió altos niveles de impunidad.
2.- Las invariables discusiones entre las fuerzas políticas nacionales que impidieron la definición de una estrategia consensuada.
3.- El incipiente y muchas veces nulo desarrollo de sistemas de inteligencia y contrainteligencia –ajenos a labores de espionajes a “enemigos político” e “indeseables opositores”– que identifiquen a las instituciones gubernamentales corruptas y brinden al Estado los elementos suficientes para una adecuada procuración de justicia, el fortalecimiento y la profesionalización de la actividad de la policía preventiva e investigadora de delitos, y la creación de oportunidades para el desarrollo económico y social de los ciudadanos.
4.- La pérdida de autoridad territorial por parte del gobierno, lo que generó la creación de amplias regiones del país dominadas por los cárteles criminales, en donde se hizo evidente la alianza de políticos, empresarios y autoridades locales y estatales con los delincuentes.
5.- La ejecución de políticas públicas que no enfrentaron de manera real y constante las causas del crimen organizado, como lo son la pobreza y la falta de oportunidades para la clase media, entre otras.
En un reciente artículo editorial, Alejandro Chanona, profesor titular y director del Proyecto de Investigación “Los regionalismos frente a los retos y la complejidad de las amenazas a la seguridad y defensa contemporáneas” de la UNAM, realizó un análisis de la propuesta del nuevo gobierno mexicano para afrontar la delincuencia organizada.
Recuerda que, durante la campaña electoral del 2018, Andrés Manuel López Obrador y su equipo pusieron énfasis en temas como la desarticulación de las organizaciones criminales utilizando estrategias de inteligencia financiera y lucha contra el lavado de dinero. Asimismo, propuso un modelo que trascendiera la lógica de la “guerra contra las drogas”, lo que incluía la retirada de las Fuerzas Armadas de las calles. Sin embargo, destacó Chanona, hasta hoy no se ha presentado una estrategia concreta sobre la forma en qué y cómo se enfrentarán a las organizaciones de la delincuencia organizada.
De igual forma, el académico destacó: “La respuesta inmediata del nuevo gobierno fue la creación de la Guardia Nacional, hecho que dejó en evidencia una realidad: frente a sistemas policiales que están rebasados, ante la dinámica delictiva en el país, se continúa privilegiando el uso de las Fuerzas Armadas.
En el afán de reducir los niveles de violencia y la criminalidad –indican diversos especialistas en asuntos de seguridad pública como Juan Carlos Montero, maestro en Gestión Pública Aplicada por el Tecnológico de Monterrey–, el gobierno de López Obrador no es ajeno a la pérdida de visión integral respecto de la actuación política debido a que, al privilegiar la seguridad pública, se disipa la consideración de que en realidad se trata de un asunto de seguridad nacional.
Resalta otro inconveniente en el diseño de la política para combatir el crimen organizado del gobierno morenista: la aparente vaguedad en cuanto a las tareas que desempeñan las Fuerzas Armadas, al punto de que diversos actores de la sociedad civil –nacional e internacional– acusan y exigen que se las regule mediante la actualización de la normatividad aplicable.
En este contexto, el pasado 20 de junio, en los periódicos Reforma y El Universal se publicó un artículo en donde se criticó la tercera versión de la historia detrás de la operación del 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, cuando el gobierno mexicano liberó al presunto criminal Ovidio Guzmán López, supuestamente uno de los líderes del Cartel de Sinaloa, por una orden directa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Si bien en la opinión de algunos pudieron existir razones humanitarias para liberar a Ovidio Guzmán, también consideran que el gobierno debió haber obtenido garantías para llevar a cabo esta acción.
“Hay formas de reducir la violencia en la lucha contra los cárteles, pero las negociaciones serias respaldadas por consecuencias reales siempre deben impulsar el proceso”, compartió un lector. En su opinión, “el enemigo opera según un código que incluye violencia y obediencia ciega, que influye en sus tratos con el gobierno. Hasta que nuestros negociadores y funcionarios se den cuenta de esto y aprendan a incorporar tales restricciones en la política, siempre estaremos a muchos pasos detrás del enemigo.”
El comentario me motivó a buscar si el Estado mexicano, si el gobierno y sus instituciones, tienen y operan un sistema de Inteligencia profesional de negociación en momentos de crisis, tal y como sucedió ese 20 de junio. Imposible saberlo.
En internet existen infinidad de páginas de instituciones públicas y privadas que aplican desde las más elemental hasta la más sofisticada estrategia de negociación para enfrentar y superar –“de manera satisfactoria” –, la más tensas de las situaciones, pero ese no es el caso del gobierno mexicano que prefiere mantener en máximo secreto esa información, protocolo y norma si es que éstas existen.
Por ello es improbable evaluar con objetividad el acierto o el fracaso de los que tomaron decisiones en ese malogrado día. Si actuaron –antes, durante y después de la crisis– apegados a la legalidad o si cometieron algún delito que les haga merecedores de una sanción administrativa o penal. Se trata de opacidades, carencias y omisiones –fortuitas o deliberadas– que se agregan a los puntos que hoy tratamos aquí para evaluar, de manera objetiva y desapasionada, si el Gobierno y el Estado mexicano están avanzando, o continúa retrocediendo frente al crimen organizado.
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Javier Cruz Aguirre. Es Periodista y director general del portal periodístico www.4vientos.net en Baja California. Pasante de la Licenciatura en Periodismo de la Escuela Carlos Septién García. Desde 1978 ha trabajado en medios como Noroeste, La Voz de la Frontera, Semanario Zeta, Excélsior, La Jornada BC, Semanario Unión Hispana (Los Ángeles, California), Radio Cadena Enciso, el portal Sin Embargo y la Agencia Apro. Desde 1990 ejerce de manera independiente. Fue fundador y director de la Escuela Técnica en Periodismo Flores Magón.
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