Me pasó como en el cuento de Augusto Monterroso: cuando pensé que había despertado, me enfrenté con que el horror “todavía estaba ahí”.1
En efecto, cuando parecía que el Poder Judicial del Estado de Chihuahua se había recuperado de la barbarie sufrida meses atrás —cuando los poderes Ejecutivo y Legislativo (con el auxilio y la complacencia de algunos integrantes del propio Poder Judicial) se empeñaron en defenestrar por todos los medios a su alcance a algunos de sus integrantes—, nos llegan las nuevas de que, por un lado, otra vez el Congreso del Estado, con el auxilio del Senador por MORENA, Cruz Pérez Cuéllar, “solicitaron a la Suprema Corte, destituir a los consejeros de la Judicatura”;2 y por otro, en paralelo y por pura vil casualidad, uno de los propios consejeros, el flamante y nunca bien ponderado licenciado don Joaquín Sotelo Mesta (juar, juar, juar), al tiempo que es acusado de acoso laboral y sexual, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción, para que investigue si los resultados de los exámenes aplicados a aspirantes a jueces y magistrados fueron efectivamente los que revisó el Consejo de la Judicatura local.3
No obstante, no es posible olvidar el contexto en el que se dan esta serie de fenómenos; meses atrás, una minoría en el seno del propio Congreso presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de presuntas violaciones al proceso legislativo llevado a cabo en el trámite relativo al dictamen del Paquete Económico 2019,4 mismo que, directamente, incide en el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial.
Es decir, en lo que ya parece deporte nacional: agarrar al Poder Judicial como su puerquito o como pila de agua bendita, esta Legislatura se “estrena” con sendos medios impugnativos tendentes a desestabilizarlo, con el auxilio de un imbécil (otro).
Al respecto, antes de que “entren en calor”, habría que recordarles a los diputados locales que más vale que se abstengan de opinar en el asunto del Consejo de la Judicatura pues no falta el legislador creativito (para no decirle más feo) que pide que el Congreso intervenga en este punto y cite a Sotelo “para que aclare irregularidades en Judicatura”;5 sin tomar en cuenta dos o tres cosas: la primera, y más importante, eventualmente el Congreso podría ser parte de la chirinola si ocurre, como es posible, que deba abocarse al conocimiento de las supuestas responsabilidades que involucra la denuncia, vía declaración de procedencia; de hacerlo, de no abstenerse en este punto, se estaría prejuzgado y, por ende, violando un principio fundamental en la administración de justicia como es el de imparcialidad; en segundo lugar, son varios los soplamocos que el Poder Judicial federal le ha puesto en la jeta al Poder Legislativo local, dos de los más memorables: la declaración de inconstitucionalidad de algunos de los preceptos de la Constitución local —hecha a medida y a lo tarugo— y la revocación de los decretos idiotas por los que se pretendía desconocer a los magistrados de las salas regionales en Hidalgo del Parral; de plano, algunos diputados no aprenden o, como los caballeros, no tienen memoria; y en tercero, lo más penoso de este asunto es que toda una Legislatura —con sus asegunes, que conste— se deje arrastrar por una yunta de solovinos (rescatados del socavón de la historia de puritito milagro): en tierra de ciegos el tuerto es güey.
Bien harían en dejar trabajar en paz al Poder Judicial para hacer realidad, en los hechos, el discurso de respeto a la división de poderes que, como suele ocurrir en estos casos, no se les cae de la boca.
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