El viernes 28 de agosto se llevó a cabo una pseudo consulta “pública” en Ciudad Juárez con motivo de hacer o no modificaciones legales para la instalación de un proyecto minero en terrenos del poblado de Samalayuca, en el sur del municipio de Juárez, realizada por la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) la Conanp (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas) y la UACJ (Universidad “Autónoma” de Ciudad Juárez).
Para una ciudad de 1.3 millones de habitantes, realizar al mismo tiempo, el mismo día, en una reducida y elitista reunión informativa, una consulta por invitación, permitiendo además la entrada a pobladores de Samalayuca (ellos tendrían su consulta el sábado 29 de agosto y sumaban casi la mitad de las y los ahí reunidos) con casi nula difusión, en un día hábil y con una duración de 7 horas, es por demás decirlo, una burla que oculta oscuros intereses detrás.
Samalayuca se encuentra a 50 kilómetros de Ciudad Juárez, en el extremo sur del municipio, con una población de unos 1,500 habitantes, dedicados sobre todo a actividades del campo. Es conocido por sus famosos y saqueados médanos (donde se han filmado películas como Dune) zona desértica con flora y fauna única protegida desde el 2009. Ciertamente es una localidad olvidada del progreso con muchas carencias, necesidades y un bajo nivel educativo, lo cual la hace precisamente vulnerable a la manipulación y el engaño.
Por otro lado la historia de las mineras, especialmente las canadienses, está llena de abusos, violencia, asesinatos, destrucción del medio ambiente y sobornos a gobiernos corruptos (como el mexicano) para lograr sus propósitos, evitar sanciones y saquear la riqueza favorablemente a cambio de una bicoca. En el caso de Samalayuca la empresa de capital canadiense WC Exploration Corporation lleva unos cinco años cabildeando en el pueblo a través del ex presidente seccional del poblado, Javier Meléndez, para cambiar el uso del suelo como “área protegida” y poder llevar a cabo sus actividades, según ellos, para explotar únicamente yacimientos de cobre.
También se encuentra involucrada la empresa mexicana Firex S.A de C.V. de quienes se desconoce o protegen los nombres de sus inversionistas, pero se rumora entre ellos se encuentra el actual gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte, lo cual explicaría las presiones para realizar los cambios a favor de la apertura minera, la cual requiere de 1,500 hectáreas para trabajar y contaminar a cielo abierto en el área.
Esto explicaría el discurso, posicionamiento y mentiras del director de la Conanp, Jesús Alonso Duarte, primo, ¿adivinen de quién? Efectivamente, del gobernador, quien estuvo presente en la reunión del viernes en Juárez y en la “consulta” realizada en la ciudad de Chihuahua el día anterior con el mismo método de trabajo, contando también con “acarreados” de Samalayuca. Es obvio por dónde se mueven los intereses de la mina.
Tanto Samalayuca como Ciudad Juárez se abastecen del mismo manto acuífero (el Bolsón del Hueco) y las mineras utilizan el vital líquido de manera abundante para sus actividades, lo cual hace salir el tema de la exclusividad e interés de las y los samalayuquenses para ubicarse en su verdadera dimensión: si se aprueba la apertura minera, no sólo el poblado se verá afectado, sino en gran medida también Juárez y su vecina, la ciudad de El Paso, Texas.
Sería un crimen de lesa humanidad que el Estado haga caso omiso de las genuinas preocupaciones de quienes están conscientes de las consecuencias por la apertura minera en esta zona semidesértica, donde el agua es escasa y la contaminación del aire se empeoraría trayendo daños irreversibles a la salud pública, además del daño a todas las especies vivas. Esta lógica aplica desde luego también para otra industria que busca instalarse en la región gracias a la traicionera reforma energética del gobierno priista actual: la petrolera, en particular si se trata de la extracción del gas de lutitas (o gas shale).
Los peligros están expuestos ya. El problema no es nada más para Samalayuca, donde una parte de su población está siendo engañada (¿o comprada?) por promesas de trabajo y derrama económica para instalar la minería en su sección y, aunque están en su legítimo derecho por buscar atraer empresas para su beneficio y desarrollo, en este caso no están considerando el impacto más allá de su espacio de influencia y tiempo. Las concesiones mineras se otorgan por décadas de veinte años o más y cuando se van después de haber extraído los metales deseados, dejan una estela de muerte: tierras infértiles, residuos tóxicos, enfermedades, desolación.
En México tenemos muchos ejemplos ecocidas de empresas mineras, siendo el más reciente el del Grupo México, propiedad de Germán Larrea, quienes este año han vertido desechos contaminantes en ríos de Sonora, enfermando indistintamente a humanos, flora y fauna, sin que la justicia haya actuado de manera contundente. Ese debe ser al menos, nuestra referencia para pensar en las consecuencias de la posible apertura de la actividad minera, por lo tanto ¡No a la mina en Samalayuca!
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