Va siendo hora de que ampliemos el panorama de la exigencia de justicia a los márgenes del servicio público, el mensaje debe ser contundente para combatir la impunidad
Itzel Ramírez
Por cómo se repiten las excusas en este país, pareciera que cualquier autoridad mexicana recibe antes que su primer sueldo un manual para explicar las razones de su fracaso, especialmente cuando se trata de la seguridad pública.
Quienes conforman la burocracia mexicana dirán que si los asesinatos en su respectiva jurisdicción han aumentado:
a) por culpa de la administración anterior
b) una respuesta del crimen organizado al exitosísimo trabajo realizado para erradicarle, o
c) que es un problema que les rebasa y que además, no les compete
Entre la repartidera de culpas hay una constante que se mantiene desde hace años: la obsesión por el número y tasa de homicidios dolosos. Manipulado a conveniencia de quien presenta, el número parece el único indicador importante a tomar en cuenta para evaluar la calidad de la gestión de gobierno.
El 14 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaba que en 12 días, desde la detención del presunto líder criminal “El Marro”, Guanajuato había experimentado una disminución en los asesinatos.
Malas noticias para AMLO y peores para la realidad, la detención no ha mostrado una tendencia a la baja en los asesinatos de aquella entidad. Sin demeritar el logro de las autoridades por la captura y después de atestiguar decenas de detenciones de capos de todo calibre, me parece inverosímil que quienes detentan el poder público se atrevan a cantar pírricos triunfos. En esos 12 días 123 personas fueron asesinadas en Guanajuato, menuda victoria para los habitantes de esa entidad.
Valga insistir que sin su correcta dimensión las cifras carecen de todo sentido.
Una víctima aquí, otra víctima allá, atestiguamos que los casos, anónimos, terminan por difuminarse entre tanta matanza. Titulares en la prensa, carpetas de investigación en las fiscalías, números en informes y conferencias, los casos se acumulan y vuelta a la página, a esperar la siguiente jornada.
Por supuesto que en medio de tanto crimen no todos los números cuentan igual.
El 3 de agosto de 2018, once hombres y mujeres de entre 18 y 28 años fueron torturados y asesinados en Ciudad Juárez por un grupo criminal. En una frontera gobernada por inmutables señores de piedra, la masacre no generó una sola condena; el hallazgo de drogas en la escena del crimen contribuyó a la revictimización de los jóvenes.
En el manual imaginario que describía líneas atrás seguro que debe haber un capítulo dedicado al dominio de la desvergüenza. Tal aprendizaje ayudaría a entender cómo hacen nuestros funcionarios para al mismo tiempo condenar a los criminales y no procesar a quienes les protegen. La impunidad reina sobre los destinos de delincuentes de todo tipo y eso incluye sobre todo a los servidores públicos. Así se puede concebir que un fiscal culpe de su propio feminicidio a una adolescente de 16 años.
Guillermo Ruiz Hernández, el fiscal en cuestión, sabe que no será llamado a cuentas. Él, como miles de funcionarios, no asume como propia la derrota de la inseguridad; a menos que le graben recibiendo o entregando dinero, no será procesado por sus omisiones ni por que bajo su mandato en lo que va de 2020 haya 16 feminicidios en su entidad.
Las voces de funcionarios que exigen mano dura a los delincuentes son las mismas que callan ante los actos de los criminales que tienen en la nómina.
Va siendo hora de que ampliemos el panorama de la exigencia de justicia a los márgenes del servicio público. No balazos, claro, pero tampoco abrazos para quienes desvían recursos públicos, para quienes inflan presupuestos y exigen moche, para quienes desde las altas esferas del poder exterminan políticas públicas para erigir obras de oropel.
¿Por qué habríamos de esperar mano dura para quienes crecen entre violencia y carencias y no para quienes han encontrado en el abuso y robo de recursos públicos su más grande botín?
DESDE LA FRANJA
Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Zona Norte en Chihuahua, dice una y otra vez que es entera responsabilidad de los “jefes” de cada familia cambiar los hábitos para vencer las obesidad, diabetes e hipertensión, todas comorbilidades que agravan las infecciones de coronavirus.
En soleada tarde de sábado, con cheque superior a 40 mil pesos mensuales de ingreso público (además de lo que le genere la práctica privada de su profesión), el doctor Valenzuela dicta desde el jardín de su casa que hay que tener una vida más saludable.
Con la experiencia de una campaña electoral a cuestas, resulta extraño que Valenzuela ignore que en esta ciudad hay miles que viven sin agua, drenaje, alumbrado público, pavimento, áreas verdes o seguridad.
A pesar de conocer de primera mano los índices de lesiones provocadas por violencia intrafamiliar, alcoholismo y abuso de sustancias, Valenzuela traslada el peso de la salud pública a los individuos.
Donde sí hay Estado es en el ejercicio de los derechos laborales: el mismo Valenzuela que criticó a los estudiantes de Medicina por pedir mejores herramientas para enfrentar la COVID fue el que en plena pandemia tomó vacaciones. Es obvio que le sirvieron, el doc. llegó con más ímpetu para deslindar al gobierno de sus obligaciones.
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Itzel Ramírez. Periodista con estudios en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus trabajos periodísticos han sido publicados en Reforma, El Diario de Juárez y La Verdad. Actualmente realiza consultoría, investigación, análisis y diseño de políticas públicas y construcción de indicadores de evaluación.
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