UNA DE CAL…
Los acontecimientos recientes, vertiginosos, me dejan, a querer y no, rezagado con estos párrafos. Resulta que había pensado escribir sobre el colorido logotipo del Gobierno estatal pero, ¡qué va! Ése ya es un tema viejo; viejísimo. Igual ocurre con el desalojo de transportistas y otros más que, inclementes, se acumulan uno tras otro.
En un afán de poner orden en mis reflexiones, agrego a esta, la que ya escribí y titulé: “¿Chihuahua salió del o closet o sólo requiere una logotomía?”; en donde abordo no sin cierto retintín ese afán del gobierno del Estado de intentar “meternos con calzador” una visión que, “por progresista”, peca de exceso. En ella afirmo que, a no dudar, existen muchas formas y muchos modos de que los chihuahuenses, homosexuales o no, se identifiquen con su Gobierno y con las mejores causas que la sociedad reclama; más aún, identificarse con la comunidad gay del Estado no es, por mucho, la única vía -ni la más pertinente, ni la más idónea-, para expresar que todos los chihuahuenses caben en el esfuerzo del Gobierno, que la reconstrucción del Estado pasa por la participación de todos (organizaciones, partidos, etc.) o que una “buena impresión” pase necesariamente por identificar las posturas incluyentes y plurales con los intereses de las organizaciones progay. El respeto hacia estos grupos -muy merecido por cierto-, pasa también por el respeto de todos los demás. En ella, también afirmo categórico que: “De este modo, identificar a Chihuahua, como lo acaba de hacer el Gobierno del Estado –sin ninguna consulta pública de por medio, por cierto, pese a contar con casi 120 días para ello-, con un grupo de la población que se caracteriza por compartir creencias e inclinaciones muy específicos, algunos de los cuales controvierten de manera frontal las creencias y valores del resto de la comunidad, constituye un ataque a la identidad de los habitantes del Estado; un verdadero atentado contra la identidad colectiva de los chihuahuenses que se definen a partir de otras muchas circunstancias”; como sea, ahí la dejo para quien guste reproducirla en sus espacios informativos o, por lo menos, leerla.
El título de estos párrafos tiene que ver con el desalojo de choferes; entre tanta torpeza, ésta brilla por sí misma como una acción valiente e inteligente a partes iguales. El pasado 19 de octubre, el Ejecutivo estatal cubrió de gloria sus armas. El operativo constituye un enorme acierto del Gobierno entrante para poner orden y acotar ése lugar común que se ha dado en llamar: “El Pulpo Camionero”. Ejecutada con sencillez y maestría, mediante esta maniobra, los choferes fueron desalojados a las tres de la mañana por elementos antimotines de la Policía Estatal Única. El operativo se realizó en presencia de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, durante el desalojo no hubo altercados ni fricciones y el Notario Público número 24, Eugenio García, dejó constancia de que la operación se llevó a cabo en 20 minutos, sin violencia y sin lesionados.1
¿Por qué esta acción constituye un auténtico hito? Porque la connivencia entre la CTM y los concesionarios del servicio público de transporte ha mantenido en deplorables condiciones dicho servicio, por décadas, en perjuicio de los chihuahuenses. Hace quince días me subí a un camión urbano de pasajeros y fue inevitable pensar que, en 37 años (más o menos por esas fechas empecé a viajar yo solo en camión), el servicio continúa idéntico: Camiones viejos, destartalados, sucios, ruidosos, malolientes, de sillones rotos y vidrios quebrados, a cargo de brutos que manejan como salvajes.
Aquí podría acabar estas líneas, aplaudiendo la decisión de la autoridad estatal pero lamentablemente no. En franco contraste con ese actuar que puede resumirse en la premisa básica de “cumplir con la ley a rajatabla”, está la omisión descarada y brutal de observar y acatar esa misma ley que se protestó cumplir.
El artículo tercero del Decreto de la reforma constitucional por el que se crea el Consejo de la Judicatura local es claro (y taxativo) al señalar que los integrantes del Consejo deberán ser nombrados dentro de los veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del propio Decreto (1º. de octubre); y dado que su integración es tripartita, la omisión de los dos poderes, Legislativo y Ejecutivo, de llevar a cabo la referida designación se erige como una violación flagrante al mandato constitucional.
De este modo, el acierto de un firme posicionamiento frente a los abusos y excesos de empresarios voraces y corruptos en el tema del transporte público, se empaña cuando, quienes están obligados, por su propia voluntad y de manera clara y evidente, a cumplir la Ley, la violan bajo el débil argumento de no estar en condiciones.
En todo caso, lo que más lastima (lo que más lástima da), es el sometimiento manifiesto del Poder Legislativo a los designios del Poder Ejecutivo, ¿a ver, dónde he oído esa historia?
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Luis Villegas Montes.
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1 Nota de Miroslava Breach, con el título: “Chihuahua: policía antimotines desaloj
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