El día de hoy, el Senador Javier Corral asistió al informe de Amnistía Internacional sobre la desaparición forzada de personas en México. En él se da cuenta de la deficiente respuesta del Estado frente a las recomendaciones que el organismo ha publicado.
El caso de Cuauhtémoc, Chihuahua, aparece en el informe como parte central. Lo que acontece en el municipio aparece detallada y ampliamente en el documento ocupando el cuarto capítulo, donde “se observa la indiferencia e indolencia criminal de las autoridades en Chihuahua y el ambiente de intimidación y riesgo que se vive en el estado por la colusión entre las mafias del narcotráfico y la fiscalía de Chihuahua”, comentó el Senador Corral al termino del evento.
Este importante informe pone a Cuauhtémoc al mismo nivel de importancia que al caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, el cual ocupa también de manera importante un capítulo en el informe.
“Son dos hechos paradigmáticos (el caso de Ayotzinapa y las desapariciones de Cuauhtémoc), que pintan un panorama funesto que deben ser atendidos con mayor rigor atendiendo las recomendaciones que los organismos internacionales han dado”, aseveró el Senador por Chihuahua.
El informe da una serie de recomendaciones que el Poder Legislativo se ve obligado a tomar en cuenta para elaborar el dictamen de la Ley de Desaparición Forzada para que ésta sea realmente una legislación de carácter integral.
Corral insistió que “ante un caso tan importante para la propia Amnistía Internacional debiera realizarse en el estado de Chihuahua, particularmente en Cuauhtémoc, un foro del Senado” y ahondó “si éste no se produce en términos regionales descentralizando los foros de consulta, nosotros vamos a convocar uno el próximo 29 de enero para dar cuenta tanto […] del Informe de Amnistía Internacional, como para recoger las opiniones de las víctimas y de los familiares de las víctimas de desaparición forzada en torno de los proyectos e iniciativas de ley que sean presentadas”.
Javier Corral fue el único legislador en esta presentación, donde aseguró que el gobierno mexicano debería de ser muy sensible a este tipo de informes y que “es hora de que México asuma […] no solamente las recomendaciones de los organismos internacionales, sino los convenios que ya ha suscrito en torno de la defensa y protección de los derechos humanos, y ello sólo se va a demostrar en la medida que sea capaz de cumplir con las recomendaciones que se derivan de las distintas resoluciones de la Comisión Internacional de Derechos Humanos sobre varios de los casos de desaparición forzada en México”.
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