UN DÍA DESPUÉS.
Después de meditarlo a profundidad he decidido no cerrar este espacio. Sin embargo, el compromiso que asumí hace años respecto de mis tres o cuatro lectores -que han crecido en forma exponencial (suman poco más de 40, ¡imagínense!)- me obliga a estos párrafos.
En primer lugar, debo dejar constancia de que la reflexión con tintes o tonos político-partidistas resulta imposible de continuar a partir de mi elección como Magistrado de la 7ª Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua. Formar parte de un cuerpo colegiado que, en principio, constituye un órgano de Gobierno, al lado de los otros dos poderes y de los organismos con autonomía constitucional, obliga al irrestricto respeto a la función, sí; pero también, y sobre todo, a la necesidad de garantizar la independencia de juicio y de criterio necesarios para preservar el orden institucional. Las manifestaciones de esa índole no caben en el ejercicio de la actuación jurisdiccional ni fuera del ámbito estrictamente personal; empañan lo que debe ser un ejercicio limpio de reflexión y análisis, guiado por la razón y la correcta aplicación del marco jurídico que norme el asunto de que se trate; y el desempeño de quien esto escribe, podría prestarse a confusión o a sospecha. De ahí la necesidad de hacer esta aclaración que me compromete como comunicador (si alguna vez lo he sido).
Sin embargo, la razón primordial para escribir esta reflexión es de naturaleza distinta: Dejar constancia expresa que sirva a modo de testimonio respecto de la citada designación. Sé, más allá de toda duda, que la misma generó polémica, por decir lo menos, en la opinión pública. Lo que se haya dicho o escrito, escrito y dicho está para bien o para mal; yo los tengo por no vistos, por no leídos, por no argüidos, pues en nada le abonan al Estado ni al debate público. El hecho es que la elección ocurrió y punto. Quienes han alzado la voz en contra, parecen olvidar que el Poder Legislativo se integra de manera colegiada con la representación de las distintas fuerzas políticas que se encarnan en el seno de una sociedad determinada. Parecen ignorar que se trata de una entidad política por naturaleza y que las decisiones que adopta son, precisamente, de índole política pues ese y no otro es su cometido cuando concurre a la integración de otro Poder del Estado (Entendida la “política”, como una actividad a cargo de los miembros de una sociedad tendente a resolver los problemas que genera la convivencia cotidiana). Parecen olvidar, por ignorancia o mala fe, que el modelo de designación adoptado por Chihuahua copia -y mejora- el modelo federal que, a su vez, se adoptó del modelo estadounidense conforme al cual, el titular del Poder Ejecutivo integra la terna de candidatos llamados a ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El artículo 76, fracción VIII, de la Constitución federal apunta que es facultad exclusiva del Senado: “Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la terna que someta a su consideración el Presidente de la República”. En Chihuahua, el segundo párrafo del artículo 103 de la Constitución local, prevé que cuando exista una vacante absoluta o se autorice la creación de una Sala, el Supremo Tribunal convocará a una Comisión especial integrada por un representante del Poder Legislativo, designado por la Junta de Coordinación Parlamentaria; uno del Poder Ejecutivo nombrado por el Gobernador, y el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia como representante del Poder Judicial, a efecto de que esta envíe al Congreso una terna de candidatos. La diferencia es evidente, en el ámbito federal la terna la integra el Presidente de la República; en el local, una Comisión conformada por tres poderes.
En tercer lugar, esos mismos críticos soslayan el mandato expreso del artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”; de todo se me puede acusar (y de todo se me ha acusado en los últimos días); menos de no haber mostrado carácter e independencia de criterio cada vez que ha sido necesario, durante los últimos 24 años.
En cuarto lugar, para quienes convenencieramente parecen haberlo olvidado, llevo toda una vida dedicada al estudio desde el seno del Poder Legislativo, la academia y el ejercicio de la profesión en el litigio electoral, en más de la mitad de los estados de la República: Soy licenciado en derecho por la UACH; cuento con una especialidad en Cultura de la Legalidad por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLASCSO); y soy maestro a en Políticas Públicas Comparadas, por la misma casa de estudios; soy candidato a Doctor en Administración Pública; me falta un semestre para concluir la Maestría en Derecho Público y cursé la dos terceras partes de la Maestría en Derecho Social -que no concluí porque me fui a vivir a la ciudad de México-. Además, he cursado y concluido los siguientes diplomados: En Derecho Electoral (IEE e ITESM); Técnicas de Investigación Criminalística (Congreso de la Unión, UNAM y SEDENA); en Uso, Tratamiento y Reutilización del Agua (UACJ); Derecho de la Información (AMEDI y UACH); en Administración Pública (ENAH e Instituto Democracia Integral); Elementos y Estrategias de la Reforma Política en México (Congreso de la Unión y UNAM); Derechos Humanos para Periodistas y Profesionales de la Comunicación (ULSA y Fundación Konrad Adenauer); y en el mes de agosto pasado recién concluí el Seminario “Actualización de Derecho Electoral” (TEPJF y TEE). He escrito dos ensayos (de análisis político) y dos manuales (en materia de campañas electorales y trabajo legislativo); y mi experiencia en esa área incluye la elaboración o colaboración en un número de trabajos, en los ámbitos federal y local, que fácilmente rebasa los 100 proyectos en diversas materias: Constitucional, administrativa, electoral, fiscal, penal, procesal y civil.
Concibo mi profesión como un ejercicio permanente de estudio y de reflexión, al amparo de la determinación, la integridad y la buena fe; y asumo a cabalidad el compromiso que la citada designación representa; primero, para con los representantes de los tres poderes del Estado, que integraron cada una de las ternas; en segundo lugar, para con las y los diputados del Congreso del Estado, que decidieron votar en favor mío; y en tercero, para con mis conciudadanos; la única manera de responder a ese voto de confianza es la dedicación y la entrega absolutas al trabajo que me aguarda; así lo entiendo y a eso me obligo desde ahora, con independencia de los acontecimientos por venir.
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Luis Villegas Montes.
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