Tal parece que no han sido suficientes los cientos –si no es que miles– de hechos delictivos que han quedado en la impunidad a causa de los errores y deficiencias del nuevo sistema de justicia penal.
En esta ocasión, la impunidad encontró cobijo en el Congreso del Estado donde se dio por terminado el proceso de juicio político contra los jueces que en abril del 2010 exoneraron a Sergio Barraza –asesino de Rubí Marisol–.
Un dato que es de llamar la atención, es que no fue hasta después de 8 meses de la exoneración del asesino, y después del homicidio de Marisela Escobedo –madre de Rubí Marisol– a las puertas del Palacio de Gobierno cuando exigía justicia para su hija, que el gobierno de Chihuahua puso atención a la decisión tomada por los 3 jueces.
Casi tres años han transcurrido desde el asesinato de Rubí Marisol, un año desde la exoneración de Sergio Barraza y 3 meses del asesinato de Marisela Escobedo. Tres años de impunidad que se sumarán a otros 10 “gracias” a la decisión de la Comisión Especial Jurisdiccional del Congreso del Estado de Chihuahua.
Ante la decisión de ponerle punto final al juicio político contra quienes exoneraron a un asesino confeso, el diputado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, — Presidente de la Comisión Jurisdiccional–, afirmó que dicha resolución, de ninguna manera puede interpretarse como una decisión que deja el caso en la impunidad.
Según lo explicó el Diputado, porque jurídicamente el término Impunidad, se refiere a la materia del Derecho Penal, y éste no era el caso.
Quizá para los el Diputado Sepúlveda y los otros 23 Diputados que votaron a favor de dar por terminado este caso, no quedó en impunidad de acuerdo al Derecho Penal; pero para millones de simples mortales, sin duda este es un caso más de impunidad en nuestro estado, porque el término impunidad –aquí y en todos los países de habla hispana– se refiere a la falta de castigo –tal y como lo define el Diccionario de la Real Academia Española. Y este, es un evidente caso de impunidad donde el castigo no llegó.
Ciertamente había que seguir un proceso para analizar los elementos de prueba y fincar responsabilidades sobre el actuar de los 3 jueces en el caso Rubí; sin embargo, con este “carpetazo”, no habrá investigación y por lo tanto no habrá castigo.
La lamentable y vergonzosa decisión de los Diputados de dar terminado el juicio político porque “sorpresivamente” los tres funcionarios renunciaron, deja también sin efecto la posibilidad de inhabilitarlos hasta por 10 años para ocupar cargos públicos.
Es así, como 24 diputados Chihuahuenses han asegurado al menos otros 10 años de impunidad al dejar la puerta abierta para que 3 funcionarios acusados de dejar en libertad a un asesino confeso, puedan ocupar –sin problema alguno– cargos como servidores públicos. Serán entonces, al menos 13 años de impunidad para los crímenes cometidos en contra de una sola familia.
La decisión está tomada y los ciudadanos hemos sido burlados nuevamente por la propia “autoridad”. Ante dicha burla sería bueno preguntarle al Gobernador Duarte a que se refería entonces cuando dijo: “A cada santito le llega su fiestita” –esto en respuesta a la pregunta que los medios de comunicación le hicieron sobre el juicio político–.
También sería interesante preguntarle al Fiscal General del Estado dónde quedo aquello de que “En Chihuahua, el que la hace la paga”.
Concluyo en esta ocasión, con una frase del filósofo alemán, Pierre Villaume: “la esperanza de la impunidad, es para muchos hombres una invitación al crimen”.
Aída María Holguín Baeza
Correo: laecita@gmail.com Artículos anteriores: http://laecita.wordpress.com
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